La Constitución Política de la República de Panamá establece claramente las funciones del Tribunal Electoral (TE) y las del Código Electoral que implementan las pautas y lineamientos de cómo debe proceder esta entidad del Estado, encargada de celebrar los comicios en las fechas establecidas por ley. Ahora bien, desde hace un tiempo para acá se vienen dando una serie de sucesos inexplicables que riñen con la norma jurídica y la imparcialidad que caracteriza al (TE) por ser la columna vertebral de la democracia panameña, y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Algunos ejemplos de esta aseveración se presentan en la recolección de firmas para los partidos nuevos y los candidatos independientes, estos se someten a un calvario, pero resulta que después de meses visitando provincias, distritos, comarcas, y prácticamente toda la geografía nacional, según el tipo de aspiración; el Tribunal Electoral alegremente anule firmas a diestra y siniestra, utilizando personal que, lo más seguro; no es idóneo para la labor, con lo que se perjudica a los que se quieren agrupar en partidos políticos o por la libre postulación.
Restringir a tres las candidaturas independientes es violatorio a la constitución y la ley, aunque a última hora la Corte Suprema de Justicia validó este entuerto jurídico. Otro matiz preocupante es permitir que personas inscritas en partidos políticos se puedan postular como candidatos “In – dependientes “, lo cual deja un precedente funesto en el fortalecimiento de la democracia.
Otro aspecto es la interpretación sesgada que algunos funcionarios del Tribunal Electoral intentan ofrecer a la Constitución Política y el Código Electoral que en el artículo 291, expresa que un candidato que se quiera postular a un cargo de elección popular debe residir un año antes en su corregimiento, distrito, circuito, o el país, según sea su aspiración al cargo. Además, los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley, y no se entiende, cómo se puede postular un candidato que no cumpla con los requisitos, es decir, el funcionario ha delinquido al omitir sus funciones como servidor público, por tanto, es sospechosa la aberración jurídica de un magistrado del (TE) al avalar esas ilegalidades, cuando lo que debe es investigar y sancionar esa falta a la ley de su subalterno.
No vemos sentido que el Tribunal Electoral haya exigido a MOVIN, que retirara una valla, porque, en primera instancia, el mensaje escrito es el sentir de los electores, y además esta organización de abogados no es candidata a nada, y lo que se busca es concienciar al elector sobre la emisión de su voto.
La historia del Tribunal Electoral en la vida republicana ha sido tortuosa, realizó todo tipo de fraudes, en vez de erigirse como un institución independiente en materia electoral, pues se plegaba al gobierno de turno, fueran civiles o militares, para muestra un botón; lo ocurrido en las elecciones de 1984 y 1989, sin embargo, después de la invasión a Panamá, se constituyó en garantía del proceso electoral y guardián de la democracia, y así lo queremos ver los panameños, es más; creo fue la única institución que no sucumbió a las mieles del poder, o los zarpazos del expresidente “ innombrable”, al no permitir la injerencia del Órgano Ejecutivo en los quehaceres de la elección presidencial.
En síntesis, el eslogan del Tribunal Electoral es “La patria la hacemos todos “, entonces debemos vigilar su actuación para que no retorne a ser la marioneta de nadie.
(*) Diego Espinosa G., Docente- Escritor
Muy sinceramente, debo aclarar que en Panama no existe seguridad jurídica, la ley se mueve como marcan los intereses del momento. Mientras se mantenga la constitución de Noriega, nada se logra. He conocido y vivido en Panama desde hace 45 años y no veo ninguna salida, no por ahora. Por ejemplo, Martinelli es candidato a diputado y a alcalde estando en la carcel, eso es imposible en un régimen democrático con instituciones jurídicas sanas. Posiblemente mucho se deba a que Panama fue un protectorado camuflado de los EEUU x un siglo. El articulista parece querer dar a entender que no hay justicia electoral en su país, bueno yo le diré que efectivamente no la hay ni la habrá por muchos años más. He tratado de convencer a muchos amigos míos que deben comprometerse más con los ausentes movimientos cívicos, pero en Panama existe un luego cerval a decir la verdad, es un pueblo sin vocación democrática. Yo veo a los ticos que vienen de compras y en la frontera se les para por policías disfrazados de soldados camuflados: creados por Martinelli para perpetuar su poder, que fue echado por tierra por grupos oligárquicos que temían ser desplazados por ese hombre incorrecto. Le pregunto a mi esposa ¿cómo los ticos se aguantan estos tratos si vienen de compras? No se, realmente no lo sé. ¿Por qué vivo en Panama? Por negocios, no por vida democrática, no participo en política porque soy extranjero, es primera vez que digo estas cosas en un medio pero el articulista parece no saber de lo que habla. Si un costarricense supiera la diferencia entre Costa Rica y el resto de Mesoamérica, se daría golpes de pecho.
Pero ¿de que se quejan? En un país donde el uso de “señora de tal” sigue siendo válido, cómo puede una mujer feminista venir de compras, donde deberían obligar al tribunal a exigir a cada mujer a utilizar sus apellidos últ no los de su marido, si en un hogar la señora de tal es la madre, ¿qué esperanza puede tener el pais? En vista rica se eliminó ese adefecio hace cincuenta años “por ley”, primero arreglen esa solemne estupidez machista y después pidan justicia.
La ley panameña ya no obliga a la mujer a usar el apellido de su marido, es opcional el usarlo.
Gracias.
Pero no basta la opción no es válida! Es que debe ponerse como “obligación” utilizar los propios apellidos. Negar la opción de que el machismo se imponga como dice Nartha.
Gracias por su comentario. Si lo sé, por eso lo escribo. En el resto de las cosas tiene usted razón.
Buenas noches.