San José, 3 Jul (Elpaís.cr).- La Sala Constitucional de Costa Rica dio trámite a un recurso de amparo contra el uso de mercurio en la zona de explotación minera ilegal de Crucitas, Región Huetar Norte de Costa Rica, porque contamina la biodiversidad, el acuífero, el caño Crucitas y el río Infiernillo, que desembocan en el río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
El recurso de amparo se tramita en expediente No. 19-0112770007-CO, interpuesto por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, representante legal de Henry José Picado Cerdas, a favor de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), contra los ministerios del Ambiente y Energía, y el de Sakud.
Según, la Sala IV, Picado aduce que lo más preocupante es que el agua superficial y la subterránea de los acuíferos sigue contaminándose con mercurio. Además, los bosques siguen deforestándose y salvo algunos operativos para detener a los nicaragüenses que ingresan a Costa Rica, no se ha hecho nada.
Considera que lo mencionado podría traer consecuencias irreversibles en los mantos acuíferos, pérdida de biodiversidad difícil de medir en un país que se supone que es reconocido como líder en la defensa de la biodiversidad.
Como agravante de la situación, los hechos denunciados son públicos desde hace dos años y las instituciones competentes han sido omisas en su actuar, según reconoce la Sala en su resolución para dar trámite al Recurso de Amparo.
Recalca Picado que hay que tener claro que el Poder Ejecutivo en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte lnternacional de Justicia (en el caso de Nicaragua contra Costa Rica), de acuerdo con la Convención de la Diversidad Biológica y la Ley de la Biodiversidad (todo ello por conexidad vinculado a los numerales 21 y 50 constitucionales) tuvo de haber hecho un comunicado por posible contaminación transfronteriza a Nicaragua, pero eso, tampoco se realizó.
Picado estima que es momento de intervenir la zona, no solo con policías, sino que se hagan públicos los estudios y medidas que se estuvieron tomando.
Indica que sería vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía Colombiana ante la desidia institucional.
La organización ambientalista Aduce que el hecho de enviar policías a la zona para retener a personas indocumentadas no es una respuesta a un problema tan complejo, por cuanto con la tala, quemas de bosques y minería ilegal en la zona de Crucitas, contribuyen a generar efectos que incrementan el cambio climático.
Menciona que el caño Crucitas drena directamente hacia el Río San Juan, pero en el cauce del Río lnfiernillo también existe contaminación con mercurio.
Añade que es de vital importancia que se reconozcan los derechos de los ecosistemas en la zona donde los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas saben que existe oro y donde los funcionarios del Ministerio de Salud, debieron -al menos- inspeccionar la zona.
Picado manifiesta a la Sala IV que la declaración de los derechos de los ecosistemas de la región puede establecer un plan de ordenamiento territorial donde existan usos de suelo restringidos a protección de la biodiversidad donde se permita hacer actividades de investigación o ecoturismo y, donde estén involucradas la municipalidad de San Carlos, las instituciones descentralizadas, los propietarios registrales, ASADAS, Universidades Públicas y ONG.
Picado y Sagot Rodríguez refieren que debe existir un organismo que adopte medidas efectivas y de control. Incluso, debe emitirse un decreto de emergencia nacional para solventar problemas migratorios de personas indocumentadas, problemas económicos, ambientales y sociales, pues las medidas de mitigación son de carácter urgente.
Explican que el asunto es muy preocupante, pues expertos en la materia indican que para extraer un gramo de oro se requiere al menos de 14 gramos de mercurio y para extraer un gramo de oro se requiere remover cerca de una tonelada de material (saprolita, por su nombre técnico). De manera que para que un minero artesanal ilegal, obtenga 10 gramos de oro requiere mover varios metros cúbicos de material y utilizar cerca de 150 gramos de mercurio.
Sagot y Picado aclaran que Costa Rica no solo tiene normativa para situaciones de contaminación de suelos, sino que también para eliminar el uso de mercurio
La Sala IV ha solicitado a las instituciones recurridas la información correspondiente sobre las denuncias planteadas por los ambientalistas.
