Todo ello, precisó, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios.
En el marco de la emergencia nacional derivada de la Covid-19, la Defensoría ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad al interior de los distintos centros de reclusión del país.
En ese sentido, precisó que el pasado 23 de marzo la entidad convocó al gobierno nacional para que la emergencia carcelaria sea el inicio para superar el estado de cosas inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios.
Además, se pidió que las medidas tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata, y en las Estaciones de Policía donde el estado de cosas inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios, puntualizó.
Al respecto, el senador Iván Cepeda expresó que el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció 15 nuevos casos del corovirus SARS-CoV-2, en la cárcel de Villavicencio.
El gobierno estaba advertido, y no tomó las medidas a tiempo. Ahora a intentar controlar la pandemia en las cárceles. Y aún no hay decreto de deshacinamiento, añadió.
Desde hace días llamamos la atención sobre el riesgo en las cárceles. Sostenemos que deben sobreponerse racionalmente los argumentos humanitarios a los jurídicos. Resuelvan esto sin más demoras, expresó el senador Temístocles Ortega.
¿Después de cuántos muertos comprenderán el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que los presos tienen derecho a salud y vida?, escribió en su cuenta en Twitter la médica Gloria Arias.
En Colombia hay más de 120 mil seres humanos ?madres, padres, abuelos, abuelas, hijos y hermanos- que por sus transgresiones contra las reglas de la sociedad están purgando condenas o esperando que concluyan sus procesos judiciales, manifestó al respecto Alberto Brunori, representante aquí de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El análisis de nuestra oficina, realizado a partir de la información publicada por el Inpec, permite afirmar que los 132 establecimientos carcelarios del país, tienen capacidad para albergar 80 mil 928 personas, detalló al intervenir en la Comisión de Paz del Senado.
Actualmente se encuentran 123 mil 349 personas privadas de libertad, (condenados 80 mil 662 hombres y cinco mil 845 mujeres, sindicados 33 mil 571 hombres y dos mil 796 mujeres), es decir, hay una tasa de hacinamiento del 52,42 por ciento, puntualizó. Según Brunori, ‘esta situación se torna aún más grave a partir de las condiciones inhumanas de las seis mil 822 personas privadas de libertad en los Centros de Detención Transitoria del país, ubicados en 239 Estaciones de Policía de 20 departamentos, situación para la cual la Corte Constitucional, el 26 de marzo, ordenó medidas cautelares’.
Dichos Centros registran una sobrepoblación de tres mil 883 personas, es decir un hacinamiento del 132,12 por ciento, acotó.
Los problemas que más aquejan a las personas privadas de libertad, están relacionados con la débil garantía del derecho al agua potable, a la salud, a la alimentación adecuada y medidas específicas para proteger el derecho a la vida e integridad personal, en atención a la pandemia de Covid-19, subrayó.
En tal sentido, invitó a las autoridades penitenciarias a que apliquen y desarrollen los estándares básicos de derechos humanos para las personas bajo su jurisdicción, así como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
