El Dr. César Quintero define al Estado como un ente formado por cuatro elementos a saber: territorio, nación, soberanía y gobierno, siendo este último a quien le corresponde administrar el Estado o la cosa pública. El gobierno está constituido por los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus funciones y responsabilidades están claramente definidas en la Constitución Política de Panamá, aprobada en 1972, y ya obsoleta, toda vez que se promulgó durante un régimen militar, y estamos en Estado de Derecho.
Después de la invasión a Panamá en 1989, por el ejército norteamericano, que derroca al régimen militar (financiados por ellos mismos), se restaura nuevamente la democracia y el país inicia el tortuoso camino de reconstruir su futuro como estado moderno, aunque a la fecha no están claras las políticas públicas que sirvan de derrotero a las próximas generaciones.
La ciencia política tiene como fin la búsqueda el bien común, pero parece que los políticos criollos no tienen muy claro cuál es su papel dentro del engranaje gubernamental y de caras al pueblo que los eligió; sino que se ha venido entronizando una distorsión de la sana política, como: el juega vivo, el clientelismo, el transfuguismo, las coimas, el despilfarro de los bienes públicos, todo eso ante la mirada impávida de sus electores, cuya pobreza y extrema pobreza ronda el 40 % de la población.
Veamos cómo está el panorama a cuatro meses de las elecciones generales en Panamá.
Tenemos un Órgano Ejecutivo encabezado por el presidente, caracterizado por la languidez y decisiones erráticas, empantanado e incumplidor de sus promesas electorales (ejemplo la constituyente), el despilfarro del erario que lo ha llevado a pedir una dispensa de 300 millones de dólares a la Asamblea Nacional, acción negada. Ha embarcado al país en una serie de convenios internacionales, que comprometen la seguridad y la estabilidad sociopolítica del país, todo ello sin informar ni rendir cuenta al pueblo, quien es el verdadero soberano; porque el poder público emana del pueblo, tal como lo expresa la Constitución.
La Asamblea Nacional no se queda atrás, en vez de dedicarse a legislar por el bien del país, y servir de contrapeso al ejecutivo, se ha dedicado a actos de corrupción con planillas brujas y millonarias al margen de la ley, pero eso sí, con el aval de la Contraloría General de La República, porque si ellos no firman, no habría forma de consumar la depravación. También se habla de chantajear al ejecutivo con nombramientos de magistrados y otras “bellezas” que ahí se tejen.
El Órgano Judicial y el Ministerio Público han sido cuestionado en el desempeño de sus funciones, porque se presume que las investigaciones de casos sonados de corrupción como Odebrecht, Blue Apple, y otros han sido mediatizados y realizados de manera selectiva. Se condena a un juez por extraer un expediente de un caso prominente de corrupción, ya llevan meses del caso Martinelli, sin saber cuándo termina ese juicio. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se enteró que no era competente para enjuiciarlo.
A seis meses de terminar su gestión este gobierno, se percibe una economía estancada, la delincuencia pulula por doquier, no ha podido nombrar a los nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, entorpeciendo el Ejecutivo y el Legislativo en el buen funcionamiento del Órgano Judicial.
A solo meses de las elecciones, el pueblo panameño tiene la obligación de ver bien, a quién le consigna su voto, y no dejarse engatusar de pseudopolíticos que solo buscan su bienestar a costa de la miseria del pueblo panameño; porque parece que el gobierno ha perdido el músculo político, y se percibe un caos general y que está perdiendo la batalla ante la delincuencia y ante sus propios electores.
(*) Diego Espinosa G. es Docente y Escritor
