Según el criterio de la Procuraduría las exoneraciones otorgadas al amparo del impuesto sobre las ventas se mantienen vigentes, incluidas las que están contenidas en la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico.
“Lo resuelto por la Procuraduría respalda la posición de estas cámaras, lo que nos brinda seguridad jurídica a nuestro sector y a los inversionistas que desean instalar nuevos proyectos en el país. Tanto Canatur como la CCH esperaremos que el ministerio de Hacienda asuma lo resuelto y defina una pronta y definitiva su posición en relación con las exenciones señaladas”, manifestó la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo.
Por su parte Javier Pacheco, presidente de la CCH dijo que, “es una señal positiva en defensa de importantes inversiones en el sector turismo que correrían grave peligro de mantenerse la derogatoria inicial que se anunció. Eso significa también proteger a cientos de empleos que se han mantenido en vilo no solo en nuestro sector, sino también el sector construcción y sector comercio”.
Según el análisis del abogado del Estado, la intención del legislador fue reformar integralmente la legislación anterior, ampliando la base taxativa, pero no derogarla.
Para efectos de descartar esos incentivos, debió existir una norma derogatoria expresa que indicara las regulaciones que se querían eliminar de la ley reformada.
La interpretación de la Dirección General de Tributación indicaba que la nueva ley derogaba todas las exoneraciones contenidas en el Impuesto General sobre las Ventas, incluidas las otorgadas a las empresas turísticas.
La ley de incentivos al turismo establece la exoneración del impuesto del 13% Sobre las Ventas, a la inversión inicial para adquirir artículos y materiales para la construcción de las instalaciones y la puesta en marcha de nuevos proyectos de hotelería.
