martes 27, septiembre 2022
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Transporte contratado por plataformas digitales no se considera servicio púbico

San José, 20 mar (ElPaís.cr).-  El presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, César Blasco López, aseguró que un proyecto de ley para regular el servicio de Uber no tomo en cuenta la realidad de los nuevos modelos de negocios presentes en el mercado.

Tanto Blasco como el representante de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio AmCham, Elías Soley Gutiérrez, indicaron a la Comisión legislativa de Asuntos Económicos diversos problemas para regular el servicio de transporte remunerado de personas por medio de plataformas digitales.

Blasco afirmó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, carece de bases técnicas y no muestra la realidad de los nuevos modelos de negocio presentes en el mercado, donde la tecnología juega un papel importante.

Por eso considera que al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo “solo se le puede salvar el título y las firmas porque intenta encajonar este servicio (de plataforma digital) en una regulación enredada y desactualizada”.

El empresario afirmó que son muchas las familias que dependen de los miles de empleos que estas plataformas han venido a crear y por lo tanto consideran necesaria una regulación que esté acorde a la realidad de un servicio privado y no confundirlo con las características de un servicio público.

“Los conductores y plataformas merecen seguridad jurídica, pero tienen que ser abiertos y rápidos para sacar el proyecto adelante con la premisa de que no somos transporte público y que no queremos convertirnos en transporte público”, agregó Blasco.

Por su parte, Soley Gutiérrez expresó que la regulación de este servicio representa un desafío que plantea la cuarta generación de la revolución industrial que “nos cambia los formatos de hacer negocio y ahí es donde el Estado debe responder con soluciones creativas para incentivar el desarrollo de nuevas empresas y regular con base en las condiciones propias de cada servicio”.

Según Soley, el promover un entorno regulatorio moderno garantiza que ambos servicios puedan coexistir y por eso invita a los legisladores a rechazar el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo y crear uno acorde al modelo de negocio tecnológico que plantean las plataformas.

Además, aseguró que el servicio no puede equipararse de ninguna forma con el servicio público tradicional.

“Si el Estado no responde de forma rápida y equitativa a las realidades de los nuevos negocios vamos a estar comprometiendo el futuro digital de Costa Rica”, acotó.

El diputado Roberto Thompson Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó a Blasco, si había recibido alguna solicitud por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ya que el Ministro afirmó en una audiencia anterior que el proyecto no contaba con respaldo de información porque las plataformas se negaron a entregarla.

El representante gremial negó que el MOPT haya solicitado información e inclusive indicó que nunca recibieron del Ministro la anuencia para poder conversar.

“A nosotros nunca nos llegó ninguna solicitud de información ni se nos quiso escuchar” expresó Blasco.

La diputada Paola Vega Rodríguez del Partido Acción Ciudadana (PAC), reconoció que el proyecto cuenta con muchas carencias y que debe revisarse para plantear un nuevo texto más integral pero sí reconoció que el país no puede caer en una guerra entre plataformas tecnológicas y taxistas, por lo que considera que el Estado debe intervenir y regular.

“Hay que respetar la trayectoria de que el Estado intervenga en la regulación de un servicio dirigido a los ciudadanos” agregó la diputada oficialista.

Vega Rodríguez consultó a ambos comparecientes si estarían de acuerdo en que el proyecto establezca una relación obrero patronal entre conductores y plataformas, a lo que afirman que no consideran que exista una relación de trabajo ya que la plataforma es un espacio para que el conductor genere beneficios adicionales.

El proyecto de ley número 21.228 fue presentado por el Poder Ejecutivo y contempla la regulación de las plataformas tecnológicas que brindan servicio de transporte remunerado de personas, bajo las mismas condiciones del servicio público tradicional, entendido para este proyecto, como el servicio que brindan los taxis convencionales, quienes gozan de la concesión del Estado.

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