sábado 4, febrero 2023
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Corte de Apelaciones de EEUU deja firme sentencia contra Argentina por expropiación de YPF

Buenos Aires, 19 abr (Sputnik). – La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en EEUU dejó firme el fallo que habilita al fondo de inversión Burford Capital a querellarse contra el Estado argentino por la estatización de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), explicó a Sputnik el economista Sebastián Maril.

«La Corte de Apelaciones ha dejado firme su sentencia contra Argentina, y eso valida el fallo adverso contra Argentina de la Corte del Distrito Sur de Nueva York», aclaró Maril, director de FinGuru y especialista en las demandas que afronta el país sudamericano en EEUU.

La demanda del fondo buitre, que compró los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar en su nombre, la empresa española Petersen, se canaliza en la actualidad por dos instancias.

En la primera, la Corte Suprema de EEUU estudia si debe aceptar que la demanda prosiga en los tribunales argentinos o bien continúa radicada en el país norteamericano.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones norteamericana confirmó la decisión de primera instancia que emitió la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur, a favor de la demanda contra Argentina.

Tras este este último fallo, Argentina presentó el jueves una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones para que rectifique o reconsidere su sentencia de esta semana.

Al mismo tiempo, solicitó a la magistrada de Manhattan que no emita ningún fallo hasta que la Corte de Apelaciones acepte o no el pedido de emergencia en Argentina, aclaró el director de FinGuru.

El Gobierno argentino presentó ante la Corte Suprema de EEUU en noviembre pasado un pedido de revisión del fallo adverso de la Corte de Apelaciones, solicitud que todavía no ha recibido respuesta.

«Argentina apostaba a esperar a que la Corte Suprema dictara su opinión para seguir el caso en el Distrito Sur de Nueva York, donde comenzó todo, y donde la jueza Preska había dicho que iba a esperar a que la Corte Suprema dijera algo», contextualizó Maril.

Según el economista «rara vez la Corte de Apelaciones se echa atrás en un fallo, y menos en uno de este calibre, así que lo más probable es que este tribunal de segunda instancia confirme que la sentencia quede firme y ahí Preska deberá decidir qué hacer».

En ese caso, «Argentina presentará otro pedido para postergar el fallo de Preska, que ya dijo que Argentina es culpable por no haber pagado en su momento, y Petersen diga que no quiere esperar más hasta que se expida la Corte Suprema».

La magistrada podrá decidir, en base a la jurisprudencia de EEUU, si espera a que la Corte Suprema dicte su sentencia o continúa dando curso a la demanda en su tribunal.

Pedido a la Casa Blanca

El máximo tribunal de EEUU solicitó en enero al procurador general de la Casa Blanca su opinión sobre la demanda en manos de Bulford y otros fondos buitre contra la expropiación de YPF.

Aunque generalmente tarda entre cinco y ocho meses en responder, no sería extraño que el procurador de la Casa Blanca apure su respuesta para ayudar al presidente Mauricio Macri, que este año espera ser reelegido en las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre, en un contexto complicado de elevada inflación y crisis económica, dijo Maril.

«Cada vez que la Corte Suprema pidió un escrito al procurador sobre Argentina, la Casa Blanca falló a favor de Argentina, y la Corte Suprema siempre aceptó el caso, pero luego falló en contra de Argentina», subrayó.

El Gobierno de Mauricio Macri aspira a que los plazos se alarguen lo máximo posible para que la presumible confirmación del fallo de Preska ocurra ya con la próxima administración.

Valor del juicio

Burford Capital, que controla el 60 por ciento de la demanda, valúa el valor del caso en 1.150 millones de dólares, según estima el titular del FinGuru.

Otro fondo de inversión que enjuicia a YPF en un caso idéntico, Eaton Park, considera que el valor de su demanda es de 495 millones de dólares.

En suma, las adversas sentencias contra Argentina en este caso contra la expropiación de YPF pueden suponer al país sudamericano un desembolso de 1.600 millones de dólares, más intereses.

Cambio de manos

El Ejecutivo de Fernández de Kirchner expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.

En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.

Pero con la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.

El fondo buitre, creado en 2009, también adquirió los derechos de litigio de la quebrada empresa española Marsans para continuar con la demanda por la estatización de la compañía Aerolíneas Argentinas en 2008 que finalmente reconoció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial que obligó a pagar a Argentina 320,7 millones de dólares.

Argentina se declaró en cesación de pagos de su deuda soberana, que en ese entonces llegaba a los 102.000 millones de dólares, a raíz de la crisis que estalló a finales de 2001.

Durante los mandatos del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), el país sudamericano realizó dos reestructuraciones de su deuda -2005 y 2010- a las que se acogieron el 92,6 por ciento de los acreedores privados.

Bajo la actual administración, Argentina llegó a un acuerdo en 2016 para pagar 9.300 millones de dólares a varios fondos de inversión por el restante 7 por ciento de los bonos de deuda no estructurada y así poner fin a 15 años de litigio.

El millonario pago a los fondos buitre en 2016 fue una de las primeras medidas que adoptó el mandatario actual tras su llegada al poder en diciembre de 2015, argumentando que Argentina debía recuperar la credibilidad del mercado y acceder al crédito a tasas más competitivas.

Para efectuar el pago, el Ejecutivo de Macri adquirió deuda por 12.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2 por ciento. (Sputnik)

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