sábado 26, noviembre 2022
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CCSS busca una solución para mantener paz laboral

San José, 14 Jul (Elpaís.cr).- Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguraron que seguirán buscando una solución que permita mantener la paz laboral de la cual depende la institución para su desempeño.

Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, hizo estas manifestaciones, tras concluir una reunión con representantes sindicales, con el propósito de discutir el estado de situación de los acuerdos suscritos el 20 de febrero pasado entre las partes.

El máximo jerarca de la CCSS recordó que en aquella oportunidad suscribieron un documento, en el cual se coincidió en la interpretación sobre el bloque de legalidad que había, en ese ese momento, relacionado con la aplicación de Ley 9635 o Ley de  Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento.

Sin embargo, dijo, que más tarde surgió un nuevo decreto que afectó dos de los 10 puntos establecidos en el acuerdo suscrito en febrero en lo que se refiere especialmente, al pago de anualidades y pluses salariales.

El presidente ejecutivo de la CCSS, manifestó que la discusión fue franca y abierta, al tiempo que sostuvo que, la institución  continuará en la búsqueda de una solución capaz de mantener la paz laboral.

Decisión de Junta Directiva

El presidente de la CCSS, dijo que unos de los avances obtenido tras el acuerdo suscrito en febrero fue precisamente, la decisión que adoptó la Junta Directiva de tomar las medidas necesarias para hacer valer la autonomía constitucional en materia de política y gobierno de los seguros sociales, dado que -conforme a lo ya resuelto por la Sala Constitucional en otra oportunidad- la regla fiscal no debe aplicarse a la institución.

Según autoridades institucionales, la aplicación de la regla fiscal a la institución afectaría su capacidad de prestar los servicios de salud con los cuales se materializa en la práctica el derecho constitucional a la salud.

Esta decisión del máximo decisión se respalda en un criterio de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República en esta materia, las cuales, exceptúan a la Institución de la responsabilidad fiscal y en los recursos dispuestos para los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del No Contributivo (RNC).

El pronunciamiento que exime a la CCSS se emitió, meses atrás, a partir de la consulta efectuada por un diputado en relación con la obligatoriedad de la aplicación de la ley fiscal sobre la CCSS.

«Hay un mandato constitucional que nos otorga autonomía de la aplicación de la regla fiscal y hay una necesidad práctica de atender a la población y que exige que nosotros podamos tener la flexibilidad en nuestro presupuesto para poder atender a esa población como se merece y como lo dicta la propia Constitución que le garantiza a todo costarricense el derecho a la salud», aseveró Macaya.

Según el jerarca, la decisión del Máximo Órgano Institucional tiene como fin primordial garantizar el derecho constitucional a la salud de todos los costarricenses con calidad y oportunidad, por lo que, una eventual limitación del presupuesto institucional ante la restricción financiera solicitada por el Ministerio de Hacienda podría poner en serio riesgo la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura de gran trascendencia para la población costarricense.

Entre los grandes proyectos en marcha se encuentran los siguientes:

• Las adjudicaciones para la construcción y equipamiento de los nuevos hospitales Monseñor Víctor Manuel Sanabria de Puntarenas y William Allen de Turrialba.

• Construcción y equipamiento de las nuevas torres en los hospitales México y Rafael Ángel Calderón Guardia.

• Fortalecimiento del primer y segundo nivel con la construcción y reforzamiento de diversas sedes áreas de salud y ebáis distribuidas por todo el territorio nacional.

«Si estuviéramos limitados en nuestro presupuesto no podríamos mejorar la infraestructura hospitalaria y de salud del país, en general, y modernizar el equipo y la infraestructura como se lo merecen los costarricenses», dijo Macaya.

El jerarca asegura que la aplicación de esta regla fiscal también podría afectar de forma directa las necesidades en equipamiento y medicamentos, las acciones para disminuir los tiempos de atención y el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y terapéutica en la prestación de los servicios de salud.

Macaya señaló el envejecimiento acelerado de la población, así como un impacto severo en la atención de accidentes de tránsito como dos grandes disparadores de los servicios de salud que constituyen una obligación para la institución en un porcentaje mayor al fijado por la regla fiscal.

«Si estuviéramos sujetos a la regla fiscal nos veríamos impactados seriamente en nuestra capacidad para atender las necesidades de salud la población y ni se diga de las pensiones en una población igualmente demandante de los servicios por su envejecimiento», comentó.

El funcionario  enfatizó que la CCSS está en obligada a garantizar el presupuesto a todos los establecimientos de salud y financieros del país con el objetivo de garantizar la operación actual y el fortalecimiento continuo de los servicios para dar sostenibilidad a la salud como derecho constitucional.

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