Está claro que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para poner a la economía a crecer de nuevo y aumentar los niveles de empleo. Lo que exige, con urgencia, la definición de una agenda de medidas de corto, mediano y largo plazo, en función de la recuperación y reactivación económicas. Esto con el propósito de dinamizar el aparato productivo, sobre la base de actividades y recursos endógenos con probadas ventajas competitivas dinámicas, generación de valor agregado, encadenamientos productivos y creación de empleos en las distintas regiones del país.
El Gobierno de la República ha recurrido a una serie de empréstitos con organismos internacionales para hacerle frente al corto plazo de la estabilidad macroeconómica y mientras la pandemia exija la atención de los diferentes sectores afectados. En este sentido, se hace indispensable y sin dilación, que se establezcan con claridad las prioridades para el uso de dichos recursos, los cuales deben orientarse hacia actividades que contribuyan con la estabilidad de lo macro precios, al tiempo que fomenten la recuperación económica.
A nivel interno, habrá que asignar, en una forma estratégica, los fondos de la Banca para el Desarrollo y las capacidades financieras superavitarias del Sistema Bancario Nacional, con el fin de apoyar a la pequeña y mediana empresa (PYMES), especialmente organizadas en cooperativas y asociaciones de productores agropecuarios, a lo largo y ancho del territorio nacional y en actividades con potencial de desarrollo, tanto para el mercado doméstico, como internacional. Hay que desmontar el mito, fundado en la idea errónea de que el sector agropecuario, en pequeña y mediana escala, es por naturaleza rezagado e ineficiente, en materia de productividad y generación de valor agregado. La experiencia de muchos países demuestra que el sector agropecuario (de base familiar y asociativo) no solo es importante en cuanto al criterio de seguridad alimentaria, sino también como elemento articulador del resto de los sectores de la economía de un país.
En la coyuntura actual y en la economía del post-covid-19, ha quedado claro que la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, asociadas al sector agropecuario nacional, deben estar en la agenda de la reactivación. A través de su historia, el país ha demostrado una gran capacidad para generar procesos de reconversión productiva en el sector; desde la oferta exportable, que se ha insertado con gran éxito a los mercados internacionales, así como la producción para el consumo interno que, a pesar de la ausencia de políticas articuladas para su desarrollo, han mantenido sus actividades productivas. Al respecto, habría que nivelar la mesa y las reglas del juego, de forma que la producción agropecuaria para el mercado interno reciba el apoyo y las condiciones para el desarrollo de capacidades competitivas, a partir de programas y políticas, a nivel nacional, regional y local. Esto con el propósito de aumentar la productividad, las economías de escala, el acceso a los recursos financieros, la innovación y diferenciación del producto, la capacitación técnica y certificaciones de calidad y buenas prácticas, la creación de centros de valor agregado y mercados regionales, el mejoramiento de la logística de transporte, almacenamiento, comercialización y gestión de mercados (regionales, nacionales e internacionales).
Nuestro país cuenta con las condiciones climatológicas, geomorfológicas y de recursos endógenos, ideales para el desarrollo de actividades agropecuarias, que también involucra las actividades marítimo-costeras; como la pesca y la producción controlada de especies comestibles y ornamentales, y otras asociadas con servicios turísticos diversos, en prácticamente todas las regiones que lo conforman.
Así mismo, hemos sido innovadores en la producción y organización productiva agropecuaria, reconocido por la Iniciativa de Biocomercio de la UNCTAD (Biotrade Initiative for Latin America) (Arias y Murillo, (2005) (2006). Ejemplos de esto son los cantones del Occidente de Alajuela, que se caracterizan por una estructura productiva de pequeña y mediana extensión, con esquemas de organización cooperativa muy exitosos, que han llevado a la consolidación de una de actividades muy dinámica y competitiva en la producción de café, flores y follajes, legumbres y hortalizas, frutas y productos cárnicos y lácteos y sus derivados (Artavia, Índice de Progreso Social y Desarrollo Cooperativo, 2018). Lo mismo podríamos decir de la Zona de los Santos, las llanuras de San Carlos, los cantones de la provincia de Cartago y muchos casos más, a lo largo y ancho del territorio nacional.
En la economía post-pandemia será necesario establecer esquemas de gobernanza (marco jurídico-institucional de apoyo y fomento a la inversión, producción y comercialización de la producción agropecuaria) para el desarrollo de diferentes tipos de clústeres en actividades estratégicas dentro del sector. En el caso de la pequeña y mediana producción, para el mercado interno y externo, habría que pensar en políticas y programas de apoyo a la conformación cooperativa de productores; ampliando los incentivos existentes para este tipo de organización y aprovechando su estructura consolidada y los impactos positivos que la misma tiene sobre los territorios y el bienestar de las comunidades donde se desarrollan.
