viernes 29, marzo 2024
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La educación debe ser un servicio público, esencial, continuo y estratégico

El colectivo Mujeres por Costa Rica, desde nuestras diversas ocupaciones como trabajadoras, profesionales e integrantes de la sociedad civil y sobre todo como madres, abuelas y compañeras, hemos analizado con preocupación las consecuencias de las huelgas y paros continuos en la educación pública en los últimos años.
El desarrollo histórico de Costa Rica ha sido trazado por la educación como eje fundamental de nuestro bienestar y desarrollo desde 1869 cuando se declaró “la enseñanza primaria de ambos sexos obligatoria, gratuita y costeada por el Estado”.
En Costa Rica, alrededor del 80% de nuestros estudiantes reciben su educación en instituciones públicas. Esos niños, niñas y adolescentes provienen de familias muchas de ellas de escasos recursos, y ven cercenado su derecho a estudiar y a prepararse para un mejor futuro ante las constantes huelgas y paros. Además, ponen en peligro otros programas sociales como por ejemplo la alimentación en los comedores estudiantiles, el pago de becas y el trabajo de miembros de la familia, que deben atender el cuido.
Ante esta disyuntiva, el Colectivo Mujeres por Costa Rica considera que las luchas legítimas por los derechos laborales no pueden poner en riesgo el principio histórico y constitucional de la educación como eje y motor de nuestro desarrollo. Este acuerdo social excepcional debe permanecer, pues nos ha permitido avanzar, pese a las adversidades internas y externas, como país civilista, democrático, generador de alternativas para el desarrollo pleno de las personas y sustentado en la resolución pacífica de los conflictos. No es casual que en este año 2019, el índice de Democracias del Mundo nos ubicara como una de las 19 democracias plenas del planeta, un reconocimiento que solo se asigna a países con larga trayectoria civilista y democrática.
Bajo el interés también de resguardar el derecho que tiene todo ser humano a la educación y haciendo uso del deber que tenemos las personas adultas de velar por el interés superior de la persona menor, nos pronunciamos sobre la imperiosa necesidad de resguardar y proteger la educación como un servicio público estratégico, esencial, continuo y de calidad, sustentado en lo siguiente:
1. La educación como derecho humano. Nuestro país ha adquirido ese compromiso al adherirse a diversas declaraciones, convenciones y acuerdos de las Naciones Unidas desde hace ya varias décadas. Esa condición se concreta mediante acciones tales como el acceso universal, el fortalecimiento de la calidad educativa, el respeto a la equidad y a la igualdad, necesarias para el desarrollo pleno de cada estudiante y su adecuada incorporación al mundo del trabajo, la vida en comunidad y al ejercicio de una ciudadanía responsable y con bienestar.
2. La continuidad del proceso educativo y la no suspensión de lecciones.  La educación como derecho humano requiere de procesos educativos continuos y de calidad, acordes con las transformaciones que el país, el mundo del trabajo y los desafíos globales imponen. Hoy más que nunca debemos proteger y privilegiar la educación como nuestro activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la importancia de la continuidad del proceso educativo del estudiantado.  En ese sentido, la resolución No. 2014-11339 del 11 de julio 2014 relacionada con el ausentismo docente por motivo de capacitaciones, es muy clara al indicar:
“(…) El Ministerio de Educación Pública estaba y está en la obligación de garantizar y tomar las medidas eficaces para que no se interrumpa la continuidad del ciclo educativo por capacitaciones de los docentes. Cómo debe proceder para lograrlo, es un asunto que debe definir el Ministerio (…)”
La resolución además reitera el reconocimiento que “…el servicio público de educación no puede ser interrumpido o suspendido si no obedece a razones o justificaciones objetivas y graves como la trasgresión por el educando del régimen disciplinario del centro de enseñanza…”
Mujeres por Costa Rica valida el derecho a la huelga y la lucha por reivindicaciones laborales justas. Aboga para que sean atendidas y resueltas oportunamente. Sin embargo, reconoce que el derecho a una educación de calidad para las personas menores de edad no puede ser vulnerado.
Por lo tanto, hace un llamado para que la educación sea considerada como un servicio esencial, indispensable y estratégico.

