Mr President, me honra haber sido parte de su elección como primera persona afrodescendiente que preside el primer poder de la República, pero quisiera profundizar aún más en el momento que vivimos, como un signo de los nuevos tiempos: tiempos de convivencia y reconciliación. Habrá quienes crean que un diputado ateo y un Diputado profundamente creyente no tienen nada de qué hablar, pero se equivocan. Resulta que construimos acuerdos cuando la motivación es la defensa al Estado Social de Derecho. Otros pensarán que un diputado gay y un diputado que ha adversado muchas de nuestras causas no pueden sentarse en la misma mesa, y también se equivocan, porque en el centro de esa mesa está la búsqueda de oportunidades para los menos favorecidos. No faltan quienes levanten esa falsa dicotomía entre la práctica de una religión y el activismo por los derechos humanos, y se equivocan, porque para mí su derecho a creer y practicar su religión es exactamente igual al mío de amar a quien amo, y a cambio, solo pido el mismo respeto.
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Buscar la certidumbre es un rasgo inherente al ser humano. De forma natural, intentamos edificar certezas, tanto sobre lo que nos rodea, como sobre lo que pensamos, con el fin de dedicarnos a aquello que nos interesa resolver. La búsqueda de la certidumbre nos llama porque nos da la sensación de que el mundo y la vida son más estables, de que tenemos -en alguna medida- control.
Sin embargo, así como nos puede brindar sensación de seguridad, la certidumbre tiene un gran peligro: encerrarse en ella, dificulta los cambios de perspectiva. Dificulta reconocer la complejidad y el dinamismo de las sociedades. Cuando nos aferramos demasiado a las “verdades” que construimos, damos por sentado que tenemos razón, rehuimos de la crítica y, quizá lo más delicado de todo, es que anulamos la empatía. Nos dice la periodista Kathryn Schulz que “cuando estamos atrapados en nuestras propias convicciones, las historias de las demás personas […] dejan de importarnos”.
Y bien, el nuevo coronavirus rompió con mucho de lo que dábamos por sentado como seres humanos y como sociedades. Verdades que creíamos incuestionables. Cosas como abrazar a las personas que apreciamos, poder despedir a alguien en un funeral, darnos la mano para cerrar un acuerdo o estar al lado de nuestros compañeros y compañeras de trabajo quedaron, repentinamente, suspendidas. El nuevo coronavirus nos hizo cuestionarnos con mucha más fuerza las realidades que presenciamos. Nos hizo preguntarnos si quizá estábamos normalizando elementos que, en una sociedad que aspira a la justicia y a la igualdad, sería imperdonable que existan.
La crisis evidenció que en Costa Rica estamos haciendo muchas cosas bien. Son irrefutables las cualidades y la labor de instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud o del ICE. Asimismo, la crisis nos demostró lo que podíamos hacer mejor para llegar con rapidez a acuerdos. Dejó manifiesto que podíamos deponer banderas partidarias para trabajar en unión por Costa Rica. Pero también dejó ver, con más claridad que nunca, quiénes son las personas más vulneradas de nuestra sociedad, esas por quienes no hemos hecho aún lo suficiente. Personas, familias, que llevan años buscando seguridades, pero hoy más que nunca, viven en la plena incertidumbre, la cual no vino por el coronavirus, pero se acrecentó con él.
Me atrevo a señalar responsables de esa incertidumbre. No se trata de personas en específico, sino de formas de pensar, de formas de relacionarnos e imaginar nuestro mundo. El problema es que fuimos creando certezas que no se fundan en los derechos humanos, en la solidaridad, que no comprenden la fragilidad del medio ambiente, ni las brechas sociales.
Lamentablemente, erigimos una sociedad sobre relaciones desiguales. La primera de ellas que quiero reconocer es la que históricamente ha existido entre hombres y mujeres.
En América Latina, en tiempos recientes, se ha querido deslegitimar las luchas de las mujeres por sus derechos etiquetándolas como “feminazismo” o “ideología de género”, como si se tratara de una imposición o un régimen que genera dolor o violencia. Pero la única “ideología de género” que causa muerte, agresiones y angustia a diario, es el machismo.
Los feminismos son corrientes de pensamiento que nos han provisto, durante siglos, de lucidez para identificar las raíces de todas las formas de desigualdad. Los feminismos cuestionaron -y cuestionan- por qué, a pesar de las enormes transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, la opresión contra las mujeres goza de tanta salud, aún en pleno 2020. Y es debido a que esa desigualdad está en la base de un sistema concebido desde el privilegio: el de los hombres, el de las personas heterosexuales, el de las personas no racializadas, el de las personas con más oportunidades educativas y mejores condiciones económicas, el de las zonas urbanas. Relaciones dispares que terminamos naturalizando y hoy se revelan con mayor crudeza.
Pero si de corazón buscamos construir una sociedad más justa e igualitaria, nuestra convicción debe ser reconocer nuestros privilegios, visibilizar las desigualdades y ocuparnos de erradicarlas, tanto las propias como las ajenas.
Por ejemplo, sería un error enorme si las personas LGBTI creyéramos que el trabajo por los Derechos Humanos acaba el próximo 26 de mayo, al entrar en vigencia el Matrimonio Civil Igualitario. Este avance nos llena de enorme satisfacción, pero contrario a ver en esa conquista nuestra meta, debemos sumarnos a acompañar las luchas de otras personas y conformar ese gran frente por la igualdad.
Debemos continuar trabajando por los derechos de las personas indígenas de nuestro país, quienes han padecido sistemáticamente la violencia, pobreza, exclusión social, la falta de políticas que reconozcan sus culturas, sus cosmovisiones y sus idiomas, y quedan más expuestas a los efectos del cambio climático y la insuficiente protección del recurso hídrico.
En el caso del pueblo ngäbe-buglé de la frontera Sur de nuestro país, incluso se les ha negado su derecho a la nacionalidad, deuda que hasta poco comenzamos a corregir para que estas
comunidades transfronterizas tengan pleno acceso a los servicios de salud, de educación, acceso al empleo, a apoyos económicos del IMAS o del sector vivienda.
Aquel hito que en 2015 marcó la inclusión de las palabras “multiétnica y pluricultural” en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, debe ir más allá del mero reconocimiento.
Los simbolismos tienen un enorme poder, y es cierto que lo que no se nombra, no se reconoce. Pero nombrar la pluriculturalidad en nuestra Carta Magna carece de sentido si no se traduce en garantía de derechos y en mayor participación.
Diputados, diputadas, incorporemos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa un verdadero sistema de consulta a los pueblos indígenas sobre los temas que les afectan directamente.
Adquiere significado reconocernos como un país pluricultural, si batallamos abiertamente en contra del racismo, si la formulación de las políticas públicas incorpora permanentemente la visión de las personas afrodescendientes y tomamos más decisiones para eliminar las barreras estructurales que disminuyen sus oportunidades en el empleo, la educación secundaria y superior, y el acceso a la justicia, a atención médica especializada y a servicios públicos de calidad. Si en definitiva aprobamos una ley de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes.
Si creemos en el respeto y la inclusión, promoveremos también el respeto por las
personas migrantes y refugiadas, no les achacaremos la inseguridad en el país, ni
las cifras de desempleo. Evitaremos, a toda costa, legislación con algún tinte discriminatorio hacia ellas. Comprenderemos por qué, ante una amenaza como el nuevo coronavirus, nuestra seguridad social cobija a cualquier persona sin importar su origen, y enfrentaremos esta coyuntura solidariamente.
Dejemos, de una vez por todas, de soslayar las realidades de esas y otras poblaciones vulneradas.
La angustia que alcanzó a casi todos los sectores a la llegada de la pandemia, ya convivía con las personas con discapacidad y sus familias. Este es un capítulo abierto e irresuelto en materia de Derechos Humanos. Tenemos deudas tan básicas como la inclusión educativa, el acceso a la información, al empleo, a servicios integrales de salud en todas las regiones del país y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad física, inclusión laboral y autonomía personal.
