Lima, 26 Nov. (EUROPA PRESS).- Al menos 120 personas han sido detenidas durante la huelga de chóferes de taxis colectivos –vehículos privados utilizados para transporte de pasajeros–, que han bloqueado varias carreteras de la capital, Lima, para exigir su formalización.
La Policía peruana ha informado de que las detenciones se deben a delitos de alteración del orden público, daños a la propiedad pública y privada, afectar el tránsito vehicular y atacar a la autoridad.
«La Policía Nacional actuó de manera simultánea en diferentes zonas de intervención, entre ellos los puntos de concentración más grandes y concurridos de Villa El Salvador, Carabayllo, Chosica, Huaycán, Jesús María y Cercado de Lima», ha explicado el cuerpo, según recoge el diario peruano ‘El Comercio’.
Debido al paro, desde la madrugada se reportaron enfrentamientos entre «colectiveros» y policías en vías de Carabayllo, Puente Piedra, Villa El Salvador, Huaycán, San Juan de Lurigancho, entre otras jurisdicciones. En la avenida Túpac Amaru, los choferes interrumpieron en varios puntos el servicio del Metropolitano.
La Policía ha desplegado un contingente de 5.710 agentes de la Unidad de Servicios de Especiales, División de Emergencias, Unidad de Policía Montada, Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Dirección de Operaciones Especiales y comisarías de diversos puntos de la ciudad.
Los taxistas de Lima y Callao están en huelga para exigir que el servicio que prestan sea formalizado, ya que la actual legislación peruana prohíbe el taxi colectivo como medio de transporte. Por ello piden que el Gobierno emita un decreto de urgencia que les permita seguir operando.
La movilización, denominada «Marcha pacífica por la formalización del taxi colectivo y cese del retiro de placas y retención de licencias» fue convocada por la Asociación Federación de Transporte Lima Sur con una participación estimada de 20.000 personas.
El alcalde de Lima condena la violencia
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha condenado este lunes los «actos de violencia» registrados en el marco de la huelga de conductores de taxis colectivos, que han bloqueado varias carreteras de la capital para exigir su formalización, según la agencia de noticias Andina.
Muñoz, que ha señalado que no se puede admitir «ni la informalidad ni la violencia», ha afirmado que la mejora del transporte público requiere profundos cambios.
Sus palabras llegan tras las protestas protagonizadas en varios puntos de Perú por los conductores del taxi colectivo –vehículos privados utilizados para transporte de pasajeros–, que se han saldado por el momento con más de un centenar de detenidos.
«Los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra lucha contra la informalidad. No podemos admitir ni la informalidad ni la violencia», ha insistido el edil a través de su cuenta en la red social Twitter.
Así, ha instado a «trabajar juntos autoridades y ciudadanos» para llevar a cabo los cambios necesarios para resolver la situación.
Por su parte, el jefe de la Región Policial de Lima, el coronel Herbert Ramos Ruiz, ha indicado que los «colectiveros» involucrados en actos de violencia en diversas calles de Lima serán denunciados penalmente por estos hechos.
Ramos ha subrayado que los disturbios «constituyen actos vandálicos», por lo que la Policía ha tenido que efectuar las detenciones pertinentes. Además, ha anunciado que la Policía ha movilizado a sus unidades especiales para contener a los grupos violentos, que han generado problemas en distritos como Comas, Rímac y Santa Anita, entre otros.
La presidenta del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara, ha afirmado que sería un retroceso formalizar a los taxis colectivos y ha dicho que los actos de violencia perpetrados durante la protesta «deslegitiman cualquier posibilidad de diálogo».
«Han pedido diálogo, pero directamente están conminando a sus colegas colectiveros a realizar actos de violencia. Y mientras haya actos de violencia no es posible ningún diálogo. El Estado y la sociedad no pueden rendirse frente a una amenaza de esta naturaleza ni ceder al chantaje», ha sostenido.
Ante la petición de los conductores de que se legalice el servicio, Jara ha hecho hincapié en que esto no significaría «bajo ningún concepto» bajar los estándares de calidad y seguridad para los usuarios.
