domingo 5, febrero 2023
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La CIDH exige a México que proteja a activista de DDHH que se opone a proyecto eólico

Ciudad de México, 4 oct (Sputnik).- La vida de la defensora indígena Lucila Bettina Cruz Velásquez está en riesgo por oponerse a proyectos de energía eólica en Oaxaca, sur de México; por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó la urgencia de implementar «medidas cautelares» (urgentes) ordenadas en 2018, informó el jueves la organización Global Rights Advocacy (GRA).

«Debido a su trabajo como defensora de derechos humanos protegiendo tierras indígenas del desarrollo eólico en el estado de Oaxaca (sur), su vida e integridad personal se encuentran en riesgo extraordinario», dijo la organización en un comunicado.

Para resistir el «desarrollo injusto de la industria eólica», las comunidades originarias Ikoojts y Binni Záa constituyeron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa del Territorio y fundaron la Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (Apoyo).

Como miembros fundadores, Cruz Velázquez, su familia y su comunidad «enfrentan grave peligro», dijeron los originarios ante la CIDH.

Los organizadores recibieron múltiples amenazas y hostigamientos debido a su oposición a los parques eólicos en años recientes y «uno de los miembros de la Asamblea incluso fue asesinado».

A pesar que la CIDH emitiera en 2018 las mencionadas medidas urgentes, requiriendo protección para los activistas, «el Gobierno nunca atendió el origen del riesgo».

Las autoridades no investigaron las amenazas y atentados a su seguridad, y «las medidas que instauraron fueron inadecuadas, incluyendo radios, cámaras rotas y patrullajes inconsistentes, con gastos a cargo de los beneficiarios», dice el informe.

Ante las deficiencias del plan de protección «el riesgo ha aumentado recientemente por su activismo en contra de un proyecto minero en la comunidad de La Ventosa, Juchitán».

El GRA, en conjunto con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, y el apoyo de la escuela de derecho de la Universidad de Washington, presentaron una demanda contra el proyecto Eólicas del Sur ante la CIDH, que analizó el caso el 24 de septiembre pasado, con participación de representantes federales mexicanos.

La solicitud pide «determinar la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a la propiedad comunal», entre otros derechos.

Solicita también «especial atención al riesgo que corren las comunidades» tras la construcción y puesta en funcionamiento de 132 aerogeneradores en dos polígonos de Juchitán, localidad de las costas de Oaxaca frente al océano Pacífico, que producen 216 MW de energía.

Derechos ancestrales versus desarrollo injusto

En esa localidad emblemática de la cultura indígena de Oaxaca los aerogeneradores rodean los pueblos.

«Los residentes tienen miedo que se les caigan encima, se quejan de vértigo y problemas de oídos, temen que las fuertes vibraciones emitidas por los molinos cuando dan vuelta sean la causa de sus males», explica la querella internacional.

Las comunidades notaron también que el ganado que está alrededor de los generadores de energía eólica paren con menor frecuencia y se redujo la cantidad de leche que producen.

«El aceite que tiran las turbinas contamina la tierra, y los pocos beneficios prometidos a los pescadores fueron incumplidos», denunciaron.

Esa energía se distribuye a empresas en contrato con Eólica del Sur y de forma alguna distribuyen la energía eléctrica a sus comunidades indígenas.

Los inconformes pidieron al Estado mexicano «considerar las obligaciones de respeto y protección que imponen los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, tanto al gobierno como a corporaciones», generadoras de energía.

La empresa Eólica del Sur es casi invisible, ni siquiera cuenta con una página web que explique sus actividades, sus políticas en derechos humanos, el impacto de sus actividades o mecanismos de reclamo disponibles.

Solicitaron además al Estado mexicano, que «desde sus más altas autoridades, reconozca públicamente el riesgo en el que se encuentran y el valor del trabajo de defensa de la tierra».

Los defensores argumentan que «el viento es un recurso natural profundamente ligado a las cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan Oaxaca».

En las últimas décadas, los gobiernos mexicanos permitieron la construcción de gigantescos parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

Pero los autorizaron «sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas».

Los puestos de trabajo prometidos a los residentes quedaron en manos de gente de ajena a las comunidades, y «su forma de vida se puso en peligro por el impacto social y ambiental de las turbinas. Oaxaca está sumido en la pobreza».

Las comunidades indígenas desafiaron al Gobierno y a Eólica del Sur hasta llegar a la Corte Suprema, pero la Primera Sala del máximo tribunal, en una opinión dividida, desamparó a las comunidades indígenas, «en una inexplicable violación al derecho».

Con el asesoramiento de Global Rights Advocacy, las comunidades presentaron ante la CIDH, que se reunió en Washington la semana anterior, una nueva petición contra el proyecto Eólicas del Sur para determinar la responsabilidad internacional de México por violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

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