No se trata de un grupo homogéneo: debemos tener en cuenta las diferencias y particularidades de las personas según su discapacidad, ya sea física, cognitiva, sensorial o psicosocial.
La accesibilidad, entendiendo esas particularidades, debe ser un concepto central al hacer política pública y legislar. Accesibilidad significa que las instituciones se acerquen a las personas comprendiendo su realidad y su condición.
Porque si la crisis provocada por el nuevo coronavirus expuso una vulnerabilidad fue la de las personas adultas mayores. Al lado del esfuerzo que como país hemos hecho en términos sanitarios para cuidar a esta población, se han evidenciado las fortalezas y debilidades del sistema de protección social costarricense al atenderles en el área del cuido y la atención de la salud. Por ello, me satisface que en este escenario se hayan planteado y concretado más esfuerzos para fortalecer el Conapam, así como para trasladar recortes de pensiones de lujo a pensiones del Régimen No Contributivo.
El Ministro de Salud Daniel Salas, ha insistido recientemente en el concepto de la “nueva normalidad”, refiriéndose a las prácticas sanitarias que debemos adoptar como el nuevo estándar cotidiano. Ya que puede que después de esta pandemia nuestras sociedades no vuelvan a ser las mismas, extiendo una invitación profundamente sincera: construyamos un futuro de inclusión, justicia e igualdad.
Construyamos nuevas realidades abiertas para todas las personas, que rompan con los privilegios.
Sigamos atravesando ese camino del acuerdo y la responsabilidad que hemos cruzado en conjunto múltiples veces, y que, en las últimas semanas, ha sacado nuestro mayor y más urgente empeño por atender los mayores apremios de la ciudadanía.
Sigamos caminando la ruta de una sola Costa Rica que confía en su sólida institucionalidad democrática, en ese Estado que responde a la población en tiempos de crisis.
Nuestra Fracción Legislativa guarda un absoluto compromiso con construir desde y para la inclusión. Nos comprometemos con una agenda para proteger a las personas más vulneradas por la crisis en lo más inmediato, con la recuperación económica a través de medidas como el impulso a los sectores más golpeados e inversión pública en proyectos como el tren eléctrico y las carreteras a San Ramón y San Carlos, con el rediseño institucional que procure mayor eficiencia en el Estado y con legislación que aborde las múltiples desigualdades que hoy atraviesan a nuestro país.
Construyamos un futuro donde quien viva en un cantón rural como Corredores, Upala o Talamanca se sienta igual de incluida que quien vive en cantones urbanos como Curridabat, Santo Domingo o Cartago.
Construyamos una nueva certeza donde los diferentes sectores como el agro, el turismo y los restaurantes, la alta tecnología y la cultura… reciban el acompañamiento y el impulso de la instituciones. Donde las personas desempleadas y trabajadoras informales sientan la preocupación del Estado por su condición.
Construyamos una nueva certeza donde nadie se quede atrás.
Y que en esa nueva certeza incorporemos la pluralidad de miradas, la diversidad de realidades y coloquemos nuestra mayor energía en combatir todo tipo de desigualdad.
Que en la nueva certeza entendamos: Costa Rica täre sribire ja ngünún nekwe kugwé ni ngäbe dieígri räbäre gäre. («Costa Rica debe seguir trabajando para que se reconozcan todos los derechos de personas indígenas.»)
Que en la nueva certeza podamos decir [LESCO: “creemos en la inclusión y la igualdad”].
Que en la nueva certeza cada persona se sienta parte, sin importar su proveniencia, su identidad. Y más que nada, que cada persona sienta esperanza. La esperanza de una nueva oportunidad de desarrollo, de bienestar, de buen vivir.
Discurso – 1o de Mayo – Jefaturas de Fracción
(*) Enrique Sánchez Carballo, Partido Acción Ciudadana.
