Reorganizar este caos requerirá un gran trabajo de negociación y consenso entre el gobierno central y las organizaciones sindicales de trabajadores. Un gran acuerdo nacional. El camino que han seguido de imponer soluciones surgidas o pactadas en los centros de poder y al margen de los interesados no ha conducido ni conducirá a buen puerto.
Me consta porque me tocó vivirlo en mis tiempos de dirigente sindical en el sector público en los años finales de los setentas y principios de los ochentas del siglo pasado. Siempre peleamos por reajustes salariales a la base que compensaran la inflación y el incremento en el costo de la vida.
Generalmente la respuesta del gobierno era negativa o aceptando incrementar míseros centavos. Después del forcejeo acostumbrado, en medio de manifestaciones y huelgas, el gobierno accedía a un pequeño reajuste salarial a la base y un adicional en eso que ahora se denominan pluses, es decir, fueron inventando compensaciones salariales por riesgo profesional, anualidades, carencia de servicios, etc. Inclusive el bono escolar tuvo sus orígenes así.
Se dice que hay 121 pluses y no es que un empleado los goce todos, es que se fueron creando para diferentes profesiones, todos con el interés de evadir la concesión de un justo aumento a la base salarial. Es natural ahora que el gobierno haga lo posible porque se aprueben reajustes salariales muy pequeños a la base, pues estos repercutirán en los pluses. Un caso que ilustra este drama fue el resultado de las negociaciones de la huelga de los médicos de la CCSS a principios de los años ochentas, donde se estableció el llamado “enganche salarial”, una de las cosas más absurdas que se han dado en este país, donde lograron que los reajustes salariales a los empleados del poder central, fueran cuadruplicados para ellos, sin costo ni lucha alguna. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos se limitaran mucho para otorgar reajustes salariales justos a los empleados del poder central, pues sabían que la ley les obligaba cuadruplicarlos para los médicos lo cual significaba un desembolso de lo más oneroso, perjudicando de esta manera a policías, conserjes.
Siendo promotor de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) me tocó ser Secretario General del Sindicato de Empleados de Desarrollo Comunal (SEDECO). Como es conocido, este movimiento comunal es regido bajo la ley 3859 creada en el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández y uno de sus artículos establecía que todos sus funcionarios debían ser nombrados a través del Servicio Civil. Sin embargo, durante el gobierno de Don Daniel Oduber Quirós, después de creado el Programa de Asignaciones Familiares, comenzaron a utilizar parte de esos dineros para nombrar personal a plazo fijo y sin pasar por los controles del Servicio Civil, generalmente para recompensar servicios en campañas electorales lo que hoy es conocido como “pegabanderas”. Lo hacían a sabiendas que estaban violentando la ley en un claro delito de prevaricato y por lo cual el sindicato tuvo que abocarse a dar una fuerte lucha para que se respetara la ley y también al resto del personal que si había tenido que someterse a los coladores que contempla.
También, con la creación de las instituciones autónomas, se fue desfigurando el espíritu que animó a los constituyentes de 1949, en cuanto a la estabilidad laboral y excelencia que pretendieron al crear el Estatuto de Servicio Civil, creando grandes disparidades salariales entre instituciones entre oficios y profesiones.
Tampoco es secreto que eso que ahora denominan “gollerías”, es decir ventajas en la Convenciones Colectivas no establecidas en el Código de Trabajo, fueron en su mayoría pactadas en negociaciones entre gobiernos del PLN y sindicatos dirigidos por militantes del Partido Liberación Nacional, como una forma de estimular la pertenencia de los empleados a los llamados “sindicatos democráticos” en contraposición a los llamados “sindicatos rojos”. ¿Por qué razón? Es sabido que los sindicatos que no pertenecían a la corriente liberacionista, tenían que recurrir a fuertes luchas, manifestaciones y huelgas para lograr algunas cosas para sus afiliados.
