Se aproximan en diversos países las elecciones generales para que el pueblo decida (?) a quién desea como gobernante del país. Y ello va desde Bolivia y Argentina, hasta los mismos Estados Unidos de América. Y la tónica general en todos los casos es la estupidez colectiva, producto de la manipulación que ejercen los medios de comunicación sobre el pensamiento ciudadano.
Carlo M. Cipolla nos advierte en su breve ensayo sobre “Las leyes fundamentales de la estupidez humana” que la humanidad se encuentra en un estado deplorable. Añade que desde Darwin sabemos que compartimos nuestro origen con el resto de las especies del reino animal, las cuales tienen que soportar sus dosis cotidianas de tribulaciones, temores, frustraciones y adversidades.
Sin embargo, nosotros los humanos tenemos que cargar con una dosis extra de tribulaciones cotidianas, provocadas por un colectivo perteneciente al propio género humano y que sin estar organizados actúan en perfecta sintonía. Similar a la “mano invisible”, que según Adam Smith guía a los mercados, pero que en este caso si funciona, consiguiendo una gran eficacia en la actividad del grupo. Se refiere a los “estúpidos”.
La 1ª Ley ya nos pone en guardia, pues dice: “Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo”.
Si el escenario sobre el que enfocamos la conducta electoral norteamericana, argentina, boliviana o cualquier otra, lo centramos en los aspectos económicos, democráticos, laborales y sociales como elementos constituyentes de lo que denominamos una forma de interpretar la realidad del país, comprobamos que hasta ahora, y parece que, desgraciadamente esta tendencia continúa, la mayoría social de los EEUU, por ejemplo, que se encuentra entre las víctimas de las medidas adoptadas por sus propios gobernantes y los oligarcas que los manejan, y a la hora de emitir su voto lo hacen volviendo a elegir a quienes son los causantes de sus desgracias.
Es decir, su conducta electoral les perjudica y, en cambio, beneficia a quienes los hechos muestran que los han llevado a la pobreza mediante las múltiples estafas, corrupciones de todo tipo, y legislando en beneficio del capital a costa del resto de la población.
Este es un ejemplo típico de conducta incauta. Pues con su voto se perjudica a sí mismo y a los que comparten su situación socioeconómica (trabajadores, desempleados, jubilados, discapacitados, etc.) en beneficio de “otros” (capital y sus servidores) que precisamente son el origen de sus penurias y calamidades.
Como podemos apreciar de inmediato, al parecer el elector de otros países es tan estúpido como el nuestro. Tan manipulable, tan falto de recursos para imponer su voluntad, y tan engañado como siempre por los gobernantes.
Se acercan, en nuestro caso, las elecciones de medio período en las que escogemos a quienes deseamos se encarguen de los gobiernos locales, que por lo general despreciamos como a entidades de poca importancia. Craso error, sobre todo si usted en propietario de un bien inmueble y analiza hasta qué punto le han subido los cargos por servicios y los impuestos de inmuebles, sin comunicárselo siquiera, como es el caso de la Municipalidad de Curridabat para poner un ejemplo. Su indiferencia le ha permitido a sectores políticos de segunda y tercera categoría adueñarse de determinados gobiernos locales, en donde no existe un control ciudadano efectivo sobre las decisiones arbitrarias que allí se toman, y en donde hacen fiesta con nuestros recursos financiando muchas veces burocracias inoperantes.
El TSE otorga a los partidos políticos un tiempo para que den a conocer su ideología y sus propuestas, con el propósito de generar un voto informado. Y yo le pregunto: ¿Ha recibido Usted, alguna vez, información de algún partido político, aunque sea cantonal, sobre sus propuestas para obtener su voto ? Al parecer, se fomenta intencionadamente la indiferencia pues es la mejor arma para obtener fácilmente una elección, impulsando a los partidarios a votar y alejando a los contrarios o la masa de votantes, a través de la indiferencia y el abstencionismo.
Hace cuatro años reflexioné sobre este tema, y vuelvo a traer éstas a su consideración.
Se han iniciado ya, aunque tímidamente, las actividades electorales de los diversos partidos políticos, orientadas a lograr la elección de sus candidatos en los gobiernos locales. Son las que llamamos elecciones de medio periodo y que en otros países tienen bastante importancia, porque se convierten en una evaluación del gobierno vigente, pero que en el nuestro no significan nada. Y empiezan los medios de comunicación a festinar nombres, aunque la mayoría de las veces se refieren a aquellos candidatos que tiene o condenas penales o causas o denuncias similares, pues en este país no es impedimento ser un delincuente para ser gobernante en cualquier nivel. Sin embargo, es notorio que no existen expresiones de las orientaciones de los candidatos, cuando las tienen, porque a veces no, sino que son oportunistas vulgares, y según las preferencias de los dueños de los medios, se tiende a favorecer a unos frente a otros.
Pero muy poco se habla de la inmadurez de nuestro sistema electoral, porque se pierde el tiempo inútilmente en alabar la “antigüedad” de nuestra democracia, olvidando los gobiernos autoritarios del Siglo IXX y principios del Siglo XX, ya que una de las características de los políticos criollos y los seudointelectuales que los respaldan, es olvidar el pasado del país; y aún menos de las reformas a dicho sistema, que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, porque a los partidos tradicionales allí representados no les conviene cambio alguno, que no sea el que les favorezca para el mantenimiento de las distorsiones existentes.
Diversas son las distorsiones jurídicamente consolidadas en la formación y expresión de la representatividad política de los ciudadanos, a través de los partidos políticos, las cuales son el resultado de varios factores.
