El Plan Fiscal como el mítico Caballo de Troya deslumbraba por su grandeza redentora, y ahora resulta que de sus entrañas emerge una soldadesca revestida de proyectos de ley y medidas que tienden a la precarización de los empleados públicos, los pensionados y las pequeñas y medianas empresas, así como a la prohibición de la protesta social… Sale a relucir su verdadero objetivo: arrasar con lo que queda de nuestro Estado Social de Derecho, coartando libertades ciudadanas y derechos adquiridos. Es decir, someter al país a los dictados del capitalismo rupestre y salvaje.
El periódico La Nación, atendiendo a esos dictados –que es su misión histórica–, dedica una de sus “valiosas” páginas a una entrevista al exsuperintendente de Chile don Guillermo Larraín. Destaca en el titular su opinión: “privilegios en pensiones, deben limitarse” (La Nación, 05-08-2019, p.16). Y otra de esas páginas de la misma edición la dedica a un artículo de uno de sus ideólogos, don Jorge Woodbridge, titulado “Ajustar privilegios y cumplir la regla fiscal” (¡una feliz coincidencia, querido Sancho!). Sí, así como se oye, al mejor estilo de la vieja pedagogía escolar, a punta de reglazos, tenemos que someternos a la “ley” (¿desde cuándo el ser humano se hizo por causa del sábado?), aunque esta mate la dignidad de las personas. La Nación se ha venido dedicando, un día sí y otro también, a sacar la basurita en ojo ajeno para ocultar la viga en ojo propio, la de los verdaderos privilegios en este país de la “dinastía de los conquistadores” (Samuel Stone).
El señor Larraín viene de Chile que junto con Argentina están entre los primeros países que privatizaron el sistema de pensiones llevándolo al fracaso total, según la OIT en su último Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018). Al parecer, no lo reconoce. Sin embargo, tratando de corregir el entuerto apuesta por la homogenización de los regímenes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores para coadyuvar a los Estados a superar los déficit fiscales crecientes. Una receta mágica, que también están impulsando algunos proyectos de ley en curso en la Asamblea Legislativa (¡caray, otra coincidencia!). Como hemos venido insistiendo, la receta es populista y fiscalista. De Chile y los chilenos hemos recibido valiosos insumos y debemos estar muy agradecidos. Pero en esta materia, y en la línea que recomienda el señor Larraín, no, y también muchas gracias.
El tope que se fijó de 1.5 millones –más tarde de 1.6– en el Régimen del IVM de la Caja es anacrónico y desfasado. Por esa razón, muchos profesionales del sector público prácticamente no se jubilan o lo hacen a edades muy avanzadas, cerrando horizontes laborales a la generación de relevo e incrementando las tasas crónicas del desempleo. ¿Quién en su sano juicios va a dejar de percibir un salario de 2.5 a 3.5 millones por una pensión de 1.6 millones? Al menos, lo pensaría y postergaría. Si se trata de equidad y razonabilidad, estamos hablando de trabajadores que han aportado cotizaciones brutas muy elevadas y, aunque estemos de acuerdo con el criterio de la contribución solidaria en que se basa el régimen, lo cierto es que resulta altamente inequitativo. También, por esta razón fue que se crearon regímenes especiales, es decir, para mantener el principio de la solidaridad pero también el de la equidad y garantizar la progresividad de los derechos de los pensionados.
Ahora bien, si se quiere ser serio con la reforma en una materia compleja y vital –que incluya régimen del IVM, regímenes especiales, ROP y Pensiones Complementarias– para garantizar desarrollo y bienestar social en un país donde cada vez serán más los jubilados, atendamos a algunos de los once consejos de la OIT en el Informe citado. Por ejemplo, el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación e información objetiva y veraz y conformar comisión o equipos técnicos representativos de los actores implicados.
En este campo y en muchos otros necesitamos concertar políticas de Estado para romper el círculo electoralista y apostar por la sana política que nos conduzca a la Costa Rica próspera y solidaria de los próximos 50 años.
(*) Alvaro Vega Sánchez, Sociólogo.
No pueden seguirse pagando pensiones de lujo en un país de pobres! Así como lo lee!
Don Álvaro, si usted en verdad respeta su inteligencia, usted sabe que las manifestaciones de los sindicatos atienden intereses mezquinos, que los bloqueos ilegales no benefician a nadie más que a ellos mismos, y que el impedirle la atención médica a los pacientes es un acto criminal, que LA MAYORÍA de los costarricense escogió a Carlos Alvarado como presidente sabiendo que el plan fiscal era su principal oferta en campaña. Deje de manipular la verdad y sea responsable con su país, y si usted en verdad se cree las mentiras de Albino, usted o carece de criterio, o es igual de mezquino que él.
No hay forma de justificar las pensiones de lujo.
Las pensiones estan diseñadas para dar en la vejez una vida digna y no para enriquecerse.
Es extraño que el articulista como sociólogo no sepa que el 99% de los costarricenses no gana
1.5 o 1.6 millones de colones mensuales.En una época de la vida que si ha sido ordenado, el adulto mayor tiene vivienda y sus ariculos de necesidad básica, ademas de no tener que mantener familia.
Pero lo mas grave del sociologo es ignorar que las pensiones de lujo, no de la Caja, se llevan el 46 % del presupuesto nacional en algo mas de 10,000 pensionados.Inequidad total y absoluta sin objeciones.
Por ello es el constante endeudamiento y pago de intereses que nos carcome los impuestos para mantener una Nomenklatura de exempleados estatales que legislaron a su favor.
En un pais que se llena la boca hablando del bienestar social esto es inaceptable.
Defender las pensiones de lujo, desde cualquier punto de vista, es un sacrilegio social. El artículo busca mezquinamente defender un privilegio odioso: ¿tiene usted interés personal? ¿O habla por hablar? Mire, en Costa Rica la ruina más grande son las pensiones de lujo creadaspor el seudo socialista Luis Monge, y los megasalarios de empleados públicos. Los políticos se dedicaron a alcahuetear privilegios para hacer lo que les daba la gana con préstamos estatales tipo “cementazo-crucitas/trocha”. Es decir: démosle a la caballa para que callen. A Vargas C, Duran, De la Cruz, Obregón, etc les callaron la boca con megapensiones.