La Paz, 21 may (Sputnik).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dio su visto bueno reglamentario a la compra de 170 respiradores para la lucha contra la pandemia de covid-19 en Bolivia, dijo el miércoles que la responsabilidad de eventuales irregularidades recae solo en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
«El BID examinó el proceso de adquisición de acuerdo con los procedimientos convenidos con el Gobierno de Bolivia, el cual fue responsable de estas compras a través de su agencia ejecutora», dijo la entidad internacional en un comunicado distribuido por su representación en La Paz.
La declaración fue emitida a propósito del escándalo desatado en el país sudamericano por denuncias de sobreprecio y mala calidad de esos equipos de industria española, que derivaron en una investigación judicial y la suspensión del ministro de Salud, Marcelo Navajas.
El BID, que en un comunicado divulgado el pasado lunes había dicho que «consideró pertinente» la adquisición, hecha a un costo de 4,7 millones de dólares financiados por ese organismo, afirmó el miércoles que estaba preocupado por las denuncias de corrupción.
«Ni bien surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso, la alta gerencia del Banco decidió revisar el caso, que a su vez fue remitido a su Oficina de Integridad Institucional, la cual lleva a cabo investigaciones y recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco», afirmó el BID.
Añadió que dicha oficina está evaluando la información «para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso».
Según las denuncias de organizaciones médicas, universidades y políticos locales de diversa tendencia, el Gobierno de Bolivia aceptó pagar casi 28.000 dólares por cada uno de esos respiradores, sin accesorios ni costo de transporte, desechando una oferta de equipos similares por 12.500 dólares cada uno, con todos sus accesorios y puestos en La Paz.
Dos consorcios locales liderados por universidades informaron que habían ofrecido al Gobierno, antes de la compra de los equipos de la polémica, respiradores adecuados a normas internacionales a precios unitarios que oscilaban entre 1.000 y 2.300 dólares.
La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva dijo en un comunicado que los respiradores importados no servían para ser utilizados en salas de cuidados intensivos ni en servicios de emergencia. (Sputnik)
