San Salvador, 7 mar (Sputnik).- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador ratificó este sábado que solicitará medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz del intento del Ministerio de Defensa de obstaculizar el acceso a los archivos militares del período 1970-1995.
«Anunciamos que en las próximas horas procederemos a activar a la CIDH, solicitando una medida cautelar de protección para los comisionados y comisionadas que integramos el pleno de este Instituto, en virtud de considerar dichos hechos de extrema gravedad y de urgencia», informó el IAIP en un comunicado.
Los comisionados enviados este viernes a realizar una inspección administrativa a los archivos de concentración del Estado Mayor Conjunto, para corroborar la existencia de información del periodo señalado, fueron intimidados, fotografiados y sus acciones supervisadas por personal del Ministerio de la Defensa.
Dicha diligencia administrativa, solicitada por la Universidad de El Salvador (UES) y sin objeciones iniciales del representante legal del Ministerio de Defensa, no pude realizarse luego por orden de altos mandos militares, que negaron al IAIP el acceso al recinto.
El IAIP adelantó que solicitará además una audiencia temática a la CIDH para denunciar los «ataques y las amenazas sistemáticas que en los últimos días se realizan en contra de la estabilidad y de la labor de este Instituto, con el fin de debilitar nuestra función como ente garante del acceso a la información pública y los datos personales».
El ministro de Defensa, contralmirante René Francis Merino, escribió en su cuenta de la red social Twitter que los comisionados del IAIP irrespetaron una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo y que bloquearon la salida de las instalaciones.
«Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad», aseveró Merino, apoyado de inmediato por el presidente Nayib Bukele quien acusó al IAIP de ser «el último bastión» del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
El IAIP ratificó la legalidad del procedimiento, el cual respondía a una apelación sobre una solicitud de acceso a la información pública y seguía un protocolo administrativo que fue debidamente notificado a las partes durante audiencia oral.
La entidad garante de la transparencia en la gestión pública también desmintió el supuesto bloqueo a las instalaciones del Ministerio de Defensa, cuyo personal fue el que ubicó a los comisionados en un lugar donde no representaban amenaza alguna.
La UES quiere verificar si existe información sobre las intervenciones militares de julio de 1975 y octubre de 1981, que documenten el papel de la Fuerza Armada en violaciones a los derechos humanos del claustro y el estudiantado, entre ellas el atentado que costó la vida al exrector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de El Salvador. (Sputnik)