Lo que está haciendo la Sala Constitución de eliminar beneficios pactados entre las partes en una Convención colectiva, que según la Constitución Política, tiene FUERZA DE LEY, es una de las cosas más inauditas que hemos observado en los últimos tiempos.
Lo cierto del caso es que son sucesivos gobiernos quienes han venido tejiendo una telaraña o más bien laberinto o alambique, del cual no encuentran ahora manera de salir. Seguramente a algún gobernante se le ocurra la idea de contratar una consultoría de muchos millones de dólares a allegados suyos para que resuelvan este problema. Eso agregará un punto más al tema de la corrupción. Ojalá alguna entidad como la Universidad de Costa Rica asuman esta tarea, con los costos mínimos, como un aporte patriótico que se desprende de su misión.
Reorganizar este caos requerirá un gran trabajo de negociación y consenso entre el gobierno central y las organizaciones sindicales de trabajadores. Un gran acuerdo nacional. El camino que han seguido de imponer soluciones surgidas o pactadas en los centros de poder y al margen de los interesados no ha conducido ni conducirá a buen puerto.
(*) Juan Félix Montero A. Educador pensionado.
Más o menos, su artículo mezcla verdades con mitos, dándole un dramático carácter de híbrido al megaproblema que enfrentamos todos los costarricenses: 20.000.000.000.000 de deuda interna: impagable y que nos lleva a un nuevo precipicio antes de seis meses. Claro que se puede desenrollar la madeja, únicamente se necesita fuerza de carácter. La solución es muy difícil porque la mayoría del sector aristócrata del sector público, no puede ceder porque están profundamente endeudados y no podrían honrar las deudas con un reajuste salarial, pero los lacayos del sector público no tienen ese problema. Me parece que “o privatizamos todo o nos quedamos sin país”
Precisamente nos estamos quedando sin país, gracias a las privatizaciones. Apagar incendios con gasolina es esa propuesta
En general coincido con don Juan Félix, si bien es cierto que los llamados pluses representan un porcentaje alto de los salarios de los burócratas, también lo es que la base salarial es muy baja.
Hasta el momento no ha existido (o al menos no se ha hecho público) algún estudio de mercado serio que compare los salarios de los funcionarios públicos con los de sus similares del sector privado, los medios de comunicación (que se dicen serios) siempre hacen publicaciones infundadas en las que se comparan condiciones diferentes o falsas, por ejemplo he leído «estudios» realizados por un periodista en el que compara los salarios de los funcionarios con los salarios mínimos de Ley, o se compara el promedio de los salarios reportados a la CCSS del sector privado con el promedio del sector público,siendo que que en el sector privado el 80% son trabajadores no calificados y en el sector privado se invierte esta relación.
Los sindicatos han caído en el juego y sus dirigentes son tan ignorantes que no han sabido defender a sus asociados, y en su lugar limitan la discusión a los pluses, haciendo un favor gratuito a los sectores conservadores y al gran capital.
La eliminación de pluses e incremento de la base, se le llama «salario único» en la jerga sindical, esto se ha venido implementando en algunas instituciones del estado, como el BNCR, pero los sindicatos también se oponen a esto, a esos nunca se les va a quedar bien, sin llevar la contraria y sin huelgas, los sindicatos de este país pierden su razón de ser, ya que sus líderes son gente incapaz de hacer algo productivo.
Para el gran capital lo único aceptable como salario único es que los trabajadores solo reciban el salario base actual, porque nadie les saca de su cabeza que los funcionarios ganan tres veces lo que se merecen.
Negociaciones entre «compadre hablado » es la que nos llevaron a este problema.
De un lado y del otro eran los mismos,haciendo la pantomima de un forcejeo, cuando en realidad todos los «negociadores»son empleados públicos, sirviéndose con la cuchara grande, unos mas que otros, pero todos beneficiados a costillas de las grandes mayorías.Esa es la verdad.Todo lo demás es cuento de camino, y ahora la realidad y los números revientan en la cara, porque sencillamente no hay «cama pa’ tanta gente «.