domingo 25, septiembre 2022
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«La mentira puede correr un año, la verdad la alcanza en un día.»[1]

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

(*) Hernán Alvarado Ugarte es Educador

[1] Según un refrán africano.

[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

[4] Constitución de la República de Costa Rica.

[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

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2 COMENTARIOS

  1. Muchas gracias por este excelente análisis. Favor precisar el nombre los «padres de la patria» que se prestaron para semejante ocurrencia legal. Si algunos votaron en contra, favor también precisar sus nombres para prepararles un diploma que diga «Padres dignos».

  2. La mentira tiene patas cortas por más que la disfracen hasta de filantropía, por eso hay que estar alerta frente estos engendros totalitarios que llevan la marca, e incluso la huella indeleble del viejo fascismo, con que le preparan la ruta al nuevo.

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