lunes 6, febrero 2023
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El Gobierno aprueba endurecer las condiciones de expulsión de personas cuyo asilo fuera denegado

Berlín, 17 Abr. (DPA/EP).- El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles un controvertido proyecto para endurecer las condiciones de expulsión de aquellos solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada por las autoridades.

El proyecto, presentado por el ministro del Interior, Horst Seehofer, dificultaría a estas personas evitar su deportación y da más facilidades para su detención durante un periodo corto de tiempo antes de su deportación.

Seehofer considera que este proyecto es mucho más efectivo que la ley existente, que data de 2017, argumentando que la reforma previa «provocó más preguntas que respuestas».

El proyecto recoge además un menor gasto en aquellas personas que sí tengan reconocido su estatus como refugiados en otro país miembro de la Unión Europea (UE).

«Sus servicios se verán limitados al billete de vuelta, por así decirlo», ha dicho Thorsten Frei, ‘número dos’ del grupo parlamentario conservador, quien ha agregado que esto es un cambio positivo.

En los casos en los que otro país de la UE sea responsable de la solicitud de asilo de una persona, se llevarán a cabo «reducciones de actuación», lo que implicará menos beneficios que los estipulados por el Acta de Beneficios de Solicitantes de Asilo.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, del Partido Socialdemócrata (SDP), ha presentado planes para una reforma de este acta, que también han sido aprobadas.

De esta forma, los solicitantes de asilo solteros y progenitores solteros recibirán 150 euros al mes, además de los beneficios contemplados, en lugar de los 135 euros que percibían hasta ahora.

Asimismo, los solicitantes de asilo que estén buscando trabajo tendrán acceso preferencial para cursos de alemán, incluso si las posibilidad de que sean reconocidos como refugiados sean escasas. Sólo habrá excepciones para «personas toleradas con una identidad sin explicar».

Durante 2018 hubo un total de 31.000 deportaciones que no tuvieron lugar debido a que no se concretaron las identidades de estas personas o a que faltaban documentos de viaje.

El presidente de la organización no gubernamental Diakonie, Ultich Lilie, ha condenado el «endurecimiento desproporcionado de las normas» y ha dicho que en algunos casos «se viola la legislación europea».

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