San José, 22 Ene (ElPaís.cr).- La Sala Constitucional ordenó a varias instituciones del Gobierno de Costa Rica descontaminar fuentes de agua para consumo humano en varias comunidades de la Región Huetar Norte, afectadas por pesticidas aplicados a los cultivos de piña.
Por medio de la Sentencia N° 2019-000695 de las 09:15horas del 18 de enero del año en curso, resolvió el recurso de amparo número 18-016614-0007-CO, presentado por los Presidentes de la Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, en el que acusaron la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de las personas que habitan las comunidades que representan.
Los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería- conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas.
La Sala IV aseguró que pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas.
Según la Sala, ello derivó en una crisis del servicio de agua potable en la zona, ante la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, por contaminación por agroquímicos.
Ante el escenario actual, los magistrados ordenaron que en forma inmediata se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de agroquímicos, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela,
Para ello las autoridades deben aplicar un plan único que debe desarrollarse en forma conjunta por los diversos actores involucrados, cuyo principal responsable de su creación y completo cumplimiento se designó en la cabeza del Ministerio de Salud.
Además, indicaron que mientras el proceso de saneamiento concluye, dispusieron que se dictaran las órdenes necesarias para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas.
La Sala estuvo integrada por los Magistrados Fernando Castillo (Presidente a.i.), Paul Rueda, Luis Fdo. Salazar (Magistrado Ponente), Jorge Araya, Marta Esquivel, Hubert Fernández y Ana María Picado.
