sábado 27, noviembre 2021
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Nuevo hallazgo apunta al Ejército en desaparición de 43 estudiantes en México

Ciudad de México, 13 mar (Sputnik).- El hallazgo de nuevos videos que muestran la presunta relación con el Ejército de uno de los 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, secuestrados por policías y desaparecidos desde septiembre de 2014, es evidencia de que la Defensa Nacional no ha entregado toda la información, dijeron los abogados de las familias este miércoles.

Los videos, revelados en un programa radial de noticias, «confirman que la Secretaría de la Defensa no entregó ni ha entregado toda la información con que cuenta sobre el caso Iguala y su contexto», dijo el jesuita Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez S.J.’.

Los videos y la información contenida en ellos eran desconocidos hasta este momento por los abogados de las organizaciones representantes de las familias.

Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, era soldado en activo y realizó trabajos de espionaje para el Ejército «hasta el día de la desaparición», informó el presentador del noticiario.

«En este video se ve a militares pagar a su madre, Joaquina Patolzin, una quincena pendiente y ofrecer información de él», escribió el periodista Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula y el noticiario de TV Imagen en su cuenta de Twitter (@CiroGomezL).

Las imágenes «fueron difundidas sin consentimiento ni conocimiento de la madre de familia videograbada, a sólo dos días de la formalización del anuncio del nuevo mecanismo de seguimiento de la CIDH», que fue ratificado por el nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indican los abogados del centro en un comunicado.

Los videos difundidos este miércoles en el noticiario «confirman que el Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que a más de cuatro años y medio de los hechos no se ha brindado a la Procuraduría General de la República, ni mucho menos se ha dado a conocer a las familias y a sus representantes legales».

El centro administrado por jesuitas señala que es «innegable que el material revelado hoy (13 de marzo) fue grabado en instalaciones militares y proviene de una grabación de personal del Ejército».

El coronel que aparece en el material no ha rendido declaración en la investigación federal del caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, «no obra en los expedientes de la Procuraduría, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar».

Un infiltrado entre los desaparecidos

En segundo lugar confirman que la Defensa Nacional «practica la infiltración» en la escuela normal rural de Ayotzinapa, pues en el video se reconoce una aparente relación entre el estudiante López Patolzin y el Ejército «para la realización de labores de inteligencia», dijo el centro.

En reconocimiento de este vínculo con los militares la Defensa Nacional habría brindado asistencia económica a la familia del estudiante, sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles ni de los representantes de las familias.

Para las organizaciones defensoras de víctimas, «es fundamental subrayar que la posible confirmación de este vínculo no deslegitima en modo alguno la exigencia de los familiares de Julio César de conocer el paradero de su hijo».

En tercer lugar, las imágenes confirman que las Fuerzas Armadas «han ocultado información relevante» al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos.

Al contrario, los militares reportaron que López Patolzin «contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles», lo que no se refleja en el video, pues revela una relación laboral activa para fines de inteligencia.

En este contexto, el material confirma «la urgente necesidad de que en esta nueva etapa (apoyada por el presidente López Obrador) se investigue en profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos», puntualiza el centro jesuita.

Cinco autobuses ocupados por un centenar de jóvenes de Ayotzinapa, que viajaban a una manifestación en la Ciudad de México, fueron atacados por patrullas de cuatro municipios del estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala, 220 km al sur de la capital, la noche del 26 de septiembre de 2014.

En los ataques murieron siete personas, unas 25 resultaron heridas y 43 estudiantes detenidos por policías municipales fueron entregados a la organización narcotraficante Guerreros Unidos, que según confesiones de supuestos sicarios los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal del pueblo Cocula, en una quebrada, y lanzaron sus restos a un río.

Esa versión es rechazada por las familias y expertos del GIEI, porque además de las torturas a los acusados, en los restos calcinados encontrados en bolsas de plástico en el Río San Juan, solo un estudiante fue identificado con estudios genéticos en Innsbruck, Austria.

 En diciembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para formar una Comisión de la Verdad y abrir todos los documentos del gobierno para resolver el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

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