lunes 8, agosto 2022
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Informe de diputados exige respeto a la autonomía universitaria en Costa Rica

San José, 15 Jun (Elpaís.cr).- Cerrar  brechas y aumentar la eficiencia en uso de recursos en un marco de respeto a la autonomía universitaria en Costa Rica es la propuesta del informe de minoría que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Los diputados integrantes de la comisión, Enrique Sánchez Carballo y Mario Castillo Méndez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicaron que sus conclusiones y recomendaciones se basan en dos premisas: los estudiantes deben ser el centro del modelo universitario; y es posible mejorar la eficiencia en el uso del FEES sin poner en riesgo la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Política.

“La población estudiantil debe ser el centro de la actividad, objetivos y decisiones de las universidades públicas. Las recomendaciones de nuestro informe giran en torno a tres ejes: el rol del Estado en el fortalecimiento de la Educación Superior, el aporte de las Universidades Públicas en el cierre de brechas sociales y la eficiencia en la gestión de las instituciones de Enseñanza Superior”, indicó el Diputado Sánchez Carballo.

Castillo Méndez agregó: “En todos esos ejes se debe avanzar teniendo como actores principales a los y las estudiantes. Desde el mayor respeto por la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, delineamos en nuestro informe varias recomendaciones. Necesitamos que la Educación Superior fortalezca su papel trascendental y eso requiere esfuerzos en estas áreas”.

En el primer eje, de fortalecimiento de la educación superior, los diputados reiteran su compromiso de respetar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, y recomiendan la creación de un Sistema que involucre universidades públicas y privadas, que permita corregir la alta concentración y redundancia de oferta académica en las mismas áreas de conocimiento y en las mismas regiones del país.

Dentro del mismo eje, pero en el ámbito legislativo, sugieren avanzar en expedientes como el 21.578, que plantea una Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) o el 21.749 Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual, que aumenta el tiempo de prescripción de casos de acoso en empleo y docencia.

Además, se recomienda elevar a rango constitucional la Comisión de Enlace, y aumentar la representación de estudiantes en este espacio de diálogo.

En el eje de cierre de brechas sociales, los diputados concluyen que es necesario acelerar el proceso de regionalización, aumentar la cobertura a partir de criterios técnicos y de estudios sobre las necesidades de las regiones, actualizar y acreditar los programas que se imparten en las sedes regionales y repensar el modelo de titulación para abrir la puerta a los diplomados.

En el mismo sentido, el documento señala la necesidad de que las universidades generen mecanismos de admisión más inclusivos y que promuevan la eliminación de cualquier portillo de desigualdad de género, por medio de acciones afirmativas en áreas como las ingenierías, ciencias básicas y STEM, y transversalizando el enfoque de género y derechos humanos en todo el quehacer universitario. Se recomienda revisar el modelo de titulación con base en experiencias internacionales que han integrado los dos niveles de pregrado (bachillerato y licenciatura) o que incluso han eliminado el grado de licenciatura, de manera que facilite el acceso de los estudiantes al mercado de trabajo y ahorre recursos en las universidades.

El último eje de recomendaciones se centra en la gestión y eficiencia administrativa de las Universidades. Allí señalaron diversas oportunidades de mejora: la necesidad de establecer indicadores o mecanismos de trazabilidad que aseguren el seguimiento de la gestión de los recursos públicos; la creación de sistemas integrados de reclutamiento y selección de personal.

Igualmente, la utilización del sistema de compras públicas (SICOP); y estudiar cómo se evalúa el desempeño de las personas funcionarias, particularmente en el sector docente, con el objetivo de promover la actualización y excelencia.

En su informe, el PAC apunta hacia modificaciones internas relacionadas a remuneraciones, que los sectores universitarios deben valorar: el establecimiento de topes y la disminución del porcentaje de las anualidades, el otorgamiento de incentivos salariales a partir del desempeño y no de la antigüedad y la implementación de cambios en el régimen salarial docente para disminuir desigualdades entre docentes en condición de interinazgo y en propiedad.

Todas estas recomendaciones apuntan a frenar el crecimiento excesivo de los salarios más altos, ofrecer salarios más competitivos de ingreso y condiciones apropiadas para una mayor estabilidad laboral para los docentes parcial o totalmente interinos.

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