Aparecen las esperadas “directrices”

De cal y de arena

De pronto el gobierno central se percata de que sí es posible remover buena parte de la asfixiante tramitomanía a la que debe someterse el ciudadano a la hora de gestionar la resolución de asuntos de su interés. Y todo a propósito de los efectos disruptivos del covid-19 sobre la economía, las finanzas y la estabilidad social del país.

Ante el temor de una peor y más grave dislocación del aparato productivo, la presión se hizo irresistible y el gobierno anunció que 14 oficinas asentadas en ministerios, entes autónomos y algunas municipalidades modificarán sus normas operativas para que se admitan a trámite declaraciones juradas de la persona interesada como requisito válido para gestionar, sin tener ya que someterse a la bien denominada “dictadura de los incisos”, es decir, el sofocante papeleo –a veces la improvisada y arbitraria exigencia de documentos y oficios- que se ha venido exigiendo como requisitos para llegar a conseguir “luz verde” para un emprendimiento.

La burocracia de los ministerios involucrados –MOPT, MAG, MINAET, SALUD, JUSTICIA, GOBERNACION Y MEIC- más la CCSS, el ICE y el ICAA y la participación concurrente en lo que les atañe de algunas municipalidades, posiblemente se han sorprendido con el remezón de la orden de cambio. Han sido muchos los años en que el grito de los ciudadanos pidiéndolo no tuvo eco acogedor. Ahora llega la orden de cambio, seguramente a resultas de la percepción de las dimensiones devastadoras que ya se manifiestan –aquí y fuera de aquí- con el ataque del covid-19.

Sí, se está pudiendo remover todos esos obstáculos a la tramitación de las diligencias del ciudadano. ¿Cuántos años ha de espera, tantos como los que están atrás de esa demanda de facilitación de trámites? Quizás si la abulia burocrática se hubiese proscrito, el país tendría hoy una estructura productiva de mejor talante, equilibrio en las finanzas públicas, mejores índices en salud y educación y una abatida tasa de desocupación y empleo informal, para encarar los desajustes.

Tal vez sea aventurado cantar victoria visto que las ordenanzas en demanda de los anhelados y necesarios cambios toman la forma de una “directriz”, que no es sino una expresión de voluntad que emana del jerarca de determinada área operativa del gobierno para que la institución afectada proceda a tomar una decisión en particular. La “directriz” no es, pues, un mandato, una orden sino una orientación para que la actividad del ente menor se encarrile por una ruta aconsejada.

Siendo una orientación por exigencia de la concepción que el Derecho Administrativo le da, no puede asumir el sentido de una orden, de un llamado a cumplir velis nolis en razón del respeto a los alcances de la autonomía del ente. Así dicho, a la vista de la disposición que hace el Poder Ejecutivo de 900 mil millones de colones en las cajas de los bancos públicos para auxiliar con créditos a las empresas y personas cuya estabilidad ha sido comprometida tras la arremetida del covid-19.

La jurisprudencia ampara el criterio de que las directrices acogen el interés del superior en que se tomen decisiones en determinado sentido, pero el órgano dirigido puede apartarse dando explicación satisfactoria de las razones de su proceder.

Así las cosas, no hay más que concluir que la directriz tendrá pertinencia tanto por el sentido de legalidad de que se revista cuanto por el liderazgo y la capacidad persuasiva de quien la dicte a la hora de inducir al ente dirigido “a ponerse las pilas” en horas de crisis.

Y como decía don Chico, “allí es donde la chancha tuerce el rabo”.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista