viernes 12, agosto 2022
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Sala Constitucional declara con lugar amparo por caso de licencias para pesca de atún con cerco

San José, 17 Jun (lpaís.cr).- Despúes de casi dos semanas de análisis, los magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar el recurso de amparo presentado por la Cámara Nacional de la Industria Palangrera y ordenaron al Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, entregar en un plazo de tres días información clave que habían solicitado los pescadores sobre el cambio en la metodología para la venta de licencias para pesca de atún con cerco, hecho que ha generado pérdidas importantes al Estado.

Pese a haber solicitado explicaciones sobre el tema desde marzo anterior, los pescadores solo han recibido información parcial relacionada con el caso.  No obstante, documentos clave como son las actas de la comisión que recomendó el cambio de metodología no han sido entregados a la fecha.  Con la resolución notificada esta semana, los magistrados están obligando al Ministro de Agricultura a que finalmente se entregue la copia de las actas de dicha comisión para dar transparencia al tema.

“Esta resolución de los señores magistrados nos confirma que el Gobierno no ha sido transparente en sus actuaciones con temas de pesca. Negarnos información clave para entender las razones de los cambios en la política pesquera es evidencia de un rechazo al sector y de no querer considerar nuestro conocimiento y experiencia.  Nosotros amparados en la ley, estamos pidiendo transparencia y claridad en estos temas”, aseguró Mauricio González, vocero del sector.

El sector pesquero en su recurso de amparo indicó  a los magistrados de la Sala Constitucional que era necesario saber cuáles eran las responsabilidades de la funcionaria Ana María Conejo en el seno de la comisión técnica seleccionada por Casa Presidencial para la investigación del tema de licencias de atún, así como  tener  copia de todas las actas de dicha comisión coordinada por la señora Conejo y que el Ministerio de Agricultura aclare el grado de participación del señor Moisés Mug en el seno de dicha comisión.  Como se recordará, Moisés Mug dejó su cargo como director del INCOPESCA en el 2019.

El artículo 27 de la Constitución Política protege el derecho de los ciudadanos a pedir información a funcionarios públicos o entidades oficiales sobre decisiones tomadas, como en este caso en la metodología para el cobro de licencias de atún con cerco.

“Es fundamental avanzar en la transparencia de la administración pública y en especial en el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando tiene que ver con temas de pesca, ya que es evidente que la asesoría que han tenido ha sido pésima hasta la fecha. En este sentido, esta resolución ratifica la confianza que tenemos los costarricenses en una Sala Constitucional que obliga a los funcionarios públicos a cumplir a cabalidad con sus obligaciones y además refuerza los derechos que tenemos ciudadanos de poder acudir a la administración a solicitar esos documentos que demuestren transparencia”, agregó González.

Las cámaras de pescadores presentaron también una denuncia penal por este hecho y solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación por el posible delito de prevaricato contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el Ministro de Agricultura, Renato Alvarado, la asesora de ese ministerio, Ana María Conejo y el ex Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, Moisés Mug.

En la denuncia penal, presentada el jueves pasado, el sector pesquero solicita al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y procesar a estos jerarcas por el delito en que habrían incurrido en marzo de 2019 al publicar un decreto ejecutivo sin fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.

El caso en detalle

Los hechos que sustentan tanto el recurso de amparo dado a lugar por la Sala Constitucional como la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público se remontan al año 2019 cuando el Gobierno firmó un decreto para modificar la metodología de cobro de licencias para pesca de atún con cerco.

Este Decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del INCOPESCA, siendo esta instancia el ente rector en materia de pesca.  Adicionalmente, durante la vigencia de la nueva metodología, es decir, todo el año 2019, el INCOPESCA no generó absolutamente ningún ingreso por este concepto, puesto que no logró vender ninguna licencia, en un claro perjuicio para la estabilidad financiera de la Institución.

Después de un año de haberse definido la subasta pública como mecanismo para la venta de licencias de pesca de atún a la flota internacional de cerco, ninguna embarcación participó del proceso, lo que generó pérdidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).   Frente a esta situación, el Gobierno acordó en febrero pasado volver a modificar la metodología de cobro y publicó el Decreto Ejecutivo N° 42181-MAG, Reforma Reglamento al artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para oficializar el nuevo mecanismo de cobro.

“Las pérdidas incurridas por el INCOPESCA son sumamente preocupante para el sector pesquero nacional, cuyo desarrollo está vinculado al buen funcionamiento de esta institución. Nos preguntamos qué pasó en un año, qué criterios utilizó la comisión técnica para tomar estas decisiones y quiénes exactamente son los responsables de tomar este tipo de medidas que han ocasionado pérdidas al Estado y afectación a nuestro sector”, explicó Marco Seas, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera.

En el año 2018, anterior a la modificación de la metodología, el INCOPESCA entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca.  Cuatro fueron pagadas y ocho regaladas, pero esto generó ingresos por más de 153 mil dólares, los mismos que la institución dejó de percibir en 2019 por no haber logrado vender ni una sola licencia en subasta pública.

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