Barcelona, 18 nov (Sputnik).- El presidente catalán, Quim Torra, acusó de «imparcialidad» a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo juzgó este lunes 18 de noviembre por un delito de desobediencia.
«Que este juicio no ha contado con las garantías necesarias me parece obvio. También me parece obvio que este no es un tribunal imparcial», aseguró el líder catalán durante su turno de última palabra al finalizar el juicio, que quedó visto para sentencia.
En un último parlamento permitido tras concluir la sesión, el presidente del Gobierno catalán destacó que es la primera vez en la historia de Cataluña que un presidente de la Generalitat en ejercicio «se sienta en el banco de los acusados».
«Yo no he venido aquí a defenderme de nada, cumplí con el deber de mi cargo y acuso al Estado de vulnerar mis derechos» pronunció el presidente catalán, quien admitió haber desobedecido a la Junta Electoral al negarse a retirar de edificios públicos las insignias de apoyo a los políticos catalanes encarcelados.
«No podía ni debía acatar a la Junta como Presidente de la Generalitat», reiteró Torra en línea con el principal razonamiento de su defensa, que argumenta que el órgano electoral no tenía competencia sobre el Gobierno catalán durante un periodo de elecciones en España y por lo tanto sus órdenes eran «ilegales».
El presidente catalán está acusado de un delito de desobediencia por no retirar unos lazos amarillos y pancartas en recuerdo de los «presos políticos» catalanes de la fachada de varios edificios públicos durante el periodo electoral previo a los comicios del 28 de abril.
En concreto, Torra se enfrenta a hasta dos años de inhabilitación de cargos públicos y una multa de 30.000 euros, una condena que el mismo presidente declaró «bienvenida».
«Me podéis condenar pero no cambiaréis en absoluto mi compromiso con Cataluña, ni la voluntad del pueblo, ni el destino de este país», sostuvo el presidente al final de la sesión.
El juicio, que comenzó a las 9:00 (hora local) y se alargó hasta las 18:00, prescindió de todos los testigos con cargos políticos, entre ellos la delegada del Gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera, y el consejero de Interior, Miquel Buch, aunque sí comparecieron agentes de la Policía Nacional y un dirigente de la policía catalana.
Durante la sesión, el fiscal argumentó que el comportamiento de Torra al no retirar las insignias tras la petición de la Junta fue «deliberado» y demostró «menosprecio y falta de respeto institucional».
Por su parte, la acusación particular formulada por la formación de ultraderecha Vox vio una «voluntad manifiesta y pública de incumplir la resolución» por parte del presidente catalán, que admitió en varias ocasiones haber desobedecido las órdenes del organismo.
En su turno, la defensa del presidente encabezada por el abogado Gonzalo Boye solicitó que se elevara el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una petición que fue rechazada por el tribunal, que dio por terminada la sesión.
Si el TSJC declara culpable al presidente catalán, este tiene la posibilidad de recurrir y elevar el caso al Tribunal Supremo, que a su vez tiene potestad para emitir una sentencia firme, o puede acatar la condena que le imponga el tribunal catalán.
La inhabilitación de Torra dejaría al vicepresidente Pere Aragonès a cargo del ejecutivo catalán y a la espera de un pleno de investidura en un plazo de diez días, que en caso de no prosperar terminaría en una convocatoria de elecciones para el Gobierno catalán. (Sputnik)
