miércoles 28, septiembre 2022
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México escala ocho posiciones en índice de Transparencia Internacional 2019

Ciudad de México, 23 ene (Sputnik).- México escaló ocho posiciones en el ranking anual de percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), al subir del lugar 138 al 130, producto de una estrategia centrada en el combate a ese flagelo, dijo este jueves la secretaria federal de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval

«Hoy se da a conocer el índice de corrupción 2019 de Transparencia Internacional (…), que nos pone a México con un crecimiento de casi 40 puntos con referencia al último año del Gobierno anterior (2018) y el primer año de este nuevo Gobierno», dijo la funcionaria en una conferencia de la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El nuevo resultado del indicador aplicado en encuestas sobre percepción de corrupción levantadas en 180 países es una «síntesis de varias metodologías», que a las autoridades les parece que «son evidentemente buenas noticias», dijo la funcionaria del Ejecutivo.

Sandoval indicó tres elementos para recibir con optimismo el resultado, comenzando por el avance de ocho posiciones.

«Se reconoce a nuestro país que la tendencia decreciente que año tras año se venía experimentando sufre un nuevo direccionamiento y hay un punto de inflexión hacia el crecimiento», por primera vez en cinco años en el indicador internacional.

México recibió 29 puntos de 100 posibles, un avance de una unidad que le permitió escalar esas ocho posiciones en la lista mundial, debajo de Brasil, El Salvador y Bolivia, que recibieron 35, 34 y 31 puntos, respectivamente.

Pero la metodología no reconoce algunas mediadas recientes contra la corrupción porque la medición se interrumpe en agosto pasado, cuando se levantó la encuesta.

«No contempla la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que integra las tres recomendaciones que hace Transparencia Internacional», comentó Sandoval.

La primera recomendación adoptada es «frenar los conflictos de intereses»; en este sentido, la nueva ley «pone una veda de una década» a funcionarios con vínculos empresariales, «para poner fin, de tajo, a la subordinación del interés público a los intereses privados», dijo la responsable de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos.

El indicador tampoco toma en cuenta recientes políticas anticorrupción, por ejemplo «los alertadores internos y externos de corrupción, los ‘whistle-blowers’ (soplones), los programas de integridad empresarial y los grandes resultados de las denuncias de ciudadanos», prosiguió la funcionaria.

Denuncias ciudadanas

Las autoridades mexicanas consideran que el país «está a la vanguardia» en el combate a la corrupción, que es uno de los ejes de la administración de López Obrador.

«Ya está siendo tomado en cuenta que estamos combatiendo la corrupción de manera estructural, estos buenos resultados son reflejo de la implementación de una nueva estrategia basada en el enfoque estructural de la corrupción», dijo la secretaria Sandoval.

La nueva ley considera la corrupción y el fraude electoral «como delitos graves (sin derecho a libertad condicional bajo fianza) y combate a la impunidad», recordó la titular de la Función Pública.

La actual administración reseñó con motivo del informe de TI que aplica nuevos formatos para la declaración patrimonial de funcionarios, que busca evitar los conflictos de intereses, sanciona a exfuncionarios de alto nivel, lucha contra el clientelismo político y el corporativismo, y aplica una política de austeridad republicana, recortando el gasto público considerado «superfluo».

El Gobierno también puso en práctica un nuevo Código de Ética para sus funcionarios y ha firmado convenios de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas y universidades en la materia.

La Ley de Austeridad Republicana ha resultado en «observaciones» al gasto de estados y municipios por más de 46.000 millones de pesos (unos 2.400 millones de dólares), y el Congreso debate una nueva legislación que recortaría las grandes cantidades de dinero público que reciben los partidos políticos.

Entre los principales escándalos de corrupción que involucran a funcionarios están los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a la estatal Petróleos Mexicanos, millonarias cuentas de funcionarios en paraísos fiscales y la llamada la «Estafa Maestra» para desviar cientos de millones de dólares a través de universidades públicas. (Sputnik)

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