domingo 28, noviembre 2021
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La Eurocámara pide sanciones contra el Gobierno de Ortega

Bruselas, 14 Mar. (EUROPA PRESS).- El pleno de la Eurocámara ha reclamado este jueves que la Unión Europea imponga sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega y los responsables de las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua por la represión contra manifestantes y ha pedido suspender al país del acuerdo comercial, en una resolución no vinculante aprobada por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones.

En el texto, los eurodiputados han condenado todas las acciones de represión del Gobierno de Ortega, al que acusan de tener una «estrategia planificada para destruir a la oposición política» como represalia por las protestas que comenzaron en abril de 2018 y han denunciado la «grave vulneración» de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho» en el país desde entonces.

En este contexto, han reclamado a los Gobiernos europeos «un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los Derechos Humanos» hasta que se respeten plenamente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país, así como suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y de libre comercio entre la UE y Centroamérica, activando para ello su cláusula democrática.

Los eurodiputados justifican las sanciones por el aumento de la represión y las restricciones a las libertades fundamentales en el país, como el derecho a la libre expresión, de reunión y manifestación, la ilegalización de las ONG y la expulsión de las organizaciones internacionales del país, así como el cierre de medios y el acoso a periodistas, la expulsión de los estudiantes universitarios y el empeoramiento de las situación en las cárceles para los presos políticos.

En el texto, reclaman al Gobierno de Managua reanudar el diálogo con la oposición para llegar a una solución pacífica –que incluya la rendición de cuentas por parte de los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos– y una hoja de ruta clara para la celebración de nuevas elecciones libres, justas y transparentes –con observadores internacionales– en un futuro a corto plazo.

Como gesto de buena voluntad, le piden la liberación «inmediata e incondicional» de los más de 600 presos políticos que continúan encarcelados, aunque defienden la necesidad de resolver el retorno de los exiliados, el desarme de los grupos paramilitares afines al Gobierno y la desmilitarización de las calles en el marco del diálogo.

También reclaman la extradición de Alessio Casimirri a Italia, donde ha sido condenado a seis cadenas perpetuas por el secuestro del exprimer ministro Aldo Moro y el asesinato de sus escoltas en 1978.

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