San José, 21 may (Elpaís.cr).- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez Carballo, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que aumenta la cantidad de personas y organizaciones obligadas a denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso contra menores de edad.
La redacción actual del artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece esa obligación solo a autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos y privados.
El legislador propone que el alcance de la norma se extienda a asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, religioso o de otra índole.
“Lo que queremos es que las personas que poseen contacto permanente con personas menores de edad, también se encuentren obligadas a denunciar al Ministerio Público, cuando tengan indicios o sospechas de que un menor de edad está siendo maltratado, agredido o abusado”, explicó Sánchez Carballo
Además, el proyecto también pretende que, al igual que una persona puede liberar a un profesional de la salud, la psicología o el derecho de su secreto profesional para que brinde testimonio en un juicio, la persona interesada pueda liberar a un sacerdote del “secreto de confesión”.
Actualmente, el artículo 206 del Código Procesal Penal hace que el secreto de confesión sea absoluto, incluso en aquellos casos que la propia víctima requiera la declaración del líder religioso. La excepción, en este caso, se elimina, de acuerdo con el proyecto de Ley.
Sin embargo, la Iglesia Católica declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes.
El Código de Derecho Canónico, canon 983,1 dice: «El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo».
“El interés superior de la persona menor de edad debe primar en todos estos casos. El proyecto de ley busca dar mayores herramientas para que como sociedad protejamos a las personas menores de edad, tanto en el momento de la denuncia como en el momento de la declaración en un proceso ante un juzgado”, explicó Sánchez Carballo.
La iniciativa se presenta en momentos donde el país registra un alarmante aumento de denuncias por abusos a menores de edad.
Según las estadísticas del Poder Judicial las denuncias por abusos sexuales contra PME crecieron en un 74% del 2004 al 2017 y solamente en el año 2018, el total de denuncias por delitos de índole sexual contra menores de edad, fue de 8.229.
Además, el Hospital Nacional de Niños reportó que entre el año 2006 y el 2013 aumentaron de un 9% a un 26% los casos diarios que atiende por maltrato o abuso contra menores de edad.