Firma: Erika Henchoz

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4 COMENTARIOS

  1. A criterio de quien o de que, queda la determinacion de cuando una causa es justa o no doña Ericka? El gobierno de turno, la asamblea legislativa, los juzgados?
    Le recuerdo a usted y a su «colectivo» que las pasadas huelgas durante la discusion del plan fiscal, excepto por una, fueron declaradas LEGALES.
    Usted se contradice, usted en realidad no cree en las luchas por los derechos justos de los trabajadores al pedir declarar a este servicio esencial en miras de lo que se viene con la nueva ley antihuelgas de Carlos Benavides.
    Increible que este diario el Pais, tan lejos ahora de lo que fue en su fundacion, de espacio a tanta demagogia hipocrita, con gente que alega respaldar a los trabajadores en su derecho de defenderse mediante el mecanismo de las huelgas, sabiendo que si pasa lo que esta señora pide, los maestros perderian este importante mecanismo de manera absoluta con la amenaza de perder sus trabajos.
    Mientras tanto yo como padre de una niña que estudia en una escuela publica, veo que sin haber huelgas nuestra educacion padece de tantas deficiencias que una huelga de seis meses no parecio afectar tan negativamente el rendimiento academico de muchos estudiantes, como tuvo que haber sido por supuesto, pero no se ve por que ni doña Ericka ni este Colectivo han publicado una sola nota en este sitio sobre la deficiente educacion publica y sus retos, dejando en claro que su unico objetivo es señalar las huelgas como las unicas causantes del deterioro de nuestra educacion, cuando en realidad, sin huelgas volveriamos a la Costa Rica de la colonia, siendo la educacion una cosa para algunos pocos.
    No creo siquiera que doña Ericka tenga algun hijo, nieto o familiar en alguna institucion publica basica o de educacion media.
    Los que si tenemos deberiamos apoyar mas a los maestros de nuestros hijos, si confiamos en ellos para la educacion de los mismos, por que tambien creemos que ellos irian a una huelga sin tener las razones justas? En tal caso si creemos que los maestros van a huelga por que «les da la gana» entonces envien a sus hijos a una escuela privada la cuales no tienen sindicatos pora la persecucion que vive el sindicalismo en el sector privado de nuestro pais. De esto tampoco habla este «Colectivo».

    • Señor Obando, el colectivo Mujeres por Costa Rica es un grupo conformado por personas de diversa afiliación política y religiosa, quienes nos desempeñamos en diferentes oficios, profesiones y quehaceres. Somos madres, esposas, hijas, abuelas, compañeras, amigas y nos hemos unido en este colectivo porque nos inquieta mucho aportar a un mejor rumbo del país. El pronunciamiento publicado (que fue remitido por Érika Henchoz) refleja el sentir nuestro y el de muchas personas preocupadas ante todo por el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Reconocemos el impacto fundamental que tiene la educación en el bienestar de las personas y por supuesto que tenemos también propuestas para fortalecerla pues además, muchas de nosotras somos educadoras y hemos desempeñado diversos cargos en TODOS los niveles de la estructura educativa. Pero por ahora no me referiré a propuestas sino solo a su comentario.
      Es obvio que usted defiende a los trabajadores, sus derechos, sus necesidades. Nosotras estamos de acuerdo en defender esos derechos pero, POR ENCIMA DE TODO, procuramos velar por el bienestar de las personas menores de edad. Eso es una norma jurídica legal MUY SABIA que tenemos aún en nuestro país y que nos aclara que, ANTE CUALQUIER DECISIÓN que debamos tomar, SE DEBE PRIVILEGIAR (o poner de primero) EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR. En ese marco, como adultos estamos obligados y obligadas a defender, primero y antes que nada, los derechos y los beneficios de nuestros niños, niñas y adolescentes y eso, claramente, no está sucediendo. En el barullo de argumentos que se ha esgrimido para defender el derecho a la huelga y otros intereses más que tenemos las personas adultas, hemos puesto en segundo plano LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE NUESTROS MENORES, perjudicando con ello su mejor desarrollo actual y a futuro.
      Es muy extraño que usted, padre de una hija como dice que es, no valore el daño que le hacemos a nuestros estudiantes cerrando escuelas y colegios. No es cierto que los tres meses de huelga del 2018, el boicot al Mes Patrio que se hizo el año pasado y que parece quieren repetirlo este año nuevamente, y las huelgas intermitentes de este año, han causado daños IRREPARABLES en nuestros estudiantes, como reiteradamente lo ha dicho la Ministra de Educación. El proceso educativo debe ser continuo y permanente según lo planeado pues de lo contrario quedan «lagunas» y curvas de olvido que provocan aprendizajes a medias. Eso lo tenemos claro quienes nos vinculamos seriamente al quehacer educativo.
      El tiempo perdido es irreparable y en este momento, el 80% de los estudiantes que conforman la educación pública (entre quienes están las familias más desfavorecidas y vulnerables del país) ven afectado su proceso educativo y se ven obligados a arrastrar rezagos considerables, en clara desventaja a futuro.
      Nuestro llamado es para que pensemos primero en la persona menor. Pongamos su interés por encima de cualquier otro. Privilegiemos principalmente sus derechos. Pensemos en sus futuros. Dejemos de utilizar a nuestros estudiantes, directa o indirectamente, para fines que debemos resolver, como adultos, de otra forma. En fin, que pongamos las cosas en su justa dimensión.
      Firma: Alicia E. Vargas Porras

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