La Paz, 5 oct (Sputnik).- Un cabildo cívico-político realizado este viernes en Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia y segundo en cantidad de electores, llamó a un «voto castigo» contra el presidente Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre, en las que el líder indígena buscará un cuarto mandato consecutivo.
«Hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestros votos del 21-F (referendo anti-reelección), con la consigna del voto castigo (…) Escojamos a nuestros candidatos y castiguemos a nuestro dictador», en alusión a Morales, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El líder regional hizo el anuncio en el discurso de cierre del cabildo nocturno al que concurrieron decenas de miles de personas, en la reunión opositora más grande de la campaña electoral, según reportes de televisión.
Previamente, una activista femenina había pedido a los asistentes que juren «desconocimiento (a) un posible fraudulento cuarto mandato del binomio dictatorial e ilegal conformado por Evo Morales y (su vicepresidente) Álvaro García Linera».
«Sí, juramos», corearon los asistentes, entre ellos el candidato opositor Óscar Ortiz, acompañado por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas.
Morales es favorito para ganar las elecciones, según todas las encuestas de intención de voto publicadas en los dos últimos meses, algunas de las cuales le dan ventaja incluso en Santa Cruz.
La consulta de la activista y el discurso del líder cívico parecieron confirmar la advertencia gubernamental de que el cabildo tenía principalmente un fin electoral, dejando en segundo plano las protestas contra los recientes incendios forestales en esa región y el apoyo pedido por los colegios médicos en huelga.
«Éste es el punto de partida y les aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente, porque aquí se prende la llama», proclamó Camacho.
El cabildo resolvió también dar plazo hasta la próxima semana para que se anulen una ley un decreto de Morales que autorizaron la ampliación de la frontera agrícola, que la oposición y activistas ambientales consideran causantes de los incendios que arrasaron casi cuatro millones de hectáreas de tierras cruceñas.
Esta resolución fue aprobada en medio de duras condenas a la negativa del Gobierno a declarar desastre nacional por los incendios.
El cabildo hizo una «declaratoria ciudadana» de desastre e instruyó a dirigentes cívicos y autoridades de Santa Cruz que gestionen ayuda internacional para la recuperación de los bosques y pastizales consumidos por el fuego.
En respaldo a la huelga médica, la asamblea callejera decidió apoyar la demanda de incremento del presupuesto estatal de salud hasta el equivalente del 10 por ciento del producto interno bruto, lo que equivaldría a unos 4.000 millones de dólares el próximo año, más del doble de lo previsto oficialmente.
Dirigentes de comités cívicos de otros departamentos confirmaron que organizan cabildos similares para el 10 de octubre, en los que prevén seguir la línea de las resoluciones de Santa Cruz.
