Desde hace años la ciudadanía costarricense viene escuchando los argumentos relacionados con el déficit fiscal y la necesidad de acciones inmediatistas para paliar un problema que es consustancial a un sistema que crece empobreciendo a trabajadores y sociedades.
El déficit fiscal no es nuevo, era una elemental deducción que el endeudamiento ocasionaría problemas de iliquidez, sin las previsiones ni decisiones para asumir los compromisos financieros adquiridos y para el cumplimiento de sus responsabilidades de Estado. Las decisiones y consecuencias sobre la crisis fiscal fue una decisión premeditada y concertada políticamente, por parte del Estado y los partidos políticos, como un modo de impulsar decisiones comunes al poder, pero extremas para las mayorías, las cuales eventualmente podrían haber contribuido con una mayor y masiva resistencia social que la huelga de los educadores.
Los acuerdos cupulares entre los partidos del poder, se revelan, por no haber puesto al escrutinio público, en la campaña electoral, sus intencionalidades y propuestas al déficit fiscal, como por haber conformado una espuria coalición gubernamental a espaldas y contraria a la ciudadanía y decisión electoral.
La aprobación de la “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, ha sido un vil engaño, porque no la atenúa y menos aún, otorga sostenibilidad financiera, pero sirve para la preparación y adopción de otros aumentos y nuevos tributos contra los trabajadores y la sociedad. Actualmente se restringen los recursos y presupuestos de las instituciones de política pública y el bien común, pretendiendo ser el resultado social inevitable de la austeridad, cuando en realidad es la voluntad e intencionalidad política contra los pobres y población vulnerable del país.
La contracción del gasto en crisis fiscal, han mostrado ser políticas recesivas en las economías latinoamericanas, pues el gasto público alimentaba los ingresos empresariales y la economía nacional. No gastar o hacerlo mínimamente por parte del Estado, los empresarios no contaban con los recursos proporcionados por su gran comprador, así como, les restaban los medios que subsidiaban o promocionaban la inversión privada. El gobierno costarricense opta por contraer el gasto social e inclusive planea el cierre de instituciones y venta de activos, como un medio para generarse recursos. Esto es, el propósito gubernamental empobrece a las poblaciones vulnerables, a la vez que debilita y busca liquidar la institucionalidad pública.
La crisis ha sido el gran pretexto gubernamental para violentar los derechos adquiridos, que ahora los legisladores y la coalición gubernamental cuestionan y judicializan. Así, desde el propio Estado se destruye, inmune e impunemente, la sociedad de derecho, con la complicidad de los magistrados del Poder Judicial y con el beneplácito de los empresarios globalizados. Los que eluden y evaden el pago de sus obligaciones tributarias, continúan gozando de concesiones, incentivos, amnistías y protección estatal para su enriquecimiento privado, mientras que, las instituciones de bien social languidecen de recursos y de la organicidad necesaria para el cumplimiento de función social y pública.
Pero, la comprensión de la problemática social y política del déficit fiscal, no se agota con la superficial aritmética del déficit o superávit, hay necesidad de mostrar, que no se trata solo de sacrificar a quienes ignoran la naturaleza de la crisis, carecen de poder, están desorganizados e imposibilitados de protestar, aun cuando sean la mayoría nacional.
Así, atentar contra los ingresos de la mayoría, es una restricción de su capacidad de consumo y calidad de vida, lo cual afectará a los productores y comerciantes que atienden con los bienes y servicios que se adquieren con el salario. En ese sentido, el mercado interno se contraerá, aun cuando se importarán mercancías sustitutas a precios similares o más baratos, pero desaparecerá la relación complementaria del productor con el consumidor, así como se destruirá la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Esto es, se cambiarán los patrones de consumo y de vida, por los de otros contextos, a los que contribuiremos a reproducir, pero sacrificando a los nacionales y a todos aquellos que no podrán cambiar su estilo vida y consumo.
La internacionalización de la inversión y la producción se profundizará, con lo cual se cumple el propósito globalizador liberal: adquirir y consumir lo que se produce y comercializa externamente, para convertir el espacio nacional en productor de mercancías baratas para la exportación. La conversión de Costa Rica en una inmensa zona franca maquiladora, es el proyecto de los traidores liberales del poder político y económico.
La globalización liberal barrerá con la producción para el consumo nacional y consumiremos, aún más, lo extranjero. En ese proceso, no se necesita tener proyecciones estadísticas para deducir, en el futuro cercano, mayor desigualdad social y la masiva pérdida de la calidad de vida, alcanzada social y estatalmente en la historia.
Las universidades públicas emblemáticas de la educación superior, una vez más, son objeto de ataques y críticas, está vez acompañada con restricciones presupuestales que violan de facto la Constitución de la República y la autonomía universitaria conquistada hace cien años por los estudiantes latinoamericanos, la cual ha sido validada y respetada por Costa Rica por más de setenta y ocho años. La regresión histórica del gobierno liberal, busca convertir a las universidades en difusoras de pensamiento dogmático y acrítico, como en el pasado monástico.
Hoy, las universidades públicas han visto disminuir sus presupuestos en más de 10 mil millones, en consonancia con las voces que pretenden incorporar a las universidades privadas al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades estatales, e incluso se promueve eliminar el financiamiento a las universidades públicas, con argumentos falaces de ineficiencia para favorecer a las privadas.
Estos procesos no son especulaciones para otras realidades, son vivencias concretas, tangibles y hoy, también cercanas a nosotros. La coalición política gubernamental costarricense, es la confluencia ideológica liberal, antinacional y anti estatal, no conocida antes, pero no son ajenas al liberalismo de Brasil ni de la Argentina contemporánea.
(*) Juan Huaylupo, Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
