viernes 30, septiembre 2022
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¿No es crueldad estatal? Entonces ¿Qué es?

Gracias al covid 19 este es el momento.  Las crisis desnudan y revelan la diferencia entre verdad y falsedad.  El impuesto a sociedades inactivas o quebradas o con pérdidas, el IVA por servicios obligatorios a individuos y familias cuyos ingresos no les alcanzan para vivir en paz y dignamente y la obligación de presentar una declaración mensual del IVA al Ministerio de Hacienda aunque no se haya tenido ni un cliente ni un ingreso bastan como ejemplos de crueldad y perversidad por parte del Estado.

Este es el momento propicio para demandar como sociedad que se eliminen de plano como mínimo estas crueles exigencias que se le han impuesto.  Y ¿cómo? Haciendo cada quien lo que pueda (porque tampoco la solución va a caer del cielo):  enviando quejas, sugerencias, denuncias, comentarios, cartas, mensajes de audio, lo que sea, al Ministerio de Hacienda.  ¿A qué dirección y número?  A todos:  a la Contraloría de Servicios y a todos los departamentos de los cuales tengamos una dirección o un número.  Y no debemos aceptar que nos respondan que debemos enviarlos al departamento pertinente.  Ellos pueden reenviarlos allí, no pedirnos que seleccionemos nosotros.  Ellos no seleccionan cuando nos imponen sus mandatos sino que es a rajatabla seamos malos o buenos, prósperos, constreñidos por la iniquidad social y la estrechez económica o ya moribundos.

La gran ironía:  son entes teóricamente servidores y representantes del pueblo, pero precisamente porque el pueblo es crédulo, ingenuo y de buena fe, alguien va fácilmente invirtiendo los papeles y terminan los entes servidores siendo amos del pueblo y el pueblo su servidor.  El pueblo les ha creído, a los fundadores y a los precursores;  ha creído en su palabra.  Pero sus sucesores no creen al pueblo:  suponen a priori que el pueblo es mentiroso y tramposo.  No creen en su palabra.

Es precisamente porque no creen en su palabra que se crea la obligación perversa de un impuesto a sociedades que no están activas o que están con pérdidas o que están quebradas porque aducen, como me lo han aducido muchas veces grandes personajes, comentaristas y señores del poder, que muchas de las sociedades en esas condiciones son lo que llaman “de papel”, falsas, disfraces de operaciones fraudulentas.  No creen en la integridad ni en la palabra del pueblo.  El pueblo no merece la credibilidad del Estado, supuestamente su servidor y representante.

Por supuesto que hay mentirosos y criminales de todo tipo entre nosotros, en prácticamente todos los sitios.  Pero no sólo son unos pocos sino que esos pueden violar y adulterar lo que sea.  Pueden colarse y estar en el poder, no sólo entre el hampa.   Son excepciones, algo de lo que no debemos tener duda.  Y todos los sabemos;  esto de que son excepciones.  También los de Hacienda lo saben y los de todos los poderes del Estado y los más ignorantes también.  Los más ricos y los más pobres.   Todos.  Por eso, que el Estado invierta los papeles y convierta esos casos de excepción en su argumento para castigar a todos por igual siendo que en su gran mayoría son inocentes es iniquidad, crueldad, perversidad estatal.

Y que no me cuenten historias a mí que fui uno de los castigados injustamente de esa manera habiendo hasta hecho una propuesta individual ante el entonces ministro Helio Fallas quien en vez de acceder a convertir las sociedades en aprietos en sociedades productivas que generarían entonces impuesto sobre la renta con beneficio para el país, intensifica mi angustia financiera con el impuesto a sociedades inactivas y me envía una amable carta explicando por qué no, con lo que mi último recurso es liquidar mi sociedad.  Doble castigo para mí y doble pérdida de potenciales ingresos para el Estado y para mí que también podía haber generado impuesto sobre la renta;  no parece muy inteligente ¿verdad?  Pero no soy el único.  Las sociedades en esta categoría, en la mayor parte de los casos están inactivas por estar en problemas económicos no porque sus socios sean delincuentes.  Porque no han podido levantarse.  Entonces tras de cuernos palos.

Sobre el IVA estimo que se ha cometido un gran crimen contra el pueblo.  Costa Rica juega de país próspero y tranquilo pero en mi opinión está hipotecado por mucho tiempo aún por venir como país (y sus ciudadanos como ciudadanos) en una gran mayoría.  Es el prototipo del endeudamiento.  No hay tal valor agregado por aquí para la mayoría de la población, sólo obligaciones de pago.

Nuestra clientela de individuos y familias de ingresos medios o bajos que necesitan la traducción oficial de sus certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y otras o de notas de estudios e ingresos para solicitar alguna beca, justamente porque no viven en la abundancia y están a veces hasta en niveles de subsistencia, no merece el recargo del 13%;  es injusto y cruel;  me duele ver el impacto que tiene en estas personas.  Prueba de sus limitaciones es que esta clientela ha casi desaparecido gracias a la crisis mayor del covid 19.  Por una parte ya no les alcanza para hacer gastos que no sean esenciales y por la otra las entidades ante las que acudirían están ahora con otras prioridades también.

Debe eximirse a todo cliente que deba utilizar nuestros servicios profesionales del 13% de IVA si el documento es de carácter personal o familiar, para lo cual aplica su discrecionalidad el Traductor Oficial.  No obstante ¿cuál ha sido el “pero” de los del lado del poder?  Que si se hace así los profesionales liberales van a eximir a todos sus clientes sin excepción, sea la traducción de documentos individuales y familiares o de textos comerciales, industriales e institucionales.  De nuevo la presunción de deshonestidad.  Se nos otorga la fe pública y luego el Estado que nos la ha dado duda de nuestra honorabilidad.  A veces me imagino al Estado diciendo:  “¿Fe pública? ¿qué es eso? ¡ja, ja, ja!”

No contento el Estado con presionar de tantas distintas maneras al ciudadano obliga a los que desgraciadamente no perciben ningún cliente en un mes a presentar su declaración del IVA llena de ceros obligando así al empleado del Ministerio a tramitar ese conjunto de ceros, de nadas.  ¿Por qué?  Porque se supone, de nuevo, que el profesional liberal en práctica privada va a hacer trampa.  Que va a trabajar y no declarar aunque haya hecho trabajo.  Pero lo cierto es que es una sádica imposición más a quienes ya tienen suficiente sufrimiento con no haber tenido ni un cliente en un mes.  Entonces ¿qué? ¿Somos o no somos un pueblo de mentirosos y tramposos?

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial

14 de abril de 2020

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