San José, 27 may (Elpaís.cr).- La Comisión especial legislativa que investigó la forma en que se utilizan los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de Costa Rica, pidió se revise la distribución y uso de los dineros públicos que reciben las universidades estatales.
Tras varios meses de investigación los legisladores concluyen que las universidades «han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, afectando a la comunidad estudiantil especialmente la ubicada en las regiones».
El diputado Mario Castillo Méndez, del Partido Acción Ciudana (PAC), justificó la presentación de un informe de minoría junto a su compañero Enrique Sánchez Carballo asegurando que la falta de comunicación entre los miembros de la comisión y la exclusión de su fracción sobre la redacción del documento final impidieron su apoyo al mismo.
El legislador del PAC destacó la labor del Estado para fortalecer la educación superior y enfrentar los desafíos en la búsqueda de un sistema integrado que pueda velar por las mejores condiciones en la calidad de los servicios.
El informe destaca que existe un supuesto divorcio entre el sector productivo y la oferta académica de los centros de enseñanza superior del estado, especialmente la UCR, UNA y UNED, que las lleva a generar una sobre oferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Según los diputados, entre las remuneraciones más altos de las universidades estatales se encuentran los de funcionarios de la Universidad de Costa Rica encabezados por una profesora cuyo salario supera los nueve millones de colones, señala el informe.
Los diputados sostienen que las universidades públicas deben someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la administración pública, pues actualmente el pago de salarios e incentivos supera el 50% del presupuesto de estos centros educativos.
Para el el diputado Presidente de la Comisión especial Wagner Jiménez Zuñiga, del Partido Liberación Naciconal, las universidades públicas están obligadas a iniciar un proceso de reconversión, pues a través de la investigación se logró detectar contradicciones, problemas y disfunciones.
Añadió que además existe un interés por parte de las autoridades de las universidades de exaltar lo bueno y ocultar lo malo, aunque no entró en detalles.
En el documento final que las negociaciones del FEES entre el gobierno y las universidades, se han concentrado únicamente en el traslado de los recursos, dejando de lado la posibilidad de acordar metas, programas o proyectos, que tomen en cuenta las prioridades del país en materia de desarrollo, ambiental, económico y social.
Los legisladores llaman la atención sobre la posición de altos jerarcas de las universidades quienes sostienen “ejercieron una férrea defensa de los abusivos privilegios, que socavan el futuro de la educación superior pública costarricense”.
La Comisión además propone una política de regionalización, que tome en cuenta las particularidades de los territorios, a la hora de plantear la oferta educativa, y las necesidades en desarrollo de nueva infraestructura.
Los diputados también proponen establecer una estrategia para generalizar la acreditación de las carreras impartidas por las universidades públicas, con el fin de alcanzar una estandarización en cuanto a la calidad del servicio educativo que se brinda.
Con el fin de asegurar una distribución equitativa de los recursos los diputados proponen una reforma constitucional para que se incluya en las negociaciones del FEES, a la Universidad Técnica Nacional (UTN).
La diputada Yorleny León Marchena, del Partido Liberación Nacional, destacó que la enseñanza superior en el país carece de una política nacional de educación a pesar de que se le destina un ocho por ciento del Producto Interno Bruto.
Por su parte la diputada Patricia Villegas destacó las recomendaciones que contiene el informe en especial las que se refieren a la necesidad de que las universidades publicas generen sus propios ingresos.
