San José, 9 Dic. (Elpaís.cr).- La iniciativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), que pretendía eliminar el secretismo en las elecciones y reelecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue derrotada por una mayoría opositora de 34 votos contra diez.
Además, con una ajustada votación, el Plenario Legislativo aprobó una moción para conformar una comisión especial que pretende modificar el procedimiento de votación para la elección o no reelección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
La comisión estará conformada por siete diputados y diputadas, de la siguiente manera: dos diputados del Partido Liberación Nacional, un diputado del Partido Acción Ciudadana, un diputado del Partido Unidad Social Cristiana, un diputado del Partido Restauración Nacional, un diputado de los partidos minoritarios, y uno que representará a los diputados independientes.
El diputado del PAC, Enrique Sánchez, manifestó que ha insistido en el voto público, desde la Comisión de Nombramientos, ya que según dijo, que, si esta Asamblea no toma las decisiones acordes con la Constitución Política, la Sala Constitucional terminará tomando las decisiones por los diputados.
“La Sala Constitucional señalándonos deficiencias que nosotros sabemos que están y aun así no nos atrevemos a tomar la decisión definitiva de hacerlo, hoy tenemos una oportunidad de nuevo de hacerlo de efectivamente modificar el sistema de elección a un voto público con esta propuesta”, explicó Sánchez.
Sánchez Carballo se refirió a la contradicción que se da en el Plenario Legislativo, donde por un lado se habla sobre la seriedad y transparencia en los procesos parlamentarios, pero en los hechos se demuestra que no hay voluntad política para implementar las votaciones públicas y justificadas.
Entre tanto, la diputada del PAC, Carolina Hidalgo Herrera, lamentó la falta de voluntad política que ha permeado la discusión para proceder con el voto público en esta Asamblea Legislativa; se han presentado varias propuestas para dar este paso y ninguna ha recibido el apoyo requerido. Esta falta de voluntad va en detrimento de la democracia y la transparencia que demanda la ciudadanía.
El diputado José María Villalta señaló que votó a favor la moción ya que considera que se debe de discutir de una vez por todas, la Reforma al Reglamento para resolver este tema y establecer el voto público como regla para los nombramientos que realiza la Asamblea Legislativa, ya que es la forma más transparente y la obligación que se tiene ante el pueblo.
El diputado Erwen Masis, del Partido Unidad Socialcristina (PUSC), manifestó que ya es demasiado querer darles más proteccionismo a los sectores, pues según dijo, la Corte Suprema o las casas políticas tienen que decir por quién hay que votar y si alguien se opone a votar por alguien diferente “le pasan la aplanadora”, dijo el diputado.
Por su parte, la diputada Ivonne Acuña, del evangélico Partido Patria Nueva, dijo que no se vale decir que no hay transparencia y que el parlamento no tiene voluntad política para trasparentar los procesos, ya que esta Asamblea Legislativa aprobó una comisión el año pasado para ver todas las modificaciones que había que hacer al Reglamento Legislativo.
“Hubo voluntad política para abrir ese espacio en este parlamento para hacer las modificaciones necesarias, ahora resulta ser que es necesario otra comisión y que hoy alguien me explique que es por conveniencia entonces”, aseguró la diputada.
Por otra parte, la Jefa de Fracción del PAC, Nielsen Pérez, señala que el voto secreto debe ser una excepción, no la regla. Todas las propuestas que el PAC ha hecho en diferentes momentos para modificar el Reglamento Legislativo, más las iniciativas que también han planteado otros legisladores y legisladoras son clara señal de que este no es un tema nuevo en la Asamblea Legislativa, y que lo que ha faltado, es voluntad política para transparentar los procesos parlamentarios.
La comisión deberá rendir su informe a más tardar en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de su instalación, además los proyectos se tramitarán de conformidad con el artículo 231 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y servirá como base de discusión para lograr alcanzar un texto integral sobre el tema.
Definitivo, las mafias políticas tradicionales en Costa Rica se niegan romper las palpables cadenas de corrupción imperante, máxime cuando ponen a liderar al desprestigiado PAC y sus acólitos, ante tan fundamental legislación, que busca sanear nuestra corrompida democracia. Se ocupa la voluntad política de la mayoría, pero están conscientes de lo peligroso de buscar esa transparencia en cualquier puesto de alto nivel originado en esa Asamblea Legislativa. Este doble juego, aunado a los aires navideños, fútbol, fiestas, aguinaldos, alcohol, etc., es oportunísimo para que el costarricense promedio este despistado y no vean su importancia ante semejante contubernio. Con ironía la comunidad mundial se ríe de la oferta de España y su untado Rey sobre corrupción en Perú, nosotros en tiquicia seguimos más que adormecidos por la TV, esperando la Comisión de Alto Nivel sobre la impunidad, la cual se certifica con el secretismo de los depravados infiltrados. Y todos contenticos, chupándonos el dedo, a las municipales, para el nuevo año 2020. Amén.
«Los que no quieren que sus acciones sean reveladas a la luz del día, es porque esconden a lo interno acciones perversas».