La Paz, 25 nov (Sputnik).- El Gobierno de facto de Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales se proponían completar este lunes la negociación de una ley de pacificación, como segundo acuerdo de salida de la crisis política del país tras el pacto que dio luz a una ley para nuevas elecciones.
«Luego del importante paso de pacificación que hemos dado ayer (domingo) en Cochabamba, con un acuerdo regional de fin de conflictos entre todos los sectores, esperamos completar ahora en La Paz el acuerdo nacional de un proyecto común de ley de pacificación», dijo a reporteros el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
La ley en discusión apunta a garantizar la normalidad en el país, luego de cinco semanas de crisis política, con cambio forzado de gobierno por la renuncia forzada de Evo Morales y la autoproclamación de la presidenta de facto Jeanine Áñez, al menos 33 muertos y centenares de heridos y detenidos.
La economía boliviana, líder regional en crecimiento en el quinquenio pasado, sufrió pérdidas millonarias que todavía no estaban completamente cuantificadas, según declaró el fin de semana el ministro de Planificación del gobierno de facto, Carlos Díaz.
La norma que trataban de concertar el Gobierno y la oposición ahora encabezada por el MAS incluye la anulación de un decreto que autorizó la participación de los militares en tareas de orden público liberándolo anteladamente de reponsabilidad penal, lo que fue señalado por diversos sectores como factor agravante de la violencia.
Más de la mitad de las muertes de manifestantes en el conflicto se produjeron luego de la aprobación de ese decreto, cuando las manifestaciones contra Morales habían sido desplazadas por las protestas contra su sucesora, la presidenta de facto Jeanine Áñez.
La presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, dijo que las negociaciones del fin de semana permitieron «importantes avances» en el proyecto de ley que definió como de «garantías para la actividad y la vida de los dirigentes sociales, como clave para la pacificación».
«Hemos predispuesto toda la voluntad política necesaria para sacar adelante primero las elecciones, que nos permita tener pronto un gobierno legalmente constituido, y esperamos lograr hoy mismo el acuerdo de una ley de pacificación», declaró a reporteros este lunes, destacando «el compromiso de la mayoría» del MAS, que tiene más de dos tercios de botos en el parlamento.
La ley de las elecciones fue promulgada el domingo y prevé que los nuevos comicios, en reemplazo de los del 20 de octubre que fueron anulados, podrían demorarse hasta abril del 2020.
La ley de pacificación en discusión sustituirá en el parlamento a otro proyecto presentado el sábado por el MAS, que fijaba garantías para todos los líderes de las protestas y quedó congelado ante una ola de críticas por su supueata intención de dar inmunidad a Morales.
Copa aseguró que el MAS no buscaba inmunidad para nadie.
Facilitadores internacionales del diálogo, como el enviado especial de Naciones Unidas Jan Arnault, destacaron la importancia de la ley de participación, especialmente porque en el diálogo participan dirigentes sindicales y sociales nacionales y de El Alto, ciudad vecina a La Paz.
La fase final de las negociaciones de pacificación se desarrollaba en el marco de pausas en casi todas las protestas, con excepción de bloqueos en la región productora de coca de Chapare (centro), la base sindical y política de Morales en el centro del país, y en provincias agrícolas del departamento tropical de Santa Cruz.
Las actividades en La Paz y El Alto eran casi completamente normales este lunes, incluso con la reanudación de clases en escuelas y colegios tras cinco semanas de paralización.
El Ministerio de Hidrocarburos informó que la provisión de combustibles -gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo- se había restablecido plenamente, aunque persistía la escasez de gas natural de uso industrial, por daños en un gasoducto.
