Las universidades públicas costarricenses son instituciones esenciales para el desarrollo social, científico y cultural. Fueron creadas para responder a las necesidades de profesionales que el país requiere, generar nuevos conocimientos y buscar formas de interrelación con diferentes actores a fin de obtener los mayores niveles de bienestar en la población, con respuestas inmediatas al presente y con visión de futuro promisorio.
Independientemente del momento de su creación, constituyen uno de los principales logros del estado social de derecho por cuanto han propiciado la movilidad social y la construcción de una sociedad más solidaria, con elevados índices educativos en todos los niveles. Sin sus extraordinarios aportes, Costa Rica estaría hundida en la desesperanza, la pobreza y la violencia.
El Estado tiene la obligación constitucional de financiarlas, con los recursos que las y los costarricenses generan con actividades productivas y el pago de impuestos. A la vez, las universidades públicas tienen el deber moral de honrar tales aportes mediante resultados que redunden en un desarrollo humano integral, evidenciado en todos los sectores y regiones del país.
A pesar de sus logros históricos, hoy día las universidades públicas se encuentran en una encrucijada, con escenarios muy complejos, donde el llamado a ser referentes nacionales es visto en términos relativos y hay quienes afirman que han perdido parte de su estatus, hecho que se confirma en diferentes situaciones de acoso sexual y laboral, corrupción y diversas formas de clientelismo que existen en ellas.
Otros factores internos que las afectan son la falta de transparencia en la asignación de recursos y la inequidad presupuestaria en distintas áreas, incluidos los procesos de regionalización. También se presenta una afectación negativa a la población estudiantil a la que se le asignan becas desligadas del costo real de vida en contextos específicos, lo que prolonga el tiempo de graduación establecido en los planes de estudio.
En materia de acceso a la educación superior, es pertinente considerar que según el más reciente Estado de la Educación la mayoría de los cantones que concentran más del cincuenta por ciento de la matrícula de estudiantes pertenecen al área metropolitana, mientras que las otras regiones, claman por mayores posibilidades de ingreso real a las universidades públicas. Y en el ámbito del financiamiento, las negociaciones anuales del FEES han expuesto a las universidades al dictado de las autoridades de gobierno, con la consecuente violación a la autonomía universitaria, como se ha notado en el recorte de diez mil millones de colones para el 2019 y la indicación del monto que las universidades debían presupuestar en inversiones de capital para el 2020.
A estos problemas se le adicionan las presiones externas de grupos con intereses políticos y económicos que toman la educación como un negocio, y desean eliminarlas para aumentar su rentabilidad material. Incluso, el Presidente de la República ha afirmado que los títulos no son necesarios, con lo que deja grandes dudas sobre su real disposición de apoyo a las universidades públicas.
Estrechamente relacionado con lo anterior, es muy preocupante el deterioro que vivimos como sociedad. En el 2018 se registraron 9307 delitos sexuales y 45527 casos de violencia doméstica. En noviembre de 2019 se produjo el femicidio número once, cuya víctima Eva Morera Ulloa, estudiaba de la Universidad de Costa Rica. La desigualdad se ha incrementado al punto que según el coeficiente de gini es de 0.508 para hogares y de 0.514 para personas. El INEC reporta para octubre de 2019 una pobreza extrema de un 5.8% y una pobreza de un 21%, siendo las zonas rurales y costeras las más vulnerables. El desempleo es del 11.9%, donde el porcentaje mayor de un 15% corresponde a mujeres.
Ante este mundo gris y tenso, permeado de desencanto, las universidades públicas deben mirarse hacia su interior y volcarse sobre sus principios, poniendo al servicio de la sociedad costarricense todo su acervo, capacidades humanas, intelectuales y académicas. Tienen las condiciones para fortalecer su política de acceso y cobertura, propiciando acciones que permitan el ingreso de más estudiantes de colegios públicos, mujeres, estudiantes de territorios indígenas y de regiones de bajo índice de desarrollo humano.
También disponen de las estrategias y recursos para reposicionar la acción social (extensión) y la investigación. No en vano, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica es la universidad que más investigación científica realiza en Centroamérica y que cuenta con tecnología de punta para hacerlo, como es el caso del microscopio Zigma 300, adquirido hace unos días por el Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas, el cual se distingue por una investigación de alto nivel y por una sólida acción social. Además, están desarrollando una docencia innovadora y a futuro pueden explorar nuevos espacios que le permitirán a sus graduadas y graduados incorporarse al mundo laboral de manera creativa, respondiendo a las nuevas demandas que implica el siglo veintiuno.
Las universidades públicas con sus acciones formativas pueden construir soluciones reales a la pobreza, la violencia, la exclusión y la desigualdad. También pueden contribuir a la sostenibilidad ambiental y a elevar los niveles de salud y educación. La transformación del Recinto de Golfito en Sede del Sur, Universidad de Costa Rica, acordada el pasado 6 de diciembre, después de una propuesta que llevó más de ocho años en resolverse, alienta nuevas esperanzas para las distintas comunidades y personas del país.
Sin ningún tipo de arrogancia y con diálogo franco y de altísimo sentido humano, en los próximos años las universidades están llamadas a reafirmar y revitalizar su papel de referentes nacionales para el análisis de los grandes temas y problemas nacionales. Sus acciones pragmáticas y discusiones sociales y filosóficas deben convertirse en luz y abrigar las esperanzas que devienen de su misión transformadora, centrada en el humanismo, la excelencia y el bien común.
(*) José Ángel Vargas Vargas, Catedrático UCR
Don José Ángel, lo felicito por tan importante abordaje del bien común, la excelencia y el humanismo. Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, requieren una verdadera evaluación de su Plan Estratégico e indicadores de gestión. Estoy seguro que dentro de la UCR existe suficiente Capital Humano, para abordar este y otros temas que requieren la participación ciudadana universitaria para trascender y que lejos de estar cuidando el pasado, debemos crear el futuro, como Usted lo aborda, con esas tres variables fundamentales de la Universidad humanista que todos queremos preservar y conservar en ese futuro integral, intra, Inter, trans, pluri y multidisciplinario. Saludos. Dr. Óscar Mena Redondo, Catedrático, UCR-UNED