San José, 17 abr (Elpaís.cr).- Los abogados del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, denunciaron que la Fiscalía secuestró información que no está relacionada con la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), «incluyendo información de terceros que no son parte en el proceso», así como información vinculada con la «seguridad nacional y las relaciones internacionales».
El pasado 28 de febrero la Fiscala General de la República, Emilia Navas, acompañada de un gran despliegue policial y mediático, allanó Casa Presidencial y decomisó una computadora y los dos teléfonos celulares del Presidente, así como equipos y celulares de otros funcionarios relacionados con la desaparecida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
De acuerdo con el Presidente, la UPAD se dedicaba a recabar información pública de diversos sitios para elaborar políticas públicas dirigidas a la población de menores ingresos o en estado de vulnerabilidad, sin acceder a información personal privada.
Los abogados codefensores Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, interpusieron este viernes ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia gestiones por actividades procesales defectuosas, pues «consideramos que es fundamental que se resguarde el debido proceso”.
Según los abogados, la Fiscalía accedió a información de los dispositivos que no está relacionada con el caso que se investiga, y que es primordial para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública.
Rodolfo Brenes, uno de los representantes legales de Alvarado, informó a Radio Monumental que advirtieron ante la Sala Tercera de la Corte sobre las supuestas irregularidades.
Los abogados reprochan que la Fiscalía decomisara los teléfonos celulares del presidente, ya que esa información que buscaban las autoridades judiciales pudieron haberla obtenido a través de los dispositivos de otros funcionarios de Casa Presidencial.
Brenes y Guevara pretenden que la Fiscalía se limite a investigar únicamente lo relacionado con el caso UPAD, y que los magistrados definan «si el decomiso de los celulares del presidente era realmente necesario».
Además, cuestionan la decisión que autorizó el secuestro de los dos teléfonos celulares y la computadora del mandatario «no se fundamentó adecuadamente, ni era estrictamente necesaria y proporcional, a la luz de las necesidades de la investigación, porque perfectamente la eventual información relacionada con la UPAD se podía obtener por otras vías”.
En un comunicado, los abogados informaron que pretenden que las autoridades del Ministerio Público justifiquen la necesidad de secuestrar esos equipos «y se garantice el respeto de la Constitución y la ley».
Ambos defensores explicaron que el Presidente les pidió ejecutar su defensa colaborando con la investigación, pues su prioridad es que “prevalezca la verdad y se haga justicia”.
Al referirse a la posición del Mandatario costarricense aseguran que “su confianza en la institucionalidad y en el Estado de Derecho es absoluta y por ello se procura el respeto al debido proceso”.
Emilia Navas resultó ser un perico disfrazado de oveja, lo que aquí queda claro es que el PLN tiene secuestrado al poder judicial.