Recordatorio de las deudas para con el país de los políticos evangélicos anticristianos

El poder, en particular el poder político, puede poner de relieve lo mejor o lo peor de nosotros. En el último caso, el poder puede distorsionar la percepción de la realidad común y silvestre al punto de no reconocerse uno frente al espejo de la honestidad. Cuando ello ocurre los fines de toda cosa turbia se justifican ante todos.  El deshonesto llega a imaginar que hace muy bien sus deberes y espera del congénere gratitudes multiplicadas. No sé de algún tirano, dictador, o, de un simple político, que haya convocado a las masas para confesarles desde un balcón “he sido feo, he sido cruel, he sido injusto, he sido ignorante”, suplicando el mayor de los perdones y entregando la renuncia.  Lo anterior vale tanto para Ortega como para Piñera, tanto para Duque como para Maduro. Pero, por ahora, me voy a ocupar nada más de los líderes evangélicos anticristianos que obviamente buscan acaparar todo el poder político que puedan, lanzando las estructuras de sus iglesias al ruedo electoral.

El abuso del poder político nace en el momento en que una persona indispone su psiquis a admitir errores y abusos en privado y en público. El diputado Avendaño y el excandidato Fabricio, ácidamente divididos, como se sabe, han sido incapaces de confesar una sola falta -ni material ni moral-, dando a entender ambos que el espíritu santo se lo dividieron ellos en dos, cada parte con su respectiva luminosidad de pureza e imaginando que la del brillo mayor señalaría la luz verdadera, algo así como en La Guerra de las Galaxias. Pero usted y yo sabemos que entre los simples mortales (sean o no siervos del Señor) la luz no alcanza ni a medias para tanta arrogancia, porque todavía sigue en un limbo toda la averiguación judicial de las presuntas pero creíbles estafas monetarias. 

Solamente hay una apuesta segura: que los dos erraron, mucho o poquito, pero erraron. Que es más que sospechoso el manejo de los fondos públicos relativos a la pasada campaña electoral, con cuentas paralelas, recaudaciones indebidas, aparentes falsedades y secretismos de dudosa estirpe, que mínimo nos han llevado a cuestionar el manejo ético del negocio electoral,  que no por ser un negocio deba entenderse como falto de regulaciones. En otras palabras, el principio de legalidad no es ajeno al tema. Pero las partes parecen entrampadas entre recriminaciones mutuas y nuevas alegaciones, en los últimos meses venidas a menos del ojo público, pero burbujeantes entre sus oscuros pasadizos y silencios acordados. 

Esta negación de uno mismo y de las responsabilidades políticas tiene un matiz trágico, pues lo indebido y abusivo se convierte en un grito supremo de autoconmiseración, dispuesto a encontrar todas las excusas y “razones” para darle crédito a lo indefendible. El abusador se victimiza y su propia trampa se convierte en un nido de conspiraciones e injusticias imaginadas en su contra. Para estos predicadores anticristianos todo es una “conspiración” de Carlos Alvarado.

El corrupto no solamente puede perder la objetividad mínima requerida a todo ser humano íntegro, sino que se vuelve activamente en contra de la misma, algunas veces creyendo sus propias mentiras y otras veces persiguiéndolas con plena intención. Entonces, el umbral de la honestidad se transforma completamente en un descaro innoble y hace inviable todo proyecto de integridad personal y política.

Cuando no hay honestidad ni integridad el camino siempre posible de la redención personal se vuelve arduo y cuesta arriba. El mucho poder y mal usado, conlleva, figuradamente, una sentencia de muerte de la que es difícil escapar, destino que es común a todas las irredentas y frecuentes corruptelas.  Admitirse equivocado o saber pedir perdón en público y en privado es, por así decirlo, un don en extinción, casi desaparecido en la clase política. Lo acotado, en fin, sirva para recordarle a los políticos evangélicos anticristianos que seguir por la senda abortista de la honestidad y la transparencia es un grave mal que le hacen a la patria, ni es consecuente con la ética cristiana.

(*) Allen Pérez es Abogado