Managua, 24 ene (EFE).- Michael McKinley, asesor principal del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el marco de una visita de dos días en la que recalcó el apoyo de Washington por encontrar una salida pacífica a la crisis que vive este país centroamericano desde abril pasado, informó este jueves una fuente diplomática.
La visita de McKinley, quien se hizo acompañar de la sub-secretaria principal adjunta de la oficina del Hemisferio Occidental Julie Chung, fue «con el propósito de recalcar el continuo apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos», indicó la embajada estadounidense en una declaración.
Durante su visita, que concluyó este jueves, los funcionarios estadounidenses se reunieron, además de Ortega, con un diverso grupo de nicaragüenses, incluyendo representantes de la Iglesia católica, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno.
El Ejecutivo sandinista aún no ha informado sobre ese encuentro.
Estados Unidos ha pedido al Gobierno de Ortega que convoque a elecciones «anticipadas y libres» para poner fin a la crisis que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril de 2018.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de «golpe de Estado» que, asegura, ya ha sido aplacado.