Dentro de los clústeres con potencial para su desarrollo, tenemos los siguientes:
- Clúster de agronegocios, productos cárnicos y forestales. El país puede aprovechar la infraestructura física e institucional para desarrollar clústeres que articulen actividades agrícolas dinámicas con el suministro de insumos, maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento, investigación y mejoramiento de especies y variedades y capacitación técnica, infraestructura de riego y tecnología sostenible de manejo de la producción, cosecha y comercialización nacional e internacional.
Un ejemplo con gran potencial para su desarrollo es el que se puede articular al Canal de Riego Arenal Tempisque en Guanacaste y a un mercado regional con una creciente demanda por alimentos. Otro ejemplo, es el relacionado con la producción agroexportable en la región Huetar Caribe, el Pacífico Central y la región Brunca, aprovechando la cercanía con la infraestructura portuaria y las economías de aglomeración en torno a las actividades de logistica.
- Clúster de agricultura de precisión y sostenible. Tanto la FAO como la UNCTAD, recomiendan el fomento de sistemas alimentarios más eficientes y sostenibles, que se inscriban dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
La dinámica de la oferta agropecuaria en el mundo plantea la necesidad de nuevas estrategias de producción para países de menor tamaño relativo, los cuales no pueden competir con las economías a escala que tienen países de gran tamaño, como Brasil, Argentina, Australia y China. Ante esta realidad, la recomendación es la agricultura de precisión y la agricultura sostenible, basadas en economías de ámbito (economies of scope); con posibilidades de insertarse en los mercados internacionales, en nichos especializados y diferenciados (mercados sostenibles); a partir de certificaciones de buenas prácticas ambientales y comercio justo. En este campo, el país tiene no solo grandes potencialidades, sino también reconocimiento (marca país sostenible) a nivel internacional.
Ejemplos para la implementación de este tipo de producción agropecuaria y agroindustrial, los encontramos en todo el país, pero particularmente en la región Huetar Norte (llanuras de San Carlos y en el Norte-Norte), en la región Huetar Caribe (Caribe Sur, Talamanca, Pococí), en la región Brunca (Sur-Sur y zona costera). Esquemas de apoyo a este clúster puede surgir de la colaboración institucional público-privada, especializada en el sector, como, por ejemplo: MAG, MIDEPLAN, INDER, sedes regionales de las universidades públicas, consejos regionales de desarrollo, IICA, CATIE, CRUSA, PNUD y FAO. Así como de las agencias locales para el desarrollo, como las existentes en San Carlos, Pacífico Central, Pococí y Limón, en conjunto con los gobiernos locales.
- Clúster de actividad pesquera, cultivo de especies y recursos marinos (economía del mar o economía azul). Costa Rica posee una gran riqueza de recursos marinos y costeros. Estos recursos son en unos casos subutilizados (por ausencia de políticas públicas e infraestructura adecuadas) y en otros casos sobreexplotados por agentes foráneos, en ausencia de regulación y resguardo. Paradójicamente, la gran riqueza de estos recursos endógenos coexiste con los mayores niveles de pobreza y desempleo, que padecen las comunidades costeras del país.
Este clúster hay que verlo dentro del ecosistema marino, que requiere, para su desarrollo, de una modernización institucional y de un esquema de gobernanza robusto y eficiente. Esta es una condición necesaria para ordenar estratégicamente la intervención institucional y la participación de los actores locales, tanto para identificar e incentivar las actividades más dinámicas y sostenibles, como para articular a los actores locales en la cadena de producción; mediante estructuras de organización asociativa.
Aunado al mejoramiento de las capacidades técnicas e institucionales, es indispensable una modernización de la actividad pesquera y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Se han identificado una serie de actividades con potencial de desarrollo y con un enfoque de sostenibilidad. Entre dichas actividades se encuentran: i) cultivo sostenible de crustáceos y ostras, ii) pesca sostenible de atún con fines de exportación y otras especies para abastecer el mercado interno, iii) procesamiento industrial de productos frescos del mar (UNA, UNCTAD) (Mora-Hernández, 2018).
Para el desarrollo de un sector agropecuario con mayores capacidades competitivas y de participación en las cadenas globales de mercancías, se requiere de una estrategia nacional, con carácter sectorial y territorial, que aproveche el potencial de especialización productiva en las diferentes regiones del país. Para ello, es necesario establecer sinergias entre instituciones (encadenamientos institucionales), a través de alianzas público-privadas, que pueden contribuir con sus recursos para el diseño, implementacion y consolidación de los clústeres propuestos. Un desarrollo más inclusivo y convergente del sector agropecuario, contribuirá con la reactivación económica y la generación de empleo productivo en los distintos territorios; mejorando el bienestar de la población y reduciendo las asimetrías y desigualdades crecientes entre el GAM y el resto de las regiones del país.
(*) Rafael Arias R., Ph.D. Profesor catedrático, Especialista en Desarrollo Económico.