Reflexiones sobre la última huelga y el poder político

¿Por qué los trabajadores del sector público y los traileros seguirán votando en el 2022 por los partidos políticos de hegemonía empresarial, por el conservadurismo religioso, o por el centrismo del desdibujado PAC? La respuesta luce obvia: porque no son conscientes de su propio poder político en una democracia, y porque los dirigentes de los gremios no ven necesario el tener representantes populares propios en la Asamblea Legislativa, o ganar el Ejecutivo, o ser parte importante del mecanismo que elige a los Magistrados del Poder Judicial cuando se cuenta con parlamentarios propios. Tal vez esto podría cambiar, porque la calle se calienta y debería oxigenarse con razones constructivas y propuestas legislativas, venidas de la propia clase trabajadora. 

En la pasada huelga liderada por la ANEP y el Magisterio Nacional, se escucharon voces calificadas (como la de la economista Sofía Guillén), manifestando con todo derecho el cómo y el por qué debe conducirse una política pública tributaria con justicia. Pensé, entonces, que dichas voces deberían tener  asientos en el parlamento, en lugar de suplicar votos sin la túnica legislativa. ¿Puede nuestro parámetro de democracia darle abrigo a esta idea? ¿Sirve la democracia?

Con todos sus defectos y tristezas, nuestra democracia, la costarricense, ha demostrado una vocación para resolver sus conflictos políticos en paz. No es un asunto menor ni merece el desdén del desprecio. La crueldad política es una pandemia global de la que Costa Rica se ha salvado. Pero las sociedades no discurren en piloto automático.  No demos nuestra dicha por descontada. Nuestra democracia podría morir si no se viste de justicia social.

No vivimos en el paraíso ni de cerca; tampoco respiramos los muchos infiernos que viven otros pueblos donde la violencia política -con sus secuelas de guerra- empantanan sus territorios con sangre. No lo olvidemos. Nuestras discrepancias deben resolverse en democracia. Igualmente, la paz debe ser la corona de todo cuanto hagamos. El gremialismo responsable debe tomar nota de ello sin dejar de ser aguerrido y celoso de la justicia. Así luce conveniente que los trabajadores organizados se pregunten por el vínculo de sus luchas con el poder político.

Dicho lo anterior, he notado que la dirigencia sindical rehuye poner el dedo en la llaga. Los trabajadores organizados deben buscar formar parte del poder político en una democracia, sin llegar a aspirar a  establecer un Estado corporativo. Pero no cabe duda que para influir en lo público hay que tener poder político. Y no lo buscan los agremiados cuando, como en Costa Rica, se puede hacer. 

La inopia apuntada es un vacío que le resta potencia a nuestra democracia, porque la nuestra es una democracia donde el voto del individuo oligarca vale igual y cuenta igual que la del individuo pobre y asalariado; porque la nuestra es una democracia policlasista. 

Así los oligarcas tienen sus propios partidos políticos y tienen ellos un “espejo de sí” más coherente y mejor cohesionado que el de las masas asalariadas. Estas masas, al menos las agremiadas, no tienen una voz propia que las represente en las instancias del poder político del Estado.  

El lugar natural de los bloques sociales es el parlamento. Deberían ahí expresarse, imbuidos por una profunda convicción democrática y plural. A la Asamblea Legislativa no se llegaría a  representar únicamente al propio bloque social, sino también a la generalidad de la población en sus múltiples y diversas iniciativas. Por ello, los trabajadores estarían obligados a consensuar un acuerdo mínimo acerca de una determinada “visión país”.

Las masas asalariadas en general, y las del sector público en particular, no tienen en nuestro país “conciencia de clase” al tenor de la jerga marxista. Mucho menos tendrán conciencia de su propio poder político y de su propio potencial democrático en una democracia como la costarricense. 

La participación activa de los gremios en la política es una necesidad urgente en nuestra democracia; sería una actuación legítima y consecuente con los propios ideales democráticos. No se propone constituir “el partido de los sindicatos”, sino un partido político de los asalariados, y luce pertinente asumir que los dirigentes sindicales sean los llamados a iniciar una acción de esta naturaleza, pero con independencia de los propios aparatos directivos  del sindicato.

Se ha de partir de la premisa de un principio político común que casi todos los costarricenses apoyamos: la irrenunciabilidad de la democracia. Ello significa, entre otras cosas, jamás trocar nuestro régimen político por uno autoritario del signo que sea. La democracia solo se rectifica con más democracia, con más libertades y mucha justicia. A veces la justicia se logra, otras no, y con frecuencia no tanto. Lo importante es saber que en las actuales condiciones de Costa Rica no se vale la violencia y el secuestro de la calle para conseguir objetivos.

(*) Allen Pérez es Abogado