“la ganadería y la plantación de piña están entre los principales usos que las personas no indígenas dan a los territorios que adquieren ilegalmente en estas comunidades, prácticas que despojan a los pueblos de su base material y motivan cada día mayores resistencias.
El estado se ha visto sobrepasado para resolver los problemas y más bien ha tendido a profundizarlos (…), se profundiza el proceso de pérdida de territorio acompañado de opresión social y cultural” Allen Cordero, sociólogo en Diario Extra, edición del jueves 21 de marzo de 2019, Página 11.
Cuando el asesinato y la impunidad aparecen, de manera nítida, pública y reiterada, como dos elementos concomitantes que resultan ser evidentes por sí mismos, tal y como ha sucedido con el encarnizado asesinato del dirigente bribri, Sergio Rojas Ortíz, ocurrido en la segunda mitad del mes de marzo recién pasado, quien después de su fallecimiento ha sido objeto de una sistemática campaña de desprestigio, no podemos sino decir que estamos ante el despliegue de lo que sólo puede calificarse como la segunda muerte de uno de los líderes más lúcidos y consecuentes de la etnia o nación bribri. Un hombre a quien había visto a la distancia durante muchos años, alguien que había llevado una vida entera de grandes esfuerzos de superación personal, alternando su vida entre lo rural y lo urbano, un ámbito donde había criado una familia y realizado estudios formales que le permitieron tener una visión política más contemporánea de un liderazgo tradicional como el suyo en la comunidad de Salitre, esas fueron las fortalezas que lo harían blanco del odio de los terratenientes de aquella región, acostumbrados a la usurpación de las tierras de los brorán, bribris y cabécares desde tiempos inmemoriales, como un resabio de viejas prácticas colonialistas.
La lucha que había venido encabezando durante un período que comprendió, al menos el último decenio anterior a su violenta muerte, en procura de recuperar las tierras ancestrales, no sólo de los bribris sino también de los brorán y otros grupos étnicos en el Pacífico Sur de Costa Rica, lo convirtió en el objetivo más visible dentro de la mira de los terratenientes que habían venido usurpando esas tierras con la complicidad del aparato judicial y la indiferencia, cuando no complicidad, de las autoridades gubernamentales de las distintas administraciones, además del siempre sospechoso silencio de los medios de comunicación social más importantes, ninguno de los cuáles estaba interesado en hacer que se respetara lo dispuesto en la legislación nacional sobre esa materia.
El odio contra Sergio Rojas Ortíz se fue acumulando, día a día, semana a semana, durante un período más o menos largo, no sólo entre los terrateniente sino también entre algunas gentes que se avergüenzan o renegaron de sus orígenes, como sucedió con lo declarado por… La abogada (presuntamente) indígena Thais Vidal (quien) señaló (en la página 11 el diario Extra, del día jueves 21 de marzo de 2019) que si la Fiscalía hubiera actuado con rapidez en la denuncia contra Rojas, este no estaría muerto, sino preso”. Muerto o vivo, para esta gente lo que importaba era sacar a Sergio Rojas Ortiz de la escena, su presencia y su liderazgo se habían convertido en algo intolerable, al final ese odio terminó expresándose no sólo como indiferencia hacia su muerte física, sino en la expresión abierta de que lo que buscaban al parecer, en el caso de no ser asesinado, era su muerte civil. La puesta en escena de esta tragedia que sólo una pequeña parte de las gentes de este país logramos percibir, es la de que la segunda muerte de Sergio ya estaba en marcha mucho antes de su ejecución, por parte de un desconocido “comando” o grupo de sicarios a sueldo. El que haya muerto importa bien poco dentro de la visión de mundo de estas gentes, una vez lograda su desaparición física se trata, de aquí en adelante de denigrarlo de manera sistemática, y hacerlo desaparecer tanto de la memoria de los bribris, como de la del resto de los costarricenses, quienes siguen considerando que este es el país más pacífico de la región. Su muerte cívica o segunda muerte toma cuerpo a partir de la abominación que se busca producir, con el sólo hecho de mencionarlo entre las gentes de los pueblos originarios, dado que como se indica en un pie de foto de la misma publicación:” Tras la muerte de Sergio Rojas la causa penal en su contra extingue, pero el proceso continúa sobre los restantes 12 directivos de la ADI de Salitre”(Ibidem). No sólo el fallecido, sino también quienes lo rodearon, están condenados a esa segunda muerte, en sí mismo el resultado de ese proceso carece de relevancia: de aquí en adelante poco importa determinar ¿quiénes lo asesinaron in situ? y mucho menos saber ¿cuáles fueron los autores intelectuales del hecho?, como parte de algo que no… “es (sino) la decantación de un conflicto de décadas marcado por el racismo y la violencia en sus múltiples formas” (ibid) según sostuvo la antropóloga Denia Román quien culpó al Estado de esa situación y del asesinato de Sergio Rojas (ibid). No conformes con la impunidad de que disfrutan sus victimarios han continuado atacándolo por las redes sociales, de manera anónima y cobarde, como es la propia de estas gentes desalmadas.
De nada sirvió tampoco la denuncia que puso el propio Sergio Rojas, pocas horas antes de su muerte (Ver editorial del diario La Nación del día jueves 21 de marzo de 2019, titulado VIOLENCIA EN SALITRE), alertando sobre las amenazas previas a su materialización, como en efecto ocurrió, en la noche del 19 al 20 de marzo de 2019, con un despliegue desmedido y brutal de la violencia más inaudita.
El nombre de Sergio Rojas Ortiz se une al de Berta Cáceres, asesinada en el occidente de Honduras, hará apenas unos tres años, y al de muchos líderes de los pueblos originarios de México, Guatemala, Colombia, Argentina, Perú y Chile. En todos esos casos la impunidad y la conspiración de los terratenientes ha sido la norma, contando con la anuencia de las autoridades locales, el aparato judicial y hasta las autoridades nacionales, encarnadas en funcionarios de alto rango con intereses directos en los conflictos con esos pueblos.
Todo esto nos recuerda lo que planteaba, hace ya más de un par de décadas, el escritor español Jorge Semprún (1923-2011), en el texto de una de sus obras noveladas que tituló “La Segunda muerte de Ramón Mercader”, acerca del autor de uno de los crímenes políticos más abominables, como fue el caso del asesinato del revolucionario León Trotsky, en su casa de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, un hecho en que por cierto la suerte corrida por su asesino tampoco fue la mejor, en medio de una cadena de complicidades e intrigas de todo tipo, después de ser utilizado por la maquinaria estalinista, bajo el disfraz de Jacques Monard que ocultaba a un Ramón Mercader, quien resultó muerto del mil maneras, por el juicio de la historia con el paso de las décadas, las que fueron develando los entretelones de la trama conspirativa.
Nuestro silencio e indiferencia inconsciente nos hace cómplices de todos estos crímenes, con los que se busca arrinconar y llevar a los pueblos originarios de este continente a su conversión postrera o aniquilación definitiva, tras más de cinco siglos de resistencia.
(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor
«La colonización no Indígena de los territorios Indígenas es el más grave asunto no resuelto en Costa Rica. Dicha colonización se agrava cuando la misma se hace a través de métodos violentos. Y dicha violencia es todavía más preocupante cuando el Estado costarricense exhibe una ausencia de claridad jurídica, política y administrativa para proceder al desalojo legal de los factores no Indígenas en los territorios Indígenas. No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, con claridad y bien fundamentada, la medida cautelar #321-12 para proteger al Pueblo Indígena Brörán y Bribri de Salitre, provincia de Puntarenas, exhortando a las correspondientes autoridades del Estado a tomar las medidas pertinentes a fin de proteger la vida y la integridad personal de los ciudadanos Indígenas.» Cinco meses antes del asesinato de Sergio Rojas esto fue lo que yo escribí. Lamentablemente el Estado de Costa Rica se encuentra ahora en el banquillo de los acusados, al fallar proteger los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Esta incómoda situación para una nación acostumbrada a recibir elogios de la comunidad internacional por sus instancias progresistas en la materia, responde a la más grave llamada de atención que esta misma comunidad le haya hecho.
Como si Sergio Rojas Ortiz caminara ya hacia su tercera muerte: la que para su gente o pueblo bribri, como para todos los demás de raíz o tradición chibcha es el olvido, aquella muerte final que sobreviene cuando ya no quede nadie sobre la tierra que te haya conocido, hablado o escuchado alguna vez tu voz, es que me encuentro con que solo Allen Pérez desde su casa de Boston tuvo la hidalguía y el profesionalismo de romper el silencio, ante el asesinato del más lúcido líder de los bribris, a lo largo de muchas generaciones, hace ya unos cinco meses. Su análisis es impecable y brillante dentro de cierta lógica referida al tema de los derechos humanos, claro que si comparamos a Costa Rica con México, Colombia u otros países este país centroamericano aparece como el más respetuoso de los derechos de las minorías étnicas, lo que sin embargo no quita ni disminuye la ominosidad de este ensordecedor silencio e indiferencia ante tan vil asesinato. Con estas palabras y estas líneas quise recordar a Sergio Rojas Ortiz, hermano siempre estarás en nuestra memoria.