jueves 19, mayo 2022
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La CIDH realizará una nueva investigación sobre los DDHH en Bolivia tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

Madrid, 17 Dic. (EUROPA PRESS).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una nueva investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Bolivia en el marco de la crisis política, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina del país, Jeanine Áñez, que considera que el primer informe de la CIDH está «totalmente sesgado».

El acuerdo entre la CIDH y el Gobierno de Áñez permitirá a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –formado por cuatro personas designadas por la CIDH– y su equipo técnico «investigar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre para la obtención de Justicia para todos y la reparación del daño a las víctimas».

El GIEI, han precisado, investigará «los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, incluyendo actos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones de la libertad de expresión», entre otros.

Asimismo, se analizará «la intervención del Estado para desarrollar un Plan de Atención Integral a las víctimas» de la violencia desatada durante las «tensiones sociopolíticas» y sus familias.

Las pesquisas se realizarán de modo que puedan servir para determinar responsabilidades penales. A este respecto, han aclarado que el GIEI podrá «actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como recomendar a las instancias pertinentes las denuncias», pero la persecución del delito corresponde a las autoridades bolivianas.

Para ello, los investigadores contarán con «pleno acceso» tanto a las causas ya iniciadas como «a la información pública gubernamental relacionada con los hechos». Además, el Gobierno se compromete a proporcionar a los expertos «seguridad para el desarrollo de su trabajo» y los medios necesarios para el mismo, si bien los gastos los costeará la CIDH.

El Estado boliviano se ha comprometido específicamente a «garantizar los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones del GIEI y de su equipo técnico».

El GIEI tendrá un mandato de seis meses, prorrogables mediante acuerdo entre las partes «por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo». No obstante, en los tres primeros meses podrá elaborar «recomendaciones operativas continuas sobre los aspectos referidos en el acuerdo».

Esta investigación dará seguimiento a la que tuvo lugar del 22 al 25 de noviembre, tras lo cual la CIDH denunció «graves violaciones de los Derechos Humanos», confirmando la muerte de al menos 36 personas, de las cuales 18 habrían fallecido en las «masacres» cometidas en Sacaba y Senkata, escenarios de operativos de seguridad contra simpatizantes de Evo Morales.

El ministro de Interior de Bolivia, Arturo Murillo, calificó el informe de la CIDH de «totalmente sesgado». «Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo», afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.

Crisis en Bolivia

La crisis en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó «irregularidades», lo que propició la dimisión de Morales el 10 de noviembre.

El líder indígena se instaló inicialmente en México como asilado político y semanas después viajó a Cuba por razones médicas, si bien la semana pasada llegó a Argentina como refugiado, tal y como había pedido a Alberto Fernández, entonces presidente electo del país.

El partido de Morales, el MAS, y sus opositores han llegado a un acuerdo en el Congreso para celebrar nuevas elecciones el próximo año, pero ni el ex presidente ni su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán concurrir como candidatos.

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