El funcionario, quien representa a la gobernadora boricua Wanda Vázquez Garced ante el organismo, expresó que las razones dadas a la Junta Fiscal para intentar invalidar unilateralmente estas leyes son variadas, pero en definitiva representan una intromisión en la política pública del gobierno puertorriqueño.
Para el funcionario esto representa, por lo tanto, una violación a la ley federal Promesa, que en 2016 dio origen a la JFS, al reconocer la bancarrota fiscal de Puerto Rico, con una deuda impagable superior a los 70 mil millones de dólares.
Marrero Díaz afirmó que bajo la legislación Promesa, la JSF solo puede cuestionar nuevas leyes aprobadas por el gobierno puertorriqueño si no se certifica su impacto en ingresos y gastos o su implementación es inconsistente con el plan fiscal certificado.
Para las seis leyes impugnadas por la JSF, aseguró, el Gobierno sometió una certificación a tenor con las exigencias de Promesa y certificó que no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal certificado.
Marrero Díaz detalló que las leyes impugnadas por la JSF se encuentran en las 82-2019, 90-2019 y 138-2019, que regulan aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina, a través de enmiendas a secciones del Código de Seguros, nuevos requisitos y oficinas regulatorios.
También la ley 176-2019, que revierte la tasa de acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos a la tasa de acumulación existente previo a la Ley 26-2017, derecho de los cuales los despojó este Gobierno cuando estaba encabezado por el expulsado mandatario Ricardo Rosselló Nevares.
Además, la ley 181-2019 que proporciona un aumento de salario para empleados del Negociado de Bomberos y provee una fuente de ingresos para sufragar ese aumento, más la JSF argumentó que el estimado de gastos e ingresos provisto por el Gobierno es ‘especulativo’ por estar basado en supuestos.
Igualmente, la ley 47-2020 provee incentivos contributivos para profesionales de la salud, en aras de promover que se queden en Puerto Rico, particularmente durante estos tiempos de crisis ocasionada por la Covid-19.
La JSF impugnó esta ley, ya que difiere de las razones de política pública que la Asamblea Legislativa y la gobernadora Vázquez Garced tuvieron para aprobarla.