En primer lugar, la insuficiencia de las previsiones legales dirigidas a garantizar el funcionamiento democrático de las agrupaciones políticas, lo cual permite que las mismas sean realmente rebaños dóciles ante las disposiciones del caudillo o la cúpula dominante; en segundo lugar, al menoscabo que sufre la expresión del pluralismo cuando en los procesos dirigidos a este fin se otorga en el Tribunal Electoral un tratamiento legal privilegiado a los partidos respecto de otras entidades, como podrían ser asociaciones de electores; en tercer lugar, cuando se conceden ventajas a las agrupaciones que ya están en las lides electorales desde hace tiempo, frente a nuevas agrupaciones que pudieran surgir, como es el caso de que las primeras obtienen financiamiento del Estado para sus campañas, mientras que las segundas no. Y todo ello está plasmado en blanco y negro dentro de la legislación y la normativa electoral.
Es notoria la ausencia de democracia interna en los partidos políticos lo cual es definitivamente un obstáculo para el ejercicio de sus funciones públicas, ya que muchas veces la elección de los precandidatos se fundamenta en la fuerza de las “camarillas” y de su respaldo financiero, no siempre muy claro; de igual forma, en menoscabo del pluralismo en el proceso de selección de los representantes del partido, se otorga excesiva importancia a la “figura” del candidato y del grupo que lo acompaña, olvidándose que el ordenamiento democrático configura el proceso electoral como una forma de interiorizar el pluralismo político existente en la sociedad, de manera que los órganos del Estado de carácter representativo reflejen proporcionalmente en su composición aquella diversidad, y si ello no existe dentro del partido político, menos aún podrá serlo en los órganos representativos.
Por otro lado, es notoria la necesidad de reformar el sistema de financiación de los partidos políticos como exigencia del principio democrático, medida ineludible para subsanar, o al menos aminorar, los graves problemas que plantea; en especial, el deficiente sistema de control de la contabilidad que han de llevar las entidades políticas receptoras de subvenciones públicas. Y agregamos algo que no se discute: la posibilidad de financiamiento de nuevas agrupaciones, que tiene cerradas las puertas para ello.
De igual forma, se hace ya notorio que es indispensable normar sobre el transfuguismo de representantes elegidos por los electores a través de un partido y que posteriormente se separan de él, como sucede con los diputados, que no es más que la expresión de una concepción patrimonial y no funcional del cargo de representación, llevada a cabo por el representante que está incurriendo en una deslealtad en el ejercicio de su función.
Debe recordarse que la titularidad de un cargo de representación constituye una habilitación normativa para le expresión de la representatividad conferida por los electores, con lo que queda claro que los representantes no son sus dueños; esa representatividad no les pertenece, sino que los titulares del cargo son, más bien, un instrumento al servicio de la realización de la misma.
Con estas observaciones, o consideraciones si así quiere usted llamarlas, notamos de inmediato que algunas cosas están definitivamente mal en nuestro sistema electoral, y que los partidos políticos no son ni de lejos lo que deberían ser: un espacio para la convivencia democrática del pluralismo social, que aunque se encuentre dentro de una línea de pensamiento político definido, da espacio para las divergencias y contraposición de criterios.
Ahora se entiende por qué los partidos políticos criollos son en realidad agrupaciones alrededor de un caudillo que capitalizan la ingenuidad del electorado, su ignorancia política, y el borreguismo con que siguen figuras que, después de sus períodos de gobierno, se descubren como delincuentes de cuello blanco, como ha sido la experiencia de al menos los años anteriores.
¿Qué sucederá, en consecuencia, en las elecciones municipales? Probablemente lo mismo que en las elecciones anteriores: en algunos casos la ciudadanía será embotada con una propaganda demagógica, se la creerá y continuará la partidocracia que tanto daño nos ha hecho. Y lo peor de todo esto es que no existen alternativas para solucionar el problema, ya que los magistrados del Tribunal Electoral tienen “tinte político definido” o deben sus cargos a partidos específicos.
La ecuación neoliberalismo y ausencia de ética, montada sobre un sistema electoral entrabado por los intereses electoreros, no augura nada bueno. Pues no se puede esperar que se lleven a cabo las reformas indispensables.
Las elecciones municipales en nuestro país están disminuidas en el pensamiento popular, se les considera de poca importancia, sin significado alguno, que tampoco se le otorga al gobierno local. Y se olvidan los ciudadanos que en el proceso de descentralización iniciado hace cuatro décadas, se han transferido enormes fondos a los municipios para que realicen obra, como por ejemplo las relacionadas con la red vial de su cantón.
Se olvidan también los ciudadanos y los políticos tradicionales, que el apoyo popular se inicia en los gobiernos locales. Si un partido político asume la responsabilidad del gobierno de un cantón, por ejemplo, y hace una buena labor, es muy posible que los ciudadanos de ese cantón trasladen su experiencia y su apoyo a ese mismo partido en las futuras elecciones presidenciales y legislativas. Y si un político (como uno que todos conocen muy bien) acarrea sobre sí sospechas de administración deshonesta, esas mismas sospechas afectan al partido como un todo.
Por otro lado, no hay peor actitud ciudadana que la indiferencia frente a los múltiples problemas que hoy azotan al país. Indiferencia traducida en la inacción ciudadana ante un escenario político y social corroído y en el que el ejercicio abusivo del poder político pareciera que se hubieran impuesto ante una sociedad que se mantiene inerme y cuya indiferencia y/o pasividad en unos casos está motivada por el miedo e intimidación que se supone puede presentarse en casos de disenso con las conductas de gobernantes.
Por los resultados alcanzados en la vida cotidiana tal como apreciamos ha generado importantes réditos a quienes para nada están interesados en que reine la vigencia plena del Estado de Derecho. Indiferencia ciudadana que de mantenerse así por un tiempo más se convierte en una grave amenaza para acabar con la ya languideciente democracia costarricense.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
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