viernes 31, marzo 2023
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José María Villalta denuncia penalmente a Ministro MOPT, funcionarios de la concesión de la TCM Moín y autoridades de APM

San José, 12 Nov (Elpaís.cr).- El diputado José María Villalta presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el Ministro de Obras Públicas y Transportes; Gerentes del Proyecto TCM del Consejo Nacional de Concesiones; y gerentes y encargados de APM Terminals Sociedad Anónima.

La denuncia alega que mediante oficios ilegales y otras acciones, el MOPT está impidiendo que JAPDEVA atienda buques que le corresponden y los desvía a la Terminal de Contenedores de Moín administrada por la empresa APM, acciones que están causando pérdidas millonarias a la institución.

«Personeros de APM han perpetrado un fraude que consiste en presentar como barcos totalmente celulares (fully cellular) barcos portacontenedores que arriban a los puertos del Caribe y que claramente no lo son, para impedir que JAPDEVA pueda atenderlos según el contrato de concesión y así garantizarse la atención exclusiva de la totalidad de estos barcos, obteniendo un beneficio económico indebido», indicó Villalta en un comunicado de prensa.

Añadió que «las autoridades gubernamentales del MOPT y el Concejo Nacional de Concesiones han posibilitado y facilitado esta conducta fraudulenta con resoluciones arbitrarias contrarias a las competencias legales de JAPDEVA. Además, han incumplido obligaciones básicas como realizar visitas para verificar los tipos de embarcaciones».

Para Villalta, estas acciones señalan una posible comisión de los delitos de fraude o estafa en perjuicio de JAPDEVA y la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, prevaricato e influencia en perjuicio de la Hacienda Pública, entre otros.

“Es claro que la intención del gobierno no es transformar JAPDEVA si no quebrarla con acciones ilegales que le impiden trabajar. Insisten en que APM opere sin ninguna competencia aún después de que el sector exportador señalara el fiasco que ha resultado el proyecto. Las personas responsables del daño a una institución pública y la provincia de Limón deben asumir su responsabilidad y enfrentar las consecuencias”, señaló el diputado.

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