lunes 6, febrero 2023
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Gobierno de Argentina es intimado a cumplir la Ley Nacional de Glaciares

Buenos Aires, 12 jun (Sputnik).- No se olvidan de que hace ya un año la Corte Suprema de Argentina convalidó la constitucionalidad de la ley de Preservación de los Glaciares en rechazo a un recurso presentado por la empresa minera Barrick Gold, que ha ocasionado varios derrames en la provincia de San Juan (noroeste).

No se olvidan porque esta legislación, sancionada en 2010, prohíbe la explotación minera sobre glaciares y periglaciales y establece la creación de un inventario nacional de estos cuerpos de hielo que debería haber sido finalizado en 2011.

«Es la única ley que protege verdaderamente las reservas de agua de todos los pueblos cordilleranos», afirman cuatro organizaciones ambientales y académicas en una carta dirigida al ministro de Ambiente del actual Gobierno, Juan Cabandié.

Una de ellas es la asamblea Jaćhal no se Toca, en alusión a una pequeña ciudad sanjuanina de 23.000 habitantes, a un costado del río que le otorga su nombre, que resultó afectada por los últimos derrames que provocó Barrick Gold al pie de los Andes. A lo largo de estos años, los vecinos han denunciado ante la justicia los vertidos y la contaminación causada en su jurisdicción por la minera canadiense.

Ahora se han unido a la solicitud de los jachalleros la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con estatus Consultivo en Naciones Unidas; la Cátedra «A» de Biología Evolutiva Humana que acoge la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia homónica (centro), y el campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, que representa la octava sede que tiene en el mundo la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA).

«Tenemos esperanzas en que, de una vez por todas, se empiece a cumplir debidamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares, porque no queremos condenar a nuestros hijos y nietos a una vida indigna, por no tener agua», indica a Sputnik uno de los representantes de la organización, Saúl Zeballos.

Juicio en ciernes

La Asamblea es querellante de una causa elevada a juicio oral desde hace dos años en la que fueron procesados por vulnerar la Ley de Glaciares tres exsecretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. También fue alcanzado el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.

Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero. El primero de ellos, ocurrido en Veladero entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, es el más grave en la historia de Argentina.

El vertido se produjo cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera, según la Asamblea Jáchal No se Toca, y sobre cinco ríos situados en las faldas de la Cordillera de los Andes cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).

Caso omiso

Pese a estos antecedentes, la gobernación de San Juan encabezada por el peronista Sergio Uñac «sigue empecinada en desconocer el Fallo de la Corte Suprema haciendo un inventario de glaciares provincial a medida de las corporaciones megamineras para no delatar a la Barrick Gold y a la Shandong Gold», señala la misiva enviada en estos días.

Estas empresas continúan explotando los recursos mineros sobre ambientes periglaciales y están destruyendo bloques de hielo como el Glaciar Brown Inferior, situado cerca de la mina Veladero y del proyecto minero del Carmen.

Se da la paradoja de que el presidente del comité encargado de realizar el inventario de los glaciares es Raúl Tello, la mayor autoridad ambiental de San Juan desde que Barrick Gold incursionó en estas tierras, hace ya 17 años.

Allá por 2009, un informe titulado «el Cambio Climático en Argentina» realizado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Cristina Fernández alertaba de que el cambio climático afectaría de manera alarmante el caudal de los ríos que desembocan en la Cordillera de los Andres y que se originan en la nieve y cuerpos de hielo.

El ministro de Ambiente, nombrado por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019, es la máxima autoridad de aplicación de la Ley de Glaciares. (Sputnik)

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2 COMENTARIOS

  1. Hay que aclarar varios temas en la nota en cuestión. La Nación, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la autoridad de aplicación nacional, pero son las provincias las dueñas del recurso (art. 124 in fine Constitución Nacional) y además son las que disponen la aplicación de la normativa ambiental, pues se han reservado la potestad jurisdiccional (administrativa y judicial, art. 41 Constitución Nacional), todo ello por el reparto federal de competencias que existe en Argentina desde 1853, acentuado con la reforma constitucional de 1994. Por ende, la autoridad nacional tiene una competencia muy limitada dado que no tiene poder de policía ni puede aplicar la legislación salvo lo estrictamente establecido en la Ley 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Espacio Periglacial. Entre ellos, disponer del Inventario Nacional de Glaciares, que se realiza a través del Instituto Nacional de Glaciología y Estudios Amabientales – IANIGLA, con sede en la Provincia de Mendoza, Argentina, al pie de la Cordillera de los Andes y en donde se encuentra el Cerro Aconcagua (6959 mts s/m). Precisamente es a raíz del retraso en la confección del inventario y en la metodología utilizada por lo que se inicia la causa penal en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra de tres Secretarios Nacionales de Ambiente y el entonces director del Ianigla Dr. Ricardo Villalba. La causa se inicia por denuncia penal realizada por abogados de la Asamblea de Jachal, por considerar que al determinar como metodología del inventario que los glaciares menores a una hectárea no iban a ser inventariados, violaron la Ley 26639, y que por ende no se iban a encontrar sujetos a la protección de la Ley, lo cual es un grosero error de interpretación, dado que la protección de los glaciares y espacio periglacial deviene de la aplicación de la ley y no del inventario, que es tan sólo una herramienta de gestión, dado que tiene como finalidad «contabilizar» los glaciares de Argentina y su estado. siendo la metodología de medición a cuerpos de hielo de mas de una hectárea, una decisión técnica basada en la disponibilidad de tecnología y presupuesto, la cual fue avalada internacionalmente. El Dr. Villalba es postdoctorando en Cambio Climático, con dos doctorados en universidades extranjeras sobre glaciología y nivología, es miembro integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático – IPCC y es uno de los científicos más importante de América Latina y reconocido a nivel mundial sobre sus estudios sobre glaciología, nivología y estudios del clima en Argentina y a nivel regional. Su situación judicial se debe en razón de haber cumplido con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispone y aprueba la metodologia para la confección de la primera etapa del Inventario Nacional de Glaciares y por ende, según el Juez Casanello, de por no cumplir con las disposiciones de la Ley 26.639. La causa se encuentra elevada a juicio por lo que no existe sentencia al respecto. Esperando que sirva para esclarecer la temática, saluda atentamente desde Mendoza, Argentina. Dr. Víctor Guillermo Hernández. Abogado especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos y Doctorando en la materia (Universidad de Mendoza).

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