Para la analista Karen Slowing, ‘el mayor desafío de esta epidemia terminará siendo la necesidad de comer, solo porque algunos tienen el poder de jalar las medidas económicas a su favor’.
Y se aprecia en los pequeños comercios abiertos y en los vendedores ambulantes que buscan no perder su medio de vida a pesar de los llamados a quedarse en casa; en las personas en condición de calle o en el sector informal que acude en masa a las municipalidades para ser incluidos en un bono de mil quetzales (128 dólares) que comenzó a distribuirse.
El Gobierno insiste en que esta ayuda depende de la lista que tengan los alcaldes en una especie de me ‘lavo las manos’ en un tema que comienza a evidenciar irregularidades, como lo reconoció el propio presidente Alejandro Giammattei en su mensaje de ayer a la nación.
Solo recibirán el dinero quienes estén registrados, pero cuán transparentes serán estos listados, existirán o los harán a la carrera son preguntas a la vista ante un mecanismo simple pero que no cubre las expectativas por un hecho, la ayuda llegará a solo el 10 por ciento de los que están en la calle y el descontento será inevitable.
El 3 de abril, por mayoría, el Congreso aprobó de urgencia un paquete de 11 mil millones de quetzales (mil 400 millones de dólares) para atenuar los efectos económicos por el impacto de la Covid-19, pero todavía es lento el trámite para aterrizar el dinero a cada sector vulnerable allí identificado.
Este decreto dispone creación de Fondos de Créditos para capital de trabajo en función de las micro, mediana y pequeñas empresas y de protección del empleo (personas cesantes).
También incluye asistencia para el sector informal (ya en ejecución), un bono familiar de mil quetzales (128 dólares) por tres meses, otro de riesgo para el personal de salud en los hospitales temporales, ampliación del subsidio eléctrico y del Programa de Adulto Mayor.
Fueron varios los préstamos externos que Giammattei solicitó al Legislativo tanto para atender la crisis sanitaria como para resolver el déficit de un presupuesto heredado del anterior Ejecutivo y con muchas deudas de salarios e infraestructura por cumplir, de ahí la creación de varias comisiones para fiscalizar los recursos.
Al comparecer ante el Congreso, el 18 de marzo, el gobernante indicó que el Producto Interno Bruto bajaría como mínimo un punto porcentual (de 3,5 en 2019 a 2,5), pero su cálculo fue conservador y prematuro, pues semanas de parálisis laboral pasan factura.
Entonces advirtió que los principales socios comerciales fueron impactados, refiriéndose a Europa, pero la llegada de la enfermedad a Estados Unidos y su pésimo manejo de la crisis implicará una recesión sin igual, con cifras en negativo, como apuntan analistas.
En Guatemala, el peor escenario económico incluye a quienes dependen de las ventas diarias ya que además de la reducción de clientes, los horarios para permanecer en la vía pública se limitaron con el toque de queda en vigor desde el 22 de marzo.
Según el economista y diputado por el partido Semilla, Samuel Pérez, todos los países van a registrar cifras menores de crecimiento, pero aquí ‘las consecuencias serán terribles para los de siempre, las personas que dependen de una pensión, de un salario que además es bajo, personas con desnutrición, personas que dependen de los servicios públicos más básicos?’
Con indicadores preocupantes de pobreza y desnutrición infantil crónica, sobre todo en el área rural, una crisis como esta se convierte para el Gobierno en oportunidad de mostrar liderazgo, pero también en eventual detonante del descontento acumulado.
