San José, 21 ene (ElPaís.cr).- Costa Rica cerró el año 2018 con un déficit fiscal del 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 1,2 puntos porcentuales menor a lo que habían proyectado las autoridades económicas, informó hoy el Gobierno.
La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, afirmó en una conferencia de prensa que «este logro se alcanza a pesar de un entorno adverso, un menor crecimiento económico, la discusión de la reforma fiscal, una prolongada huelga y un contexto internacional menos favorable».
Los datos publicados hoy por las autoridades indican que el 6 por ciento de déficit es menor al 6,17 por ciento que el registró en el 2018 y también inferior al pronóstico oficial que era de un 7,2 por ciento para el 2018.
Los ingresos totales sumaron el 14,24 por ciento del PIB, menor al 14,47 por ciento de 2017, mientras los gastos pasaron de 20,62 por ciento en 2017 al 20,24 por ciento del PIB en 2018.
Según el Gobierno, la contención del crecimiento del déficit se logró debido a la contención de gasto en un 0,23 % del PIB, ingresos frescos por el 0,2 % del PIB debido a arreglos de pago de una amnistía tributaria a deudores, una colocación de deuda por 600 millones de dólares en condiciones más favorables, así como la «atención rigurosa del servicio de la deuda», entre otras.
En cuanto a la deuda, para el año 2018 cerró en el 53,7 por ciento del PIB, menor a la proyección oficial que era del 55,4 por ciento del PIB.
La ministra Aguilar reiteró el compromiso del Gobierno de continuar con la estrategia de consolidación fiscal, con énfasis en la lucha contra la evasión, la contención del gasto y el fortalecimiento de la gobernanza fiscal.
En diciembre pasado el Congreso aprobó una reforma tributaria que se irá implementando paulatinamente a partir de 2019 y que según el Banco Central reduciría el déficit en 3,7 puntos del PIB al año 2022, y su impacto sería mayor en los años siguientes.
Con la reforma la deuda alcanzaría su punto máximo hacia el año 2023 en alrededor del 65 por ciento del PIB para comenzar a decrecer a partir del 2024, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central.
La reforma tributaria tiene como iniciativa estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, que gravará más productos y servicios.
De manera diferenciada el IVA grava con un 1 por ciento los productos de la canasta básica, con un 2 por ciento los medicamentos y con 4 por ciento los servicios de salud privada.
El plan fiscal también incluye cambios en el impuesto sobre la renta y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales y una regla fiscal.
Los sindicatos del sector público protagonizaron una extensa huelga a partir de septiembre de 2018 en contra de la iniciativa fiscal, pues consideran que afectará más a las clases bajas y medias, lo que aumentaría la pobreza.
El Gobierno asegura que el peso de la reforma recaerá sobre los sectores más adinerados del país.
El déficit fiscal que Costa Rica registra desde 2008 es considerado el principal problema económico del país.
