La unanimidad, sin embargo, estuvo acompañada de fuertes críticas a la gestión del gabinete por deficiente manejo de los recursos millonarios aprobados por los legisladores semanas atrás en función de paliar los efectos de la Covid-19 en el área de salud y en el orden económico ante la parálisis laboral por más de 45 días.
En sus intervenciones, gran parte de los representantes de las bancadas se quejaron de que los programas de ayuda diseñados, en total 10, no han llegado a las personas más vulnerables y ministerios clave en asumirlos presentan un déficit de ejecución de sus presupuestos.
Samuel Pérez, en nombre del partido Semilla, realizó tres advertencias al presidente Alejandro Giammattei, al recordar en primera instancia que la prórroga del Estado de Calamidad le tomar mejores decisiones en salud para no rebajar las medidas de aislamiento cuando la curva de la enfermedad va en aumento.
En segundo plano, instó a que el dinero le llegue a la gente que lo necesita, pues a su juicio, la focalización está mal hecha o se están utilizando mecanismos clientelares, y por último, se refirió a la necesaria fiscalización de los fondos en función de rendir cuenta a la población, un criterio compartido por otras fuerzas políticas.
En una sesión larguísima y con casi cinco horas de retraso, el pleno coincidió también en rechazar por mayoría y categóricamente el veto presidencial al decreto 15-2020, aprobado el pasado 3 de abril de urgencia para garantizar la vitalidad de servicios básicos como agua, energía eléctrica, celulares e internet a la población más vulnerable de este país.
Tras permanecer casi un mes en manos de Giammattei, este anunció la víspera que lo rechazaba por inconstitucional y lo devolvió a la directiva del Congreso con una nueva propuesta, lo cual causó gran rechazo tanto de partidos políticos como organizaciones civiles que habían pedido el apoyo a la ley ante una crisis económica visible en familias que salen a las calles con banderas blancas no en son de paz sino por hambre.
La decisión de los diputados devuelve el texto al Jefe de Estado con el fin de que lo sancione dentro de los ocho días siguientes a recibirlo o, de lo contrario, la junta directiva ordenará su publicación en un plazo que no excederá tres días.
