jueves 28, marzo 2024
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La violencia en los territorios indígenas requieren de un decreto de emergencia

Pesar y frustración es lo que siento, lo que sentimos, frente a hechos que con justicia valen la protesta airada. Me refiero a las incesantes violaciones a los derechos humanos de nuestros Pueblos Indígenas. El 24 de febrero último, Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena de la zona de Térraba, fue asesinado a causa de las legítimas luchas de su pueblo, casi un año después del salvaje homicidio de otro de sus consecuentes dirigentes: Sergio Rojas. ¡Ya no más! ¡Basta de tanta y abyecta impunidad a los colonizadores!  

Respetuosamente hay que llamarle la atención a don Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, para que ponga sobre su escritorio la cuestión indígena con el ribete de emergencia nacional. No debemos seguir alimentando la hipocresía de tener derechos humanos para la exportación y otros para consumo local. No podemos seguir señalando a otros países si somos ciegos en el nuestro. En Costa Rica hay ciudadanos de segunda categoría, arrinconados y discriminados.

El etnocidio continuado de los Pueblos Indígenas, ya de muchos siglos, no se ha detenido y Costa Rica debe reparar ahora sobre tanta doblez. Cuando digo “Costa Rica” me refiero a todos “nosotros”, y por “nosotros” entiéndase en este texto a los deudores históricos, a los habitantes de la tierra costarricense, que de generación en generación (siglo tras siglo) han transmitido las dos perversidades mayores heredadas de la colonia: el racismo y la exclusión económica-cultural de los Pueblos Indígenas.

La colonización-usurpación de finqueros no indígenas en los territorios supuestamente autónomos, ha tenido giros temidos y advertidos con los asesinatos de Rojas y Rivera. El Estado en su conjunto ha adolecido de claridad jurídica, política y administrativa  para proceder al desalojo legal de los factores no indígenas en los territorios indígenas. El Estado, el gobierno en particular, ha sido incapaz de cumplir con las medidas cautelares que le impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en ella se obligaba a proteger a los Pueblos Indígenas Brörán y Bribri de Salitre, provincia de Puntarenas, exhortando a las  autoridades de ese mismo Estado a tomar las medidas pertinentes a fin de tutelar la vida y la integridad personal de los ciudadanos indígenas.

La protección real de los Pueblos Indígenas han resultado un fiasco. Son una mancha para el Estado y la sociedad costarricense. Si pudiera proponerle algo al Presidente sería que él decretara una emergencia nacional y convocara a un conversatorio nacional que involucre a toda la sociedad costarricense. Es un problema de todos. Violar los convenios internacionales sobre la materia es mancillar la Constitución Política y nuestra decencia. Dejemos de ser hipócritas. Que la sangre de Sergio Rojas y Jerhy Rivera no se hayan derramado en vano. Que a la justicia sean llevados los criminales y se frene en seco la arremetida de los violentos finqueros.

(*) Allen Pérez es Abogado

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4 COMENTARIOS

  1. Es de suyo evidente el desinterés o incluso hostilidad de buena parte de la población en general, no sólo en cuanto a lo que ocurra con… o en los llamados «territorios indígenas», sino en cuanto a la existencia misma del contingente humano que conforman los distintos grupos étnicos de los pueblos originarios que habitan en el actual territorio de Costa Rica, mientras no se hagan evidentes como sujetos históricos y políticos el racismo latente no aflora aún, cosa que cambia en situaciones como éstas cuando la tensión lo pone en evidencia(que no jodan esos indios!!). Para el sistema social y político prevaleciente la tierra es un bien mercantil, objeto incluso de especulación, de ahí que no les entra en la cabeza a las autoridades nacionales, y al poder judicial en esa región del sur del país, la intencionalidad de los pueblos originarios de darle otro sentido al uso de la tierra, es decir un usufructo colectivo acompañado de un intento de proteger los bosques y las aguas, ya en proceso de extinción. Algunos de los agricultores o finqueros “no indígenas” o mestizos afincados en el cantón de Buenos Aires optaron por casarse con mujeres de esas etnias como una puerta para apropiarse del usufructo de la tierra como un bien mercantil. Entonces, nos encontramos con que la tragedia es mucho mayor porque hay un sector de esas etnias que se adhiere al orden colonial y postcolonial europeo, en ese grupo se encuentran gentes que con tal de defender sus intereses individuales, de dudosa legalidad, están de acuerdo hasta con la «ejecución» de los líderes del movimiento recuperador de las tierras en Cabagra, Salitre, Térraba o China Kichá del cantón de Perez Zeledón, la violencia es manifiesta de estas gentes, además de orgánica y bien estructurada, con campañas de prensa en las que se expresa esa “ideología” (en el peor sentido del término) de asimilación y muerte de los últimos reductos de una cultura y una forma de vida que se resisten a morir, en medio de la indiferencia y la hostilidad de una parte de la llamada «opinión pública», además de la inacción de las autoridades del Poder Ejecutivo central y la complicidad de las autoridades judiciales del cantón, involucradas y hasta con intereses directos en el conflicto. La ley sobre tierras o “reservas indígenas”, aprobada en los años setenta es letra muerta, y quienes como Sergio Rojas y Jehry Rivera han intentado hacerla cumplir lo han pagado muy caro: les ha costado la vida o tener que vivir bajo un clima de terror. Para el estado y la sociedad costarricense los así llamados indígenas no son sujetos sociales o políticas, en la práctica no existen…mientras algunos(as) de ellos tratan de blanquearse y formar parte del orden social y político dominante.

  2. Y por supuesto de la iniciativa de un decreto de emergencia para atacar o resolver algo del tema de los «territorios indígenas» no se oye nada, ni en Zapote ni en la prensa local, todo sigue como de costumbre. La inacción y la indiferencia, además de la manifiesta incapacidad siguen siendo la norma.

  3. La indiferencia no solamente proviene del Estado, sino también de toda la sociedad en general, de un componente colonizado del ser costarricense, que ha aprendido a ser racista y a desconocer la visibilidad (humanidad) del Indígenas. Ya no basta la presencia de un ministro, sino la del Presidente para que ponga un poco de orden. Para eso el pueblo le paga.

  4. -Mientras unos proclaman la paz pasando por encima de los derechos que tenemos los Indígenas,al uso ancestral de nuestras tierras, el Gobierno corre de prisa con un plan que apegado ala ley y es de reconocerlo, no se le ve la seguridad al problema queriendolo ejecutar sin antes hacer un plan de contingencia que hacegure la integridad llámese social etc de las personas no Indígenas que van a pasar por el proceso de estudio del plan RTI, si bien es cierto que algunos van a salir indemnizados ellos podrán resolver su reubicación por sus propios medios, pero los demas no tienen nada seguro y el gobierno no a presentado ningún acompañamiento que balla de la mano con el plan RTI, esto complicaria y ocasionaría un problema mayor.
    El PLAN RTI debería estar acompañado o si no al menos estar contemplando el aporte que pueden dar los gobiernos locales al tema, visualizando terrenos del Inder para una posible reubicación de muchos que van a quedar en la calle .

    Es necesario que las Asociaciones de Desarrollo y Municipalidad en conjunto con el gobierno trabajemos en ese plan de contingencia para que esto se lleve en un ambiente sano y de confianza donde los Territorios sean devueltos a sus propios dueños como lo reza el Convenio 169 y la legislación Indígena, pero que se asegure al menos un techo para muchos que como humanos lo merecen.

    Owen Torres Figueroa.

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