Columna Poliédrica
Cualquier estudiante de la carrera de Derecho sabe que la prescripción es un instituto jurídico que tiene a la base el valor seguridad entendido desde la perspectiva de lo jurídico. Lo que se plantea es la necesidad de que exista la prescripción porque las personas no pueden estar sometidas a un proceso judicial de manera permanente, es decir, el fundamento es que las personas vivirían inseguras en caso que puedan ser enjuiciados en cualquier momento por hechos que ocurrieron hace mucho tiempo.
En este sentido, el valor seguridad jurídica le brinda sustento a una serie de institutos jurídicos, aparte de la prescripción. La caducidad y la cosa juzgada, por ejemplo, son existen, supuestamente, para que las personas no experimenten sentimientos de inseguridad; en otras palabras, se procura dar fin a la posibilidad que unos hechos que han sido juzgados persigan al imputado de por vida.
No hay que ser brillante para darse cuenta que el valor de la seguridad jurídica que sustenta estos institutos jurídicos está en contradicción con la justicia. La mayoría de las personas no pueden entender cómo hay personas que, no obstante haber determinados hechos, no son responsabilizados y juzgados por sus acciones, alegando en su favor el simple paso del tiempo.
Lo justo es que la persona que ha cometido determinados hechos pueda ser juzgada, todo ello con independencia del tiempo que haya pasado desde que cometió la acción. Lo contrario puede ser considerado una burla para la justicia que, a fin de cuentas, debería ser lo que prevalezca; dicho en sencillo, lo anterior se resume en: cuando debas elegir entre la ley y la justicia es necesario que te inclines por la segunda.
Lo pertinente es que toda persona sea sometida a proceso. Si después de eso resulta inocente, en buena hora, lo que no está bien es que se exonere a una persona de su responsabilidad porque pasó el tiempo; antes que pronta, la justicia debe cumplirse y esto es lo que no ocurre cuando se alega el instituto de la prescripción, se trata de una impunidad apadrinada por un rancio positivismo jurídico apegado irreflexivamente a texto normativo.
La persona debería ser juzgada independientemente del paso del tiempo. Por eso alegar la prescripción en un caso como el de Crucitas resulta una ficción jurídica que tiende a deslegitimar a todo el sistema político costarricense. Este tipo de institutos jurídicos, aunque no lo parezca, han sido ideados por aquellos que tienen el poder de diluir en el tiempo sus actos; ya no se diga si, además, cuentan con la complacencia de funcionarios públicos que les deben algún favor de carácter político.
La prescripción jamás será una sentencia de inocencia. Por eso llama la atención que hasta directores de medios de comunicación se atrevan a cuestionar la actuación del Ministerio Público alegando que se trata de un desperdicio de recursos públicos. En lugar de abogar por la justicia, lo hacen en favor de la impunidad y creen que todos aceptarán ese argumento maniqueo; abogados hay muchos, pero personas que comprendan los cimientos propios del Derecho, muy pocos.
Los que quieran leer que lean. En el caso mencionado, la presunción de inocencia no ha sido verificada o descartada, por tanto, que no digan que alguien es inocente cuando se alega la prescripción. Lo que la prescripción sí asegura es la impunidad con base en una formalidad, utilizando una ficción jurídica que en nada ayuda a la justicia.
(*) Andi Mirom es Filósofo